viernes, 6 de enero de 2017

Baja de la edad de imputabilidad: la policía se pudre y criminalizan a la juventud



A través del ministro de Justicia, Germán Garavano, el gobierno nacional anunció que tiene en vistas la elaboración de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil, orientado a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La criminalización de la juventud busca ocultar la creciente descomposición del aparato represivo y su entrelazamiento con el crimen organizado.
Las declaraciones se producen luego del asesinato, con participación de un menor, del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores. El hecho produjo una gran movilización de los vecinos contra la policía, que denunciaron su responsabilidad sobre la inseguridad ciudadana. Casi simultáneamente, Rodríguez Larreta nombró al frente de la "nueva" policía de la Ciudad a un comisario, José Potocar, viejo encubridor de los negocios de la Federal.
El macrismo repite una iniciativa fascistizante (y encubridora) que fuera impulsada en 2009 por el kirchnerismo y sus opositores patronales, que perdió estado parlamentario. La baja de la edad de imputabilidad también fue un eje en la reciente campaña electoral de Sergio Massa.
Esta tentativa de criminalización de la juventud entronca con otras medidas de reforzamiento represivo y encubrimiento del carácter criminal de la policía, como la reciente creación y puesta en funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Mentiras y ocultamientos

Garavano falta flagrantemente a la verdad cuando afirma que “La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes” (Clarín, 4/1). Un informe publicado por Infojus en 2013 (“Mitos, realidades y estadísticas del delito juvenil en la Provincia”) puso de manifiesto que en el área metropolitana el índice de jóvenes presuntamente involucrados en delitos es del orden del 4%, y solo del 1% en el caso de homicidios, según fuentes judiciales.
En tal marco, la baja de la edad de imputabilidad aumenta el poder de las mafias represivas para el reclutamiento criminal y el gatillo fácil, y abre el camino para un mayor encarcelamiento de los jóvenes pobres, principales víctimas de la arbitrariedad policial. El reclutamiento más o menos forzoso de la juventud empobrecida para cometer robos por encargo es una práctica extendida y sistemática, como lo puso de manifiesto el caso de Luciano Arruga, torturado, desaparecido y asesinado por negarse a participar del “sistema”.

Barniz progre

El actual régimen penal juvenil, impuesto por la dictadura militar y mantenido por los sucesivos gobiernos democráticos, impone de hecho una edad cero de imputabilidad. Los menores procesados (al igual que aquellos separados de sus familias por “razones asistenciales”) quedan al completo arbitrio de los jueces, que tienen la potestad de internarlos en institutos de menores en los que se vive en condiciones infrahumanas. Un reciente comunicado de Correpi (4/1) hace mención de al menos una veintena de jóvenes muertos en tales institutos –en 2007, María del Carmen Venencio, una niña de tres años, fue asesinada a golpes en uno de ellos.
El gobierno se propone convocar el apoyo de los garantistas. No debería ser obstáculo, ya que el ex cortesano Eugenio Zaffaroni fue uno de los impulsores de la baja de la edad de imputabilidad en 2009, durante el primer mandato de CFK. El argumento de que la baja de la edad de imputabilidad ofrecería garantías al menor encartado se da de cabeza con el hecho de que las cárceles están repletas de detenidos sin condena firme y patrocinados por defensores oficiales, algo muy cercano a no tener ninguna defensa. Vale recordar que Zaffaroni, como miembro de la Corte Suprema, votó en 2008 la constitucionalidad del decreto-ley de la dictadura que estableció el régimen de minoridad.
Por su parte, Margarita Stolbizer salió a criticar el proyecto, pero mantiene inalterada su alianza con Sergio Massa, que tuvo la baja de la edad de imputabilidad y la militarización de las villas como ejes de su campaña presidencial.
Garavano esgrime que las fuentes de la delincuencia juvenil son el “abandono por parte de la familia, el Estado y la sociedad”, el “consumo de drogas” y la falta de “inserción escolar y laboral” (Télam, 4/1). Pero la descomposición de la familia, la criminalización del Estado y la podredumbre de la sociedad son el subproducto de un régimen social, el capitalismo senil. Si esas son las causas, según Garavano, ¿por qué atacar sus consecuencias con métodos policíacos? El gobierno quiere criminalizar a los pobres. El narcotráfico y las redes de trata –entre otras lacras sociales– se entrelazan con los grandes capitalistas, a través de la banca, el juego y otros negocios.
Para los trabajadores y la juventud, tenemos por delante una campaña contra esta avanzada de criminalización, represión y encubrimiento, ligada a la lucha por el desmantelamiento del podrido aparato represivo y sus mafias y a una transformación social de raíz.

Tomás Eps (@tomaseps)

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