La situación de los jubilados conmueve al país. El Indec informó que la mitad de la población tiene ingresos de menos de $ 10.000. Cierres y despidos se conocen todos los días. El cinismo presidencial y sus cómplices.
"Llevamos un año y medio y venimos muy bien", volvió a repetir ayer el presidente Mauricio Macri. La frase, de tan repetida en los últimos días, no deja lugar a dudas: es un discurso de campaña que en nada se condice con el creciente deterioro de la situación social.
Sin embargo, ayer resultó más chocante que nunca. Pocas horas antes, el país se había conmovido debido a que un jubilado de 91 años había muerto en Mar del Plata tras haberse disparado a sí mismo en la oficina de la Anses local. De acuerdo a testigos, el hombre habría gritado, antes de quitarse la vida, que “éste es mi destino”.
El caso colocó nuevamente en la escena política el debate sobre la situación de los jubilados. Mientras que desde el macrismo se pidió no hacer uso político del caso, desde el gremio de los trabajadores de la Anses anunciaron un paro de 24 horas para hoy y advirtieron que no van a ser "cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos". La realidad, más allá del caso, es que miles de jubilados viven en una situación desesperada: el 70 % cobra la mínima de $ 6394,95, un haber de pobreza que está muy lejos de la última medición de la Defensoría de la Tercera Edad, que en mayo había establecido que la canasta de los jubilados vale $ 16.134.
El presidente Macri había demostrado hace poco tiempo, en el programa de Mirtha Legrand, su absoluta insensibilidad frente al tema, cuando equivocó la cifra de la jubilación mínima al decir que la misma era de “$ 9000 y pico”. Vive en otra realidad.
También durante la tarde de ayer se conocieron datos del Indec que reflejaron que la mitad de la población tiene ingresos por debajo de los $ 10.000 mensuales cuando, según los trabajadores de ATE Indec, la “canasta de consumos mínimos” tiene un valor de $ 22.768 en el Gran Buenos Aires. También las estadísticas del Indec dieron cuenta de la desigualdad: el 10 % más pobre de la población reúne el 1,4 % del ingreso, mientras que el 10 % más rico, el 31,6 %.
Estos datos se suman a otros que se conocieron en los últimos días sobre cierres de empresas y despidos masivos, como en Pepsico, Hutchinson, Wallmart, Atucha o Lanxess, entre muchos otros que se conocen cada día.
Un informe del propio ministerio de Trabajo detalló que en abril se perdieron más de 50 mil empleos registrados del sector privado.
Por último, esta semana una resolución de la misma cartera laboral estableció un salario mínimo de pobreza que llegará, en cuotas, a solo $ 10.000 en julio de 2018. Una miseria.
Criminalización de la protesta social
Sin poder (ni querer) dar respuesta a la difícil situación social, la respuesta del macrismo, cuando deja aquel libreto, es otra: represión, criminalización y campaña electoral, en el camino de intentar salir bien parado de las elecciones de octubre y pasar a una nueva etapa del ajuste.
Ayer la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó que la protesta del miércoles en la 9 de Julio había sido “claramente política” y “motivada por el kirchnerismo”. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “obviamente hay resabios del pasado, gente que quiere volver atrás, con agresiones, escraches”.
El Grupo Clarín completa el juego con su campaña de que la izquierda lleva adelante acciones de protesta supuestamente motivadas por la campaña electoral. Otros medios y periodistas se han sumado a gusto a repetir este tipo de afirmaciones.
De conjunto, todos estos actores coinciden en una campaña mediática que busca negar las causas profundas de la situación, preparar el clima político para una mayor escalada represiva contra quienes salen a luchar por el trabajo o el salario y deslindarse de las consecuencias políticas y sociales del ajuste, de cara a las elecciones legislativas.
Sin embargo, los cierres de fábricas y despidos masivos, el salario mínimo de pobreza, las paritarias a la baja o la jubilación que perciben los adultos mayores dan cuenta de que, lejos de motivaciones electorales, la situación es consecuencia de una política económica favorable al gran capital.
Junto con los diputados, senadores y gobernadores de todo el arco político que se dicen opositores pero apoyan los planes de Macri, una gran responsabilidad por lo que sucede le cabe a las cúpulas sindicales que después del paro nacional del 6 de abril han vuelto a la tregua.
Ahora, frente al recrudecimiento de la situación social, ayer el triunviro Juan Carlos Schmid sostuvo que "vamos a reunir al consejo directivo y vamos a ver cómo reaccionamos". Promesas demasiado vagas. Los tiempos de estos dirigentes millonarios son muy distintos a los de millones de trabajadores.
Las cúpulas sindicales están más ocupadas en estos días en apoyar distintas listas de los ajustadores, como el moyanismo que está alineado junto a Massa y Stolbizer, Oscar Romero del SMATA junto a Florencio Randazzo o Hugo Yasky en la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, por mencionar solo algunos ejemplos.
De la vereda de enfrente, esta tarde los trabajadores de Pepsico convocan a una importante reunión de solidaridad para apoyar su lucha y exigir la reapertura de la fábrica con todos adentro.
Fernando Scolnik
@FernandoScolnik
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