Panorama sindical argentino
El Gobierno y los gremios docentes acordaron un aumento que llevará el salario inicial de los maestros a $ 7.800 en febrero y a 8.500 en julio, desde los actuales 6.060. Como parte de su propuesta, el Estado nacional incrementó el Fondo de Incentivo Docente. El Ministro de Educación, Esteban Bullrich, acompañado por su par de Trabajo, Jorge Triaca, formalizó el anuncio el jueves a la noche.
La propuesta que permitirá cerrar la paritaria nacional implica una recomposición del 40 % del salario inicial, es decir, para 55.000 docentes, un número que está muy por encima del techo del 25 % que el presidente Mauricio Macri y su equipo económico intentaron instalar al inicio de la discusión.
En la provincia de Buenos Aires, el acuerdo implica un 34,6 % de aumento en tres tramos, que llevará el salario inicial a $ 9.801 a partir del 1º de julio. La oferta continúa sin ajustarse a las necesidades de los maestros, ya que recién en agosto alcanzaría la mitad del valor de la canasta familiar, que Clarín anunciaba para una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos menores para enero en $ 16.317.
En Ciudad de Buenos Aires, donde la oferta implica recién en septiembre un aumento del 22,7 % a las sumas en blanco, completándose con un 3,7 % en negro pagado por Ciudad y un 6,5 % en negro por Nación, Ademys llamó a rechazar el acuerdo y no iniciar las clases. Convoca a un paro de 24 horas el lunes, movilización al mediodía en el microcentro porteño y luego una asamblea para definir las acciones a seguir. Esta propuesta fue en primera instancia discutida y votada por unanimidad en una asamblea abierta de docentes el día martes, con más de 200 representantes de las escuelas.
Además, las clases no se iniciarán en 7 provincias: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Santa Cruz (48 horas) e importantes distritos de Provincia de Buenos Aires: Quilmes, Matanza, La Plata, Ensenada y Tigre.
Desde el Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA, Gabriela Macauda, Secretaria General Adjunta de SUTEBA Tigre, declaró que "queremos denunciar el plebiscito antidemocrático con el que Baradel pretende legitimar el acuerdo con el gobierno y proscribir a los docentes de las seccionales de oposición, desconociendo en el conteo los resultados de las asambleas. En el día de ayer (viernes) se realizó una consulta exprés que fue totalmente antidemocrática y fraudulenta, sin que la docencia tenga la posibilidad de debatir y expresarse en asambleas. Sin embargo, en distritos que conduce la Lista Celeste de Baradel, se impuso el rechazo a la oferta salarial y al método de la consulta, como en Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, San Martín-3 de Febrero, Mar del Plata, José C. Paz, Ituzaingó, General Rodríguez y Mercedes".
También el viernes, en un plenario con 600 delegados y afiliados a UTE-CTERA votaron por unanimidad rechazar el aumento salarial de Larreta en la CABA, por considerarlo insuficiente. En forma contradictoria y dando tregua al gobierno, la conducción celeste llamó a no parar y a elaborar un ´plan de lucha´. Un sector importante votó el no inicio de clases con paro y movilización, junto con Ademys.
Este lunes habrá una movilización a La Plata junto a los estatales de ATE, contra los despidos, el ajuste y por un salario acorde a la canasta familiar.
En Rosario, ante la propuesta de aumento salarial para municipales de un 20 % en marzo y 8 % en julio para las escalas más bajas, y del 5 % para las más altas, más una suma fija de $1.500 que consideran totalmente insuficiente, teniendo en cuenta la inflación del 40 % en los últimos 12 meses y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios, también habrá paro el próximo lunes.
Masivo paro de estatales
En la jornada nacional de lucha de ATE y la movilización contra el ajuste macrista, más de 50.000 personas marcharon a Plaza de Mayo, a la vez que numerosos cortes y marchas se sucedieron en los principales centros urbanos del país.
