Para dar de baja unas 70 mil pensiones por discapacidad –un acto de criminalidad manifiesta− el gobierno no necesitó crear una figura legal nueva: sólo debió echar mano a un decreto peronista, el 432 firmado en 1997 por el presidente Carlos Menem y que no fue derogado en estos veinte años. Según informa Clarín (12/6) sólo en los primeros días de junio se dieron de baja los míseros 4.776 pesos de pensión a 16.457 discapacitados. Además, hay a la espera 180 mil personas con discapacidades, en algunos casos desde hace más de un año, para que se les dé el certificado de su condición de salud para recibir su pensión. La medida fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, y por el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Los términos de la resolución son mussolinianos. Por ejemplo, no podrá acceder a una pensión “aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir de 19.200 pesos por mes” (ídem). Esto se hace cuando la canasta familiar roza ya los 27 mil pesos mensuales, monto que obviamente se eleva cuando se deben atender problemas de salud. Tampoco tendrán pensión quienes tengan algún bien a su nombre, un auto por ejemplo, aunque el vehículo se utilice para movilizar a la persona discapacitada. Tampoco podrán cobrar los afectados por el síndrome de Down, porque según el ministerio “pueden trabajar”.
La canallada supera cualquier extremo cuando se ordena quitarle la pensión a una persona cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, así sea la mínima de 6.377 pesos, de modo que una situación de indigencia se volverá ahora mucho peor.
Badino arguye que “el gobierno anterior multiplicó por diez el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones llevó a que haya poblaciones con más del 100 por ciento de discapacitados, intendencias del interior”. Su falacia se derrumba por sí misma porque las bajas se hicieron sin siquiera dar aviso a los perjudicados (se enteraron cuando fueron a cobrar y encontraron que esos miserables 4.776 pesos no les habían sido depositados). Nadie llamó ni buscó a esas personas ni se hizo con ellas estudio socio-ambiental alguno para ver en qué condiciones viven. “No tenemos el teléfono de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, explicó Badino en una confesión sorprendente de su propia estupidez e ineficacia.
La explicación es simple: se trata de ahorrar unos 350 millones de pesos (con las pensiones dadas de baja hasta ahora, pero se proponen que haya muchas más) para que los trabajadores y los sectores más pobres de la población –discapacitados incluidos− paguen el ajuste que el gobierno necesita para llegar a su meta de bajar el déficit fiscal al 4,2 por ciento del PBI. Es la condición que le han puesto los centros de poder del capital financiero internacional para habilitarle el proceso de endeudamiento, que el macrismo desenvuelve con el respaldo de toda la oposición patronal (el “compromiso republicano”, como lo llamó Cristina Kirchner al confesar por televisión su complicidad con el oficialismo).
En definitiva, nos gobierna una burguesía parasitaria y brutal.
Alejandro Guerrero
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