La lucha de AGR, en el corazón de la situación política

El ninguneo de la ‘gran’ prensa sobre la ocupación de AGR no ha podido impedir que esta gesta obrera ocupe un lugar crucial en el escenario político.

La ocupación de AGR ocurre cuando el gobierno se encuentra empeñado en una escalada de gran alcance contra la clase obrera. Después de haber empeñado todos los recursos del fisco para rescatar al capital; después de elevar la deuda pública en casi 50.000 millones de dólares, el gobierno sólo puede ofrecer como resultado un empantanamiento económico persistente -incluso el FMI le bajó los pronósticos de crecimiento para 2017, el cual no alcanzaría para compensar la declinación del año que pasó. En medio de este empantamiento, Macri busca renovar el apoyo de todas las fracciones capitalistas prometiéndoles un ataque estratégico a las conquistas de la clase obrera. Mientras los obreros de AGR cumplían su primera semana de ocupación, Macri anunciaba por decreto el cambio en el régimen de riesgos de trabajo, para virtualmente liquidar el derecho del trabajador a recurrir a la justicia laboral. El gobierno decidió imponer esta medida antiobrera con un “decretazo”, el cual, de todos modos, tendrá que someterse al veredicto de una comisión de parlamentarios oficialistas y opositores. El decretazo es un emplazamiento de Macri a pejotistas y massistas de cara a un reclamo estratégico de la gran patronal industrial. El gobierno confía -o descuenta- el apoyo de los senadores del PJ y el FPV que ya votaron en la Cámara Alta esta iniciativa antiobrera, junto con el aval del triunvirato de la CGT. El massismo, que ha criticado “la forma” (el decretazo), apoya sin embargo el “fondo”, o sea, la pretensión capitalista de reducir los costos laborales a costa de la seguridad en el trabajo. Como ya ocurriera con Ganancias y la ley “antidespidos”, el episodio de las ART volverá a demostrar la completa inconsistencia de la demagogia “social” de los opositores, cuando lo que está en juego es la agenda de la gran burguesía.

Triunvirato

La CGT, que ya dio su aval en la cuestión de las ART, discute con el gobierno un paquete laboral en torno de la supuesta “creación de nuevo empleo” -entre otras medidas, un blanqueo laboral ampliamente generoso para las patronales, el retorno de un régimen de pasantías y la aplicación de los planes sociales a cuenta del salario. Los dirigentes sindicales ‘lamentan’ que estas iniciativas “pro empleo” se produzcan en medio de despidos masivos, como ocurrió en Alpargatas San Luis, Sierra Grande, Banghó o AGR Clarín. Ello como si la política oficial no procurara otra cosa que bajar el costo del despido -lo mismo que buscaron todas las ‘reformas laborales’ en la Argentina y en el mundo. La montaña de subsidios previstos para los “nuevos” empleos servirán para que las patronales financien despidos encubiertos, bajo la forma de retiros voluntarios. La burocracia condiciona el apoyo a estos planes a que el “plantel total de trabajadores no decaiga o se eleve”, algo que no impide el relevo de unos trabajadores por otros. Ese el meollo del conflicto de AGR, donde la patronal que despide aspira a reabrir el taller con trabajadores precarizados. En relación a las pasantías, la burocracia no cuestiona su utilización como variante disimulada de trabajo precario -sólo condiciona su aceptación a la afiliación sindical de los pasantes, o sea, a reforzar sus cajas. El triunvirato cegetista ha prolongado su tregua con el gobierno en aras de este plan laboral fraudulento, mientras los despidos masivos desfilan ante sus narices.

AGR

Es en este cuadro que el conflicto de AGR ha sacudido la estantería de la tregua, en primer lugar, por sus métodos de lucha. A la decisión despótica de la patronal de AGR contra el derecho al trabajo, sus trabajadores le opusieron la determinación colectiva de ocupar la planta, hasta que se retrotraigan los despidos. Esta decisión ha provocado una conmoción en el movimiento obrero, obligando, en primer lugar, al sindicato gráfico a convocar a un paro general. Es la ocupación, también, la que ha forzado a una burocracia apoltronada en la tregua a recibir a los huelguistas, que exigieron medidas de apoyo y el paro general de cara al conflicto y a la oleada general de despidos. Los trabajadores de AGR han hecho de la ocupación de su fábrica una gran palanca sobre los sindicatos obreros, para movilizarlos en torno de una lucha estratégica. Al mismo tiempo, le han ofrecido a toda la clase obrera un gran planteo -la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Redoblemos la campaña en apoyo a AGR en todos los sindicatos y organizaciones populares; reforcemos su fondo de huelga, los piquetes y bloqueos. La remachada oposición de la CGT a un paro general puede resultar un búmeran que haga madurar por abajo un movimiento de conjunto. Un anticipo de ello son los pronunciamiento de las CGT de varias provincias en favor de los obreros de AGR. Es necesario denunciar a fondo la complicidad antiobrera del gobierno y su Ministerio de Trabajo, que renuncian a intervenir en el conflicto a pesar de que los despidos masivos de la patronal ni siquiera se avienen a los procedimientos legales en materia de “crisis” o supuestas “pérdidas” alegadas por la patronal. El gobierno macrista apunta a convertir al país en una gran AGR. Por eso, una victoria de sus obreros no sólo golpearía los planes precarizadores de Clarín, sino también al corazón de la política oficial, cuyo único denominador común es impulsar una regresión histórica en las conquistas de la clase obrera argentina.

Marcelo Ramal