Norberto Señor, Secretario de Prensa de ATE Sur y miembro de la agrupación “Víctor Choque”, evaluó la contundencia de la medida: “Este paro es multitudinario y desbordó también algunas previsiones conservadoras y sectarias de algunos sectores dirigenciales del propio sindicato que se miraban más el ombligo en vez de verlo como un fenómeno abarcativo. Una vez lanzado el paro, lo tomaron miles de estatales y ese es el camino para derrotar los planes de Macri, porque no hay que ayudarlo a gobernar como dicen algunos.
Por otro lado, va ser difícil reincorporar a todos los despedidos, sin embargo hay que aclarar que antes de este paro masivo, con autoorganización, desde las bases, miles de compañeros recuperaron sus puestos de trabajo y no hubo una acción contundente como la que era necesaria y hoy, 24 de febrero, la tenemos. Después de esta medida que Macri se agarre, porque queda bien claro que así nomás no nos va poner un techo salarial, no nos va a amedrentar con sacarnos a balazos, ni tampoco vamos a dejar impune los despidos, porque continuaremos luchando".
En base a datos del Boletín Oficial, mediciones IPC provinciales y de la CABA, del conjunto de los asalariados, los estatales son quienes experimentaron el mayor deterioro salarial durante la última década. Así lo afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro, para quien el ingreso de empleados públicos rionegrinos está hoy un 44% más bajo que en el 2007. Es decir, si se desea recomponer el poder adquisitivo existente 9 años atrás, y asumiendo una inflación del 10% para el primer trimestre del año, en Río Negro sería necesario reclamar un aumento extraordinario de casi el 44% y luego recién negociar un porcentual salarial que se determine como consecuencia de la inflación que pueda preverse para el período de vigencia del próximo acuerdo salarial.
Al día siguiente del paro y movilización estatales, los sindicalistas Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo -de las CGT Azopardo, Alsina y Azul y Blanca, respectivamente- parecieron escuchar la advertencia y se reunieron con una decena de legisladores massistas de extracción gremial. Hubo duras críticas al gobierno de Mauricio Macri por sus anuncios en Ganancias y pidieron mantener el "actual nivel de empleo".
Básicamente, acordaron ir por el doble de los 30.000 pesos que anunció Mauricio Macri como mínimo no imponible, una cláusula de actualización automática y la reforma de las escalas porcentuales del tributo, que el Gobierno quiere patear para el año que viene.
Los jefes cegetistas quedaron desencantados cuando, bien pasado el anuncio de Macri de la semana pasada sobre Ganancias, se advirtió desde el oficialismo que la solución integral del tributo se postergaba para 2017. Y que al final, más allá del alivio para algunos sueldos, había un nuevo tendal de damnificados por el impuesto al trabajo.
Con la intención de atenuar las críticas sindicales el Gobierno oficializó los nuevos montos de las asignaciones familiares y universales, luego del incremento del 15,35 % que regirá desde marzo. El tope de percepción de asignaciones para trabajadores registrados es ahora de $ 30.000 de acuerdo a lo publicado el viernes en el Boletín Oficial.
A nivel de paritarias, las centrales sindicales ratificaron un piso del 30 % de aumento, contra el 25 % de máxima que propiciaba el Gobierno. Sin ir más lejos, esta semana cerraron su acuerdo salarial los panaderos del moyanista Abel Frutos. Arreglaron con las cámaras un 34 % a pagar en tres tramos, el último durante noviembre de este año.
En Fernet Branca, donde los trabajadores habían amenazado con paralizar completamente sus actividades, lograron un aumento de 42,6%, pasando a ganar más de $17.000. Esta cifra también supera ampliamente el techo que el gobierno quiere imponer en paritarias.
Siguiendo con la reunión, también sirvió para que los sindicatos fabriles advirtieran al resto sobre las miles de suspensiones que pueden convertirse en despidos en cuestión de horas. En La Matanza, el distrito más populoso del Conurbano, y uno de los polos industriales más castigados por la recesión, los miles de pequeños talleres de calzado e indumentaria radicados allí, según un relevamiento que hicieron sus propios dueños, vieron caer un 40% sus ventas por el efecto combinado de la caída del consumo y de la anunciada apertura de las importaciones, que animó a grandes cadenas como Zara y Walmart a suspender encargos que les habían hecho previamente.
