En el Consejo del Salario Mínimo el gobierno se apresta a consumar la división de la clase obrera. Con el criterio de que un trabajador de los planes “debe ganar” el 50 % del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), pretende consagrar a un proletariado de segunda con un nivel de ingreso que es y se pretende sea equivalente al 30% de la canasta de pobreza (hoy el salario mínimo está en $8.060, un trabajador del Argentina Trabaja cobra $4.000 por una jornada de cuatro horas y la canasta de pobreza está, a junio de 2017, en $14.127).
Esto termina de develar el enorme fiasco de la “emergencia social” acordada entre el gobierno y organizaciones sociales –la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CCC– y que tuvo el apoyo de La Cámpora. En la propuesta original de las organizaciones que armaron la “emergencia” figuraron dos anzuelos que solo tuvieron el carácter de “cazabobos”: la propuesta de crear un millón de empleos en el lapso de un año y un ingreso para el trabajador de los planes equivalente al salario mínimo vital y móvil. En la ley aprobada solo quedó en pie lo que al gobierno quiso admitir. El Frente de Izquierda se abstuvo: Néstor Pitrola denunció la “emergencia” como una nueva versión del asistencialismo, impuesta a través de “una estatización de las organizaciones piqueteras”.
Pérfidamente, los funcionarios declaran que están cumpliendo con el objetivo original de la propuesta, desde el momento que el trabajador de los planes cobraría el 50% del SMVM, pero por una contraprestación laboral por cuatro horas. Los dirigentes de las organizaciones sociales en pacto con el gobierno y el clero se han adaptado a esto, pidiendo tan solo la “actualización” del monto de los planes sociales al ritmo del aumento del salario mínimo, cuando lo elemental sería pedir, por lo menos, su equiparación (los 10.000 pesos hipotéticos del nuevo SMVM son menos de la mitad de la canasta familiar).
Naturalmente que éste no es el punto. Lo que importa es la defensa de la clase trabajadora como un todo, lo que plantea el reparto de las horas de trabajo, para que todos tengan empleo, una salida que la burguesía desecha porque no pretende suprimir la desocupación, que le facilita un “ejército de reserva” para disciplinar a la clase obrera. El Estado tampoco quiere hacerse cargo de un seguro al desocupado –que la burguesía argentina se ahorró prácticamente desde el inicio de la desocupación masiva. El seguro al parado no es lo mismo que el pago de una contraprestación laboral, desde el momento que pone un freno a la competencia entre los obreros por un empleo y al hundimiento de los salarios que supone. Aún hoy en varios países de Europa, donde el seguro está en proceso de demolición, cubre el 70 % del ingreso del trabajador y juega un papel contra los planes patronales de abaratamiento de la mano de obra. No por casualidad, el FMI ha propuesto crear una prestación común por desempleo en Europa, que vendría a reemplazar los seguros actuales por un subsidio de pobreza
“Ahora los reconocemos como trabajadores”
Con esta cantinela, los funcionarios edulcoran los oídos de los dirigentes de las organizaciones sociales. Es un fruto envenenado. La ley se propone “defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular”, es decir de este ámbito. ¿Quiénes son? En un momento en que “las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”, dicen los Cuadernos de Formación de la CTEP, elaborados por Emilio Pérsico y Juan Grabois. “La economía popular tiene una característica que la distingue: los medios de producción, los medios de trabajo están en manos de los sectores populares. De ahí que nos atrevemos a soñar con un proceso de auto organización (…) que permita erradicar las tendencias patronales del seno de nuestro pueblo pobre y construir una economía popular comunitaria”.
El planteo de “economía popular” institucionaliza la precarización crónica de una parte de la clase obrera, como un enclave a ser asistido por el Estado bajo el rótulo de “emprendedores”, después de ser privado por el capitalismo de la posibilidad de conseguir los medios de vida, no ya de manera cíclica, como en etapa de ascenso, sino de por vida. Las organizaciones sociales firmantes del pacto con el gobierno y motorizadas por el clero, se disocian formalmente de la lucha por “trabajo genuino”, una quimera que estaría solo reservada a una fracción minoritaria de la clase obrera.
Desaparece así, para estos sectores, la lucha por el pase a planta en nombre de una subclase que se escinde del movimiento de lucha de conjunto. El planteo de la “economía popular” tiene como sustento, además, una política de rescate de la burocracia y de lo peor del peronismo. “Siempre que hubo desequilibrio y desestabilización en la Argentina fue porque los trabajadores no estaban unidos. Sucedió en los ´70, cuando las Coordinadoras de Gremios en Lucha pasaron por encima de la CGT, voltearon a un ministro y casi volcaron al gobierno. Pero pasó también en el año 2000, cuando las organizaciones sociales no tenían representación ni unidad” (Crisis, noviembre 2016). Esto lo dicen Emilio Pérsico y “Chino” Navarro.
El ministro que “las masas voltearon” era López Rega, el gobierno al que “casi volcaron” era el de la Triple A, dirigido por Isabel Martínez de Perón. ¿Qué más se les puede pedir a los jefes del Evita como acto de entierro del movimiento piquetero en tanto expresión de lucha e independencia de la burguesía?
Los dirigentes de la CTEP y del Evita cierran así un círculo de análisis que los une a Jorge “Guardia de Hierro” Bergoglio. Como todo debe saberse, las organizaciones responsables de la “emergencia social” se han alineado detrás de Randazzo, Massa, CFK y la Unidad Popular.
Clase obrera y reforma laboral
La crisis capitalista internacional empuja a una desvalorización en profundidad del salario y a una precarización generalizada del trabajo. Es una ofensiva que compromete a la clase obrera a esa escala, una batalla que hoy se libra en Brasil y se avizora en Francia.
Lo que corresponde es un plan de lucha por las reivindicaciones de toda la clase obrera: salario igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo, seguro al parado equivalente al 75 % de la canasta familiar, aumento de emergencia de los planes sociales y de la AUH, pase a planta.
Christian Rath
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