Los dirigentes gremiales son los primeros imputados por el protocolo antipiquetes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Están encausados por la realización de una marcha en el cuadro del paro nacional estatal del 24 de febrero pasado. Se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) prosigue la línea de persecución contra los trabajadores que efectuaba el ex gobernador justicialista Paco Pérez.
El 10 de marzo, la Coordinadora Sindical Clasista se movilizó a la Casa de Mendoza en Buenos Aires para repudiar la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE Mendoza, y Federico Lorite, del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA).
Los dirigentes gremiales son los primeros imputados por el protocolo antipiquetes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Están encausados por la realización de una marcha en el cuadro del paro nacional estatal del 24 de febrero pasado. Se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) prosigue la línea de persecución contra los trabajadores que efectuaba el ex gobernador justicialista Paco Pérez.
Asistimos a un ataque contra todo el movimiento obrero. La movilización había sido decidida en una asamblea de centenares de trabajadores y delegados estatales. Un petitorio en rechazo a la imputación ha cosechado una multitud de firmas del movimiento obrero combativo, incluyendo numerosas seccionales de Suteba, de ATE, el Sitraic, y la AGD-UBA.
La actividad culminó con un acto frente a la Casa de Mendoza. Participaron, entre otros, los diputados nacionales del Partido Obrero-FIT Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, Marcelo Ramal (legislador porteño), Guillermo Kane (diputado provincial por Buenos Aires), Gabriel Solano, Ileana Celotto (sec. Gral. de AGD-UBA), dirigentes de ATE Sur y de ATE Capital.
Raquel Blas señaló que “lo más grave es que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aparte de adherir al protocolo antiprotesta social de Bullrich está armando un aparato paraestatal de represión para amedrentar a los trabajadores”. Días después de la imputación, el secretario general de ATE, Roberto Macho, fue agredido por una patota en el marco de un volanteo contra los despidos en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Blas concluyó que “vamos a derrotar esta política represiva luchando en las calles por los reclamos de los trabajadores”.
Soledad Sosa, diputada nacional por el PO-FIT de Mendoza, denunció que “el protocolo y la represión son la otra cara del ajuste que el gobierno de Macri les da como garantía para un acuerdo a los buitres”.
Abajo la persecución contra Blas, Macho y Lorite.
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