La juventud, su objetivo principal
Los episodios represivos y abusos policiales que tienen como víctima principal a la juventud, en particular a aquella de los barrios más humildes, crecen día a día. Expresa una política de Estado, la orientación tanto del gobierno nacional como provincial es consolidar el control de los aparatos de seguridad para imponer un control social sobre los trabajadores. Se trata de prevenir o impedir las luchas contra el ajuste, que sólo en la última semana significó más de 1.000 despidos a escala nacional.
En la provincia de Buenos Aires, el panorama es ominoso: la Bonaerense yendo a las escuelas secundarias para el armado de listas negras de los docentes que se adherían al paro; la represión brutal a los inundados de Pergamino; el caso del ENAM de Banfield, Lomas de Zamora -como también de algunos colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires- donde la policía persiguió a un grupo de chicos que se habían rateado, también ingresando al colegio para detener a los menores de edad en el patrullero, torturándolos psicológicamente arriba del mismo y armándole una causa a uno de ellos por “resistencia a la autoridad”; en Berisso, el desalojo violentísimo de estudiantes secundarios de una dependencia estatal donde se encontraban manifestándose pacíficamente por el fondo educativo. Estos últimos dos episodios suscitaron movilizaciones multitudinarias de estudiantes y centros para denunciar los golpes y causas armadas.
El accionar de las fuerzas de seguridad en la calle es cada vez más desmedido: requisas de colectivos, con particular ensañamiento en los jóvenes con determinado estereotipo; persecución a manteros o vendedores ambulantes. La carátula de “resistencia a las autoridades” es la que generalmente se emplea para detener a quienes arbitrariamente la policía considere hacerlo. Desde la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Institucional) informaron que durante los últimos 15 años recibió entre 5 y 6 consultas mensuales por este tipo de situaciones y en los últimos meses, está recibiendo entre 5 y 7 consultas semanales (Página/12, 19/6). Recordemos que a fines del 2015 el Tribunal Superior de la Justica de la CABA habilitó a detener y pedir documentación o averiguación de antecedentes sin motivo previo y guiándose por “portaciones de rostro”. Es decir el Estado le ha otorgado facultades excepcionales a la policía para actuar a gusto y piaccere, una práctica habitual en la provincia.
Un polvorín
Vidal, Bullrich y todo el aparato mediático intentan engañar a la población deformando y tergiversando datos de tasa de criminalidad donde demostrarían que los menores encabezan los rankings de crímenes. Los episodios de asesinatos de un robo en Lomas de Zamora, o inclusive la muerte del chófer de la Línea 514, son utilizados para reforzar la idea de consolidar una policía fuerte y con margen de acción para combatir el crimen y para avanzar en la criminalización de la juventud (buscando un chivo expiatorio, sacando de eje el propio papel de la policía en el crimen organizado) con la idea de la baja de edad de imputabilidad.
En este sentido el jefe de la bonaerense, Fabian Perroni, se ha cuidado de plegarse al canto de todos los candidatos de bajar la edad de imputabilidad sosteniendo que el problema pasa por reinsertar a los chicos a la educación o actividades sociales. Vidal ha seleccionado a un “sheriff” con perfil progre mientras profundiza su política represiva; por otra parte, el candidato de Libres del Sur, Sergio Massa, pedía por todos los medios de comunicación meter en cana a los chicos; en otros tiempos quienes repetían esto eran los Scioli y su pandilla.
Lo que se oculta en todo esto es el papel que juega la policía en la organización del crimen: las zonas liberadas, las redes de tratas, entraderas en las casas, piratería del asfalto y fundamentalmente el narcotráfico. Todo este circuito delictivo no podría funcionar sin los engranajes fundamentales de las fuerzas de seguridad. Son ilustrativos los episodios de la crisis de la Salada donde aparecen involucrados altos mandos policiales con la recaudación de las cajas negras y el reclutamiento de las llamadas “pirañas” que robaban hacia el interior de la famosa feria. A principios de Junio el ministerio de seguridad dio a conocer que desde que desde diciembre del 2015 para acá fueron a apartados 4.700 policías e iniciado 12.300 sumarios, en ese marco, se destacó que casi 900 uniformados son investigados por enriquecimiento ilícito y 73 de ellos ya enfrentan procesos penales (La Voz del Pueblo, 1/6).
Esta bestia policial vinculada al crimen se ha cultivado bajo las barbas del PJ y los barones del conurbano que hoy se esconden bajo las faldas de CFK.
Sumate a una campaña anti represiva con la UJS
Desde la Unión de Juventudes por el socialismo desarrollaremos una campaña en toda la provincia denunciando los ejes mencionados arriba, organizando festivales y expresiones artísticas; daremos luz a un folleto de qué hacer frente a las detenciones arbitrarias o abusos policiales, e impulsaremos con otras fuerzas políticas y organizaciones estudiantiles “encuentros” anti represivos con paneles y debates.
La vinculación de esta campaña con el movimiento obrero es crucial, ya que los capitalistas y su Estado tratan de ganar a los trabajadores a la idea de reforzar la policía para contrarrestar la “inseguridad”. Buscaremos pronunciamientos y participación de seccionales y sindicatos combativos. Un ejemplo de esto es la solución que han planteado los choferes que no consiste en poner más canas en los colectivos sino en reforzar las inversiones de los empresarios en los dispositivos de seguridad.
¡Abajo la militarización y criminalización en la provincia!
Desmantelamiento de todo el aparato represivo, que se encuentra en el centro de la organización delictiva.
Control popular y de los trabajadores de las comisarías y sus libros de ingresos y egresos.
Walter Orozco
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