Con indicadores complicados como la caída de los despachos de cemento, acero y automóviles, un grupo de empresarios impulsa un reclamo para declarar una “emergencia industrial”, al estilo de la agropecuaria, que incluya un alivio fiscal similar al que obtuvo la megaminería metalífera con la eliminación de sus retenciones a la exportación. Con reservas y pese al apoyo explícito que varios de sus jefes brindaron al nuevo gobierno, la UIA picó en punta al advertir sobre otra espada de Damocles que pende sobre 6.000 fábricas medianas que emplean entre 80 y 100 operarios cada una: el brusco salto de sus costos derivado del tarifazo energético.
Acindar acaba de dar de baja un turno de producción y mandó a sus casas por 12 días a sus 2.800 operarios. Ternium-Siderar, del grupo Techint, también pactó suspensiones con la UOM y apagó uno de sus altos hornos. Y en Tenaris-Siderca, la planta de tubos sin costura de la familia Rocca, los 5.000 obreros van rotando en grupos de 800 para ser suspendidos cobrando el 80% de sus jornales.
La firma Ar Zinc (Sulfacid) de Fray Luis Beltrán, resolvió cerrar sus puertas, luego de más de dos meses de haber detenido completamente su producción, por lo que 460 operarios pasarán a engrosar la lista de despedidos. La noticia se conoció luego de una audiencia que se realizó en el Ministerio de Trabajo de Capital Federal. La empresa, que es parte de la multinacional Glencote, comunicó este jueves su decisión a la representación del Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (Sutraqyp).
Al respecto, la CGT San Lorenzo dispuso un paro regional en el Cordón Industrial para el miércoles desde las 0 horas. La resolución se tomó durante un plenario realizado esta mañana en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán.
Mientras Sturzenegger y su equipo, dejaron subir el tipo de cambio de $13,10 a $15,60 entre enero y lo que va de febrero, enfrentan una embestida del gremio bancario, que instaló una carpa en la puerta de Reconquista 266 contra los despidos en el ente y que tapizó la City con afiches que recuerdan su condición de procesado por el Megacanje.
El gremialista Sergio Palazzo también criticó la forma en que el gobierno de Mauricio Macri implementó el cambio del impuesto a las Ganancias y consideró que el mínimo no imponible se debería haber fijado en $ 40.000 para los salarios de bolsillo en vez de $ 25.000 para casados con dos hijos. "Lo que pretendía ser un alivio, aún temporal para algunos segmentos, finalmente incorpora a una cantidad de trabajadores que empiezan a pagar y que antes no pagaban".
Palazzo estimó que "entre los bancos son unos 20.000 trabajadores que empiezan a pagar entre 6% y 8% por la eliminación del decreto de agosto de 2013".
"Por eso en las paritarias vamos a pedir más de lo que teníamos planeado para compensar este efecto negativo", concluyó.
Prat-Gay apuesta a que tras el arreglo con los fondos buitre, que se anunciará en los próximos días, Wall Street cumpla en aportar el financiamiento necesario para suavizar el ajuste por la vía del endeudamiento y así resucitar la economía en el segundo semestre. Para el acuerdo, además de la generosa oferta que hizo a los acreedores -el pago a los “buitres” (acreedores que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010) que aceptaron el preacuerdo establecido recientemente en Nueva York y otros U$S 8.500 millones que comprenden la deuda en manos de bonistas europeos y aquéllos que aún no tienen sentencia a favor, rondaría los U$S 15.000 millones-, contó con la ayuda del Tesoro estadounidense, que empujó a los fondos mejor reputados a aceptarla.
Continúan despidos en los medios
Con la excusa de la caída de pauta oficial, el Grupo de los hermanos Olmos vinculado a la UOM de Antonio Caló, abrió un proceso de "retiros voluntarios", verdaderos despidos encubiertos.
Tal como denuncia el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA): "El viernes 19 de febrero, la cúpula del Grupo Crónica, con la presencia de su dueño, Raúl Olmos, concurrieron a la redacción de BAE y Crónica de Pompeya para anunciar la apertura de los ’retiros voluntarios’. Esto se produce luego de un proceso que comenzó hace dos años cuando esta misma patronal anunció el pase a una nueva razón social, Aconcagua, de todos los trabajadores del grupo a excepción de las comisiones internas y otros compañeros”. En otra parte de su comunicado el SiPreBA denuncia que "a esto se le suma que en las últimas horas sucedió un proceso similar en Crónica TV, donde anunciaron el despido de 12 trabajadores, 5 de ellos de prensa, también con la propuesta de acordar retiros voluntarios".
El mismo panorama de inestabilidad se vive entre los trabajadores de Radio Del Plata y 360TV del Electroingeniería con retrasos en el pago de sueldos. Un panorama que se volvió mucho más grave en el caso de los trabajadores del Grupo 23, quienes convocan a una conferencia de prensa el lunes 29 a las 18:00 en las puertas de las instalaciones del diario y la radio ubicadas en Amenábar 23.
Allí anunciarán una movilización para el jueves 3 de Marzo a las 15:00 desde la 9 de Julio y Corrientes hasta la Jefatura de Gabinete de Ministros para exigir al Gobierno Nacional una respuesta URGENTE frente al vaciamiento que se está llevando adelante en el Grupo 23 y que compromete los puestos de trabajo de 800 trabajadores de prensa y el sustento de sus familias.
Despidos estatales en una provincia kirchnerista
ATE Santa Cruz anunció un paro de 48 horas. Será a partir del lunes 29 de febrero y martes 1 de marzo. Los motivos son la falta de diálogo por parte del gobierno provincial de Alicia Kirchner y el despido de 347 empleados estatales.
Gran parte de los trabajadores afectados pertenecen al área del Ministerio de Desarrollo Social y la ministra Vesvessian, que conduce dicho organismo, había prometido revisar caso por caso, para luego evaluar la renovación de los contratos a principio de febrero. La solución fue dejar en la calle a 347 trabajadores y trabajadoras, que en su mayoría son mujeres, jefas de familia y jóvenes.
Según ATE Santa Cruz el gobierno pretende ajustar a los sectores más desprotegidos como los empleados que cumplen funciones de monitores en organismos de función social en los barrios populares de Río Gallegos, por ejemplo. Asisten a ancianos en situación de calle, a jóvenes con problemas sociales, etc.
El jueves 18 de febrero, dos trabajadoras en condiciones precarias decidieron encadenarse en Casa de Gobierno, denunciaban que no les renovaban el contrato y quedaban en la calle. La Policía las desalojó y las llevó detenidas a la comisaría. Ante este atropello policial la conducción de ATE se dirigió a Casa de Gobierno para exigir respuestas y repudiar lo ocurrido y también fueron reprimidos por la Policía provincial. Un día después el gobierno de Alicia Kirchner denunció penalmente a ATE por los hechos en vez de repudiar la represión.
El martes 1º de marzo se dará comienzo a las sesiones legislativas ordinarias en Santa Cruz y ese mismo día ATE se movilizará al mediodía a la Legislatura para denunciar la situación de los trabajadores que quedaron en la calle, la falta de un llamado a paritarias, que se termine la criminalización de la protesta social y que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo, entre otros puntos.
A los trabajadores ni justicia
El presidente Mauricio Macri viajó a Roma para reunirse con el Papa Francisco y se encontró en la puerta del hotel con manifestantes con carteles exigiendo al mandatario que libere a Milagro Sala y cuestionando los masivos despidos que se produjeron en el Estado.
Según informó La Nación, los manifestantes se identificaron como miembros de la agrupación Argentinos en Italia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, del Frente Murgueros italianos y de la ONG Proyecto Sur.
Asimismo, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) dictaminó que los jueces y la fiscal de Jujuy habrían incurrido en privación ilegal de la libertad contra Milagro Sala, por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en su contra.
La Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) informó que el jueves 25 la Policía Federal y la Metropolitana reprimieron con palos y balas de goma a trabajadores y trabajadoras que venden en la calle. En el operativo hubo heridos, entre ellos un menor que recibió un balazo de goma.
Dos individuos golpearon y amenazaron a Marcos Ayala, delegado de la línea de colectivos 151 perteneciente a la empresa Nueva Metropol. El hecho sucedió el martes 23, mientras estaba trabajando en su unidad en el barrio de Constitución. Minutos antes de la agresión, se encontraba realizando una asamblea en la terminal de la empresa en reclamo de salarios caídos y por el despido de dos trabajadores.
También relató la amenaza recibida: “Esto es de parte de Zbikozki (dueño de la empresa) y si seguís así vas a terminar peor. Me agredieron enfrente de una comisaría de la Metropolitana, los que me golpearon tenían pinta de policía. Esta empresa contrata ex policías y ex gendarmes. Me reventaron la cara y luego bajaron tranquilos como si nada hubiese pasado. Lo terrible no son los golpes, es la amenaza por algo que corresponde reclamar. Esto es una clara persecución gremial”.
A Carlos Fuentalba lo asesinó el cabo Darío Poblete en la represión de Arroyito (Neuquén) de abril del 2007, en el marco de una inmensa protesta docente. La justicia neuquina, en este caso representada por la jueza Carina Álvarez, determinó que el accionar del policía fue un hecho aislado y no un plan organizado contra la protesta social, motivo por el que decidió sobreseer a los quince funcionarios imputados cerrando la causa "Fuentealba II".
El ex gobernador y máximo responsable del crimen de Carlos Fuentealba, Jorge Sobisch, ni siquiera llegó a ser incorporado como imputado, pese a las exigencias de la querella.
El Partido Obrero se movilizó el viernes a la mañana frente al Tribunal de Libertad y Lavalle para que José Pedraza, condenado por ser responsable del homicidio de Mariano Ferreyra, cumpla su condena en una cárcel común, rechazando el beneficio de la prisión domiciliaria.
Pedraza recibió una condena de 15 años de prisión en un juicio realizado en el 2013, en el que fue encontrado responsable de los delitos de “homicidio y tentativa de homicidio”. De este modo quedó probado que la patota que disparó contra los trabajadores tercerizados el 20 de octubre del 2010, produciendo la muerte de Mariano Ferreyra y gravísimas heridas a Elsa Rodríguez, habían sido planificadas por el propio Pedraza.
Recientemente, la Justicia rechazó pedidos similares argumentando que no había razones que ameriten dictar dicho beneficio. Se trata, por lo tanto, de una medida que apunta a la impunidad de quien es el máximo responsable del asesinato de Ferreyra.
Llamamos la atención que el fallo favorable a Pedraza fue con voto dividido del Tribunal y sólo gracias a la participación de dos jueces subrogantes. El único miembro del Tribunal que hoy está en ejercicio, el juez Diego Barroetaveña, rechazó la prisión domiciliaria considerando que no hay razones para modificar los fallos anteriores que rechazaban el pedido de la defensa de Pedraza.
Al mismo tiempo que se le otorga a Pedraza la prisión domiciliaria se encuentran paralizadas las causas en su contra por el manejo de los subsidios ferroviarios que alcanzan también a las empresas privatizadas y a los funcionarios del anterior gobierno.
Mario Hernandez
Fuentes: La Izquierda Diario, APU, Resumen Latinoamericano, www.ambito.com, www.infobae.com, www.diariobae.com, www.agenciacta.org, Página 12, www.lacapital.com.ar, Enredando las mañanas, Anred y El Zumbido.
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