Ante el anuncio de arreglo con los buitres
Recientemente, el gobierno nacional de Cambiemos anunció el principio de acuerdo con la mayor parte de los “fondos buitres” en Nueva York. Se trata del episodio más reciente de la larga saga de atropellos en materia de deuda pública. Macri pretende llevar ahora al Congreso la negociación, comprometiendo así al conjunto de las fuerzas políticas, que tendría que aprobarla antes del 14 de abril. De lograrlo, comprometería severamente las finanzas públicas, validando un reclamo ilegal e ilegítimo de un grupo de usureros. El pueblo otra vez obligado a pagar la fiesta ajena.
Algunas cuestiones básicas
El grueso de la deuda pública tiene origen en las operaciones ilegales e ilegítimas de la última dictadura (1976-1983). De aquel entonces se remontan violaciones a la Constitución como la toma inconsulta de deuda por parte del Poder Ejecutivo –que, además, era de facto- o la cesión en jurisdicción extranjera de la resolución de conflictos. Es sabido que esos fondos no fueron para beneficio del pueblo, las organizaciones sociales así lo reclamamos desde aquellos oscuros años. La minuciosa investigación de Alejandro Olmos sobre ese período nos permitió conocer con lujo de detalles la magnitud del fraude, que fuera finalmente sentenciado por el Juez Federal Ballesteros en el año 2000, detectando 477 ilícitos. Y este es el problema de fondo: todo acto derivado de un ilícito es lícito también… ¿o acaso alguien cree que es legal vender un auto robado?
Las sucesivas renegociaciones masivas de deuda (el Brady, el Megacanje, el canje Lavagna-Kirchner) han reciclado de diversas formas aquel fraude original, agregándole cada vez nuevas concesiones. No debemos engañarnos con las discusiones sobre posibles quitas: el Brady menemista incluyó un recorte similar al de canje kirchnerista, de casi un tercio del capital involucrado. El asunto en discusión es siempre sostener la lógica de pagos, la relación de transferencias permanentes; el cuánto es relevante, pero en un nivel inferior.
El grueso de la deuda no fue, nunca fue, para financiar inversiones a favor de las necesidades populares. Se trata de una gigantesca ruleta, donde nuestro país tiene que pagar y pagar y pagar sin obtener beneficios a cambio. La deuda se mantiene en manos de acreedores que fijan las tasas de interés, los términos de pago y la “calidad” del deudor. Cada vez que el país pagó sus deudas, terminó cayendo en un nuevo default.
La gestión post default
La lógica de tomar deuda para pagar deuda, ajustando el presupuesto público para lograr esos pagos, alimentó la crisis social que terminó por hacer explotar la Convertibilidad. El default de la mitad de la deuda pública argentina en 2001 dio inicio a la mayor negociación de deuda del país. Bajo la lógica señalada tempranamente por Duhalde, de “hacer socios del crecimiento” a los acreedores, el canje de 2005 logró convocar el acuerdo del 76% de los acreedores. ¿La razón? Las grandes ganancias que implicaban. Para lograr este acuerdo, fue clave la aprobación de la ley N° 26.017, conocida como “Ley Cerrojo”, que impedía ofrecer mejores términos a quienes no ingresaran en el canje. Aunque se facilitó el manejo de deuda (al reducir las monedas, títulos y jurisdicciones implicadas), no se aceptó auditar la deuda, tal como se había reclamado a través de la consulta popular de 2003. Además, se mantuvo la cesión de soberanía, habilitando a tribunales extranjeros a intervenir en la materia, lo que probaría luego ser un gran problema.
A pesar del promocionado recorte sobre el capital, el gobierno reconoció el 100% de los intereses caídos y los capitalizó, agregando por encima de ello el bono atado al crecimiento del PBI, todo lo cual terminó por generar una enorme renta para las casas financieras involucradas. Tanto así que en 2008, tres grandes predadores de las finanzas mundiales –Citibank, Deutsche y Barclays- pidieron a la entonces presidenta Cristina Fernández la reapertura del canje. ¿Su promesa? Ingresar nuevos fondos frescos al país, nuevos préstamos. A fines del año siguiente, el Congreso suspendía la Ley Cerrojo, para permitir el ingreso de nuevos acreedores al mismo canje de 2005. Este acto legal fue una nueva torpeza, pues mostró a los acreedores remanentes que el gobierno –a pesar del fuego discursivo- estaba dispuestos a deshacer sus propias leyes para pagar.
Y los acreedores lo supieron entender. Aparecieron entonces en escena el segmento más repudiable de las finanzas mundiales. Los “fondos buitres” son entidades especializadas en comprar bonos impagos y acosar legalmente (y por otras vías) a los deudores. Sabiendo que Argentina estaba dispuesta a pagar y tenía los recursos, incrementaron su belicosidad. A partir de 2012, lograron que un juez de una corte neoyorkina, Thomas Griesa, fallara en su favor, afirmando que estos acreedores habían sido tratados desigualmente. A pesar de los pataleos del gobierno argentino, y la nueva suspensión de la Ley Cerrojo en 2013, el juez se mantuvo firme del lado de los buitres.
Con el 93% de la deuda regularizada, apenas una porción del 7% remanente, ponía en riesgo toda la operación: los fondos NML Capital y Aurelius (dueños de un 1,5% de la deuda) exigían el pago de los bonos por su valor nominal total, más intereses caídos y punitorios. En caso de ceder al reclamo, se corría –y se sigue corriendo- el riesgo de que el 93% que ya canjeó su deuda reclame las mismas condiciones. Esto no sólo responde a la cláusula RUFO (vencida en 2015), sino al normal tratamiento de los bonos a través de las cláusulas de pari passu, o igual tratamiento. A raíz de este conflicto, el gobierno de Fernández terminó aprobando en 2014 la mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984), donde transfería la sede de pago a nuestro país, para evitar las trabas de Griesa. Al mismo tiempo, y sin notar la gigantesca contradicción, declaró de interés público el pago de la deuda y creó una comisión investigadora. Los pagos continuaron, pero la investigación no avanzó ni un ápice, tal como lo denunció la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
El gobierno kirchnerista cerró su etapa auto-elogiándose de ser un “pagador serial” de deuda, siempre en aras de “reinsertarse en el mercado de crédito mundial”. El problema con los buitres nunca fue de fondo (la lógica de la deuda, su ilegalidad y su ilegitimidad), sino de sustentabilidad financiera de los pagos (tener un esquema de pagos aceptable con el crecimiento del país). Pero esta preocupación no fue un escollo para el nuevo gobierno de Cambiemos.
Una nueva entrega
Juntando lo más rancio de la derecha partidaria con la crema de la gerencia internacional, el gobierno aceleró las gestiones de acuerdo al máximo, demostrando estar dispuestos a conceder en todo. El programa de brutal ajuste que están implementando desde el momento de asumir está sumiendo a la economía nacional en el estancamiento. La única manera de sostener el programa es a través de fondos frescos, que Cambiemos reclama desesperadamente. Por eso, en el primer mes de asumir, canjeó letras intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a la banca internacional por la mitad de su precio (se obtuvieron cerca de 5.000 millones de dólares con bonos por el doble de ese valor). Los nuevos bonos pagan un 7,8% de interés anual, cuando los bonos estadounidenses pagan el 0,25%. Esos fondos, además, sólo se usaron para sostener la fuga, como fuera el caso del Blindaje acordado a fines de 2000.
Pero no terminó ahí: el ex J.P. Morgan Prat Gay y el ex Deutsche Bank Caputo fueron a Nueva York a aceptar de sus camaradas cualquier reclamo. Finalmente, llegaron a un acuerdo de pago. A pesar de los anuncios de falsas quitas del 25%, este pre-acuerdo está garantizando para los buitres ganancias multimillonarias, más de 7 veces el valor del capital invertido (¡las ganancias van desde 846% hasta 3.186%!). No sólo eso, sino que aún queda menos de un 1% de bonos que no entran al nuevo canje, y por lo tanto, están en condiciones de volver a demandar a Argentina por condiciones aún más ventajosas. Por eso Griesa se niega a levantar las cautelares, a pesar de la entrega total del gobierno argentino. Los fondos están negociando con los suyos ahora, y no hay ni siquiera preocupación por la sostenibilidad –económica o social- del acuerdo. Necesitan, sin embargo, el apoyo del Congreso para evitar que les explote en la cara, y por eso enviarán el proyecto para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
La promesa de que nuevos fondos baratos ingresarán a nuestro país no se condice con ninguna experiencia histórica argentina: se trata de puro deseo. Según el ministro Prat Gay, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.
E incluso más: si ingresaran los fondos, irían a financiar el programa de ajuste de Cambiemos, por lo que nada bueno saldría de allí. Los gastos asociados a los pagos de deuda. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.
Finalmente, nada garantiza que no se abran nuevos juicios, de los pocos buitres que no están entrando a este canje, o del 93% que ingresó antes y quiere su tajada. Siempre encontrarán un juez Griesa dispuesto a fallar a su favor. Argentina no se salió del mundo antes, ni se saldrá en el futuro, por no pagar esta auténtica locura.
Es prioritario detener este acuerdo, y evitar el aval de Congreso. Además del aval de la propia alianza Cambiemos, el Frente Renovador y una parte del Frente para la Victoria se han mostrado dispuestos a negociar el acuerdo con modificaciones menores. La oposición frontal no parece provenir del Congreso, fuera del repudio del Frente de Izquierda y la labor del diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular. Ya han aparecido iniciativas para someter a plebiscito el acuerdo.
Urge suspender todos los pagos, y someter toda la deuda a auditoría con participación ciudadana.
Francisco J Cantamutto
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