A responder ante la ONU

El Estado debera dar explicaciones por la detención de Milagro Sala

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas admitió la denuncia del CELS y otros organismos contra el Estado nacional por las irregularidades en el proceso contra la dirigente de la Tupac Amaru.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dio curso a la denuncia contra el Estado argentino por el encarcelamiento de Milagro Sala, que había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Ahora el Estado nacional debe responder ante la Organización de las Naciones Unidas por la detención de la referente de la agrupación Tupac Amaru.
Milagro Sala fue denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos ilícitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar de un acampe. El 16 de enero fue detenida en forma arbitraria y así permaneció por casi dos semanas, hasta que el 29 de ese mes el juez de la causa resolvió excarcelarla. Sin embargo, la dirigente de la Tupac no fue puesta en libertad ya que ese mismo día fue ordenada su detención por otra causa iniciada durante la feria judicial, en la que se la acusa de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita.
El CELS recordó que, tal como expresaron en su denuncia, “el gobierno provincial desarrolló una profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en la provincia de Jujuy”. El organismo informó que “la detención por esta segunda causa se asemeja mucho a un intento de justificar su privación de libertad por la causa por la protesta con el objeto de que permanezca alojada en un centro penitenciario y, de esta manera, coartar su derecho a la libertad de expresión”.
La semana pasada la Justicia jujeña emitió una nueva orden de detención contra Sala. Esta vