La confirmación de que un 30% de los argentinos se encuentra en situación de pobreza, la cual continúa en crecimiento, echó un baño de realismo en el debut de la campaña electoral 2017. Los bloques políticos y partidos que ya están desplegando promesas de “políticas sociales” o “alimentarias” se topan con la obra que vienen ejecutando implacablemente desde hace décadas -a saber, la degradación de la condición laboral y social de los trabajadores.
El informe de la UCA revela, por ejemplo, que 6 millones de argentinos pasa hambre, debiendo recurrir a comedores, asistencia alimentaria u otros paliativos. Mientras tanto, Mauricio Macri, que agregó a los 11,5 millones de pobres que había dejado el kirchnerismo un millón y medio más, se ufana de convertir a la Argentina en el gran “supermercado del mundo”. El informe de la UCA, a su turno, cita a otros estudios y métodos de medición de la pobreza, sólo para corroborar las conclusiones anteriores. Otro indicador, por ejemplo, señala que en 2016, el 50% de la población habría experimentado al menos una carencia estructural (falta de alimentos, de vivienda, de cobertura social o conexión de agua) y que el 19% de la población vive “en situación de pobreza extrema, que equivale a 8,5 millones personas” (La Nación, 7/6). Los autores del estudio advierten sobre la consolidación de un “piso” de pobreza en la última década, el cual ha oscilado según la mayor o menor intensidad del asistencialismo estatal. El autor de estas estimaciones, sin embargo, advierte que es difícil que esta población “salga de esta situación de pobreza (...) por mucho que se les asignen programas sociales” (ídem). Revela, en definitiva, que el asistencialismo estatal encubre una degradación que afecta a todos los aspectos de la vida de las masas.
Clase obrera, mujeres, jóvenes, jubilados
Los datos de pobreza deben unirse a otra estimación reciente -la que señala que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso inferior a los 9.500 pesos. Si se tiene en cuenta que la cifra necesaria para no ser pobre está en los 15.000 pesos, es muy claro que toda una porción de la clase obrera argentina, incluso con trabajo, es pobre. No estamos, por lo tanto, ante una cuestión de ‘excluidos’ o marginados. Las villas de la Ciudad de Buenos Aires, por caso, se han poblado en los últimos años, no ya del migrante sin recursos, sino de trabajadores de los más diversos gremios que ya no pueden alquilar en condiciones formales. La burbuja inmobiliaria de estos meses -acicateada por el blanqueo a los evasores- ha agravado esta tendencia al encarecimiento del techo. El salario, que venía cayendo en los últimos años del kirchnerismo, sufrió otro bajón en 2016, con paritarias que en promedio estuvieron 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En 2017, y frente a una carestía que no va a bajar del 27-28%, el gobierno le ha impuesto a los estatales y docentes un “techo” del 20%, muy cercano al que han aceptado las burocracias de Comercio, Uocra, UTA y otras. La presión en favor de cláusulas flexibilizadoras -presentismo, turnos americanos- en los convenios agrava la condición de sobreexplotación, ya que el salario debe conformarse a costa de la salud o del tiempo libre del trabajador, un agobio que se transmite luego a su compañera y al conjunto de la familia obrera.
Si de mujer se trata, agreguemos otra información reciente: en la Capital del país, la desocupación -que en promedio llega hoy al 9,5%- se eleva al 11,6% en el caso de las mujeres. Muchas de ellas deben salir a ofrecer su fuerza laboral, ante el despido o la caída del salario de sus compañeros. Aunque la llegada del “ni una menos” ha sido la oportunidad para que los responsables de esta crisis se floreen en los parlamentos y estudios de televisión, es claro que la miseria social acentúa la doble opresión de la mujer trabajadora. La situación es todavía más grave en la juventud, donde uno de cada cuatro jóvenes se encuentra desocupado. La reciente “Expo Joven” -armada por el gobierno con una promesa de 11.000 empleos- recibió en horas a una multitud de más de 200.000 jóvenes, que sólo se llevaron un folleto de propaganda oficial. La procesión se completa con los jubilados, cuya mínima apenas supera el 40% de la canasta de pobreza.
Macristas, kirchneristas, massistas
La difusión de estos datos ha obligado a los principales bloques electorales a improvisar “salidas” frente a la crisis social. Estas respuestas retratan, en definitiva, a quienes han gobernado para el aumento de la pobreza. La agenda del macrismo plantea, como eje, una regresión todavía mayor en la condición social de los trabajadores. Esta política ha sido pactada con una oposición que, en Diputados o el Senado, le ha votado más de cien leyes contrarias a los que trabajan. Los Massa o Cristina Kirchner tampoco protagonizaron una oposición real al tarifazo, otro de los factores que ha golpeado fuertemente la condición social de la familia obrera. No podía ser de otra manera, porque la premisa de los tarifazos -que es la privatización petrolera- hunde sus raíces en el gobierno kirchnerista, con los acuerdos con Chevron y la política de premios extraordinarios a los productores de gas. De cara al aumento de la pobreza, la “oposición” del pejota-kirchnerismo o el massismo no tienen otra respuesta que la de los remedos asistenciales, que consolidan la miseria social y sólo buscan contener una reacción de los explotados frente a la crisis. La “emergencia alimentaria” que el kirchnerismo lleva al Congreso busca reeditar el régimen de ‘precios cuidados’, que los supermercados y pulpos alimenticios pactaron a cambio de la libertad de precios para el 80 ó 90% de los productos que no entraban en esos acuerdos. Para los Massa, Randazzo o Cristina, el desempleo juvenil debe ser el pretexto para subsidiar más intensamente a las patronales, a costa de los derechos previsionales de los trabajadores y del propio fisco.
Frente a este cuadro, la izquierda tiene el desafío de utilizar la campaña electoral como un gran factor de clarificación política y organización de todas las franjas de los explotados que sufren esta degradación. El primer paso es desarrollar un programa, que debe partir de la defensa de un salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 27.000 pesos; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para enfrentar los despidos y suspensiones; frente a una política social que perpetúa la miseria, planteamos el pase a planta y la estabilidad de quienes trabajan con planes en los municipios, con un ingreso equivalente al salario mínimo; frente a la crisis laboral en la juventud, planteamos un gran programa de formación con salario y condiciones laborales de convenio, con una jornada horaria compatible con el estudio; luchamos por un aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima a 9.000 y el 82% móvil; peleamos por la declaración del suelo urbano como patrimonio social y por un plan de viviendas accesibles con créditos que no superen el 10% del ingreso familiar.
La pobreza exige un programa y una estrategia política de transformación social dirigida por los trabajadores.
Marcelo Ramal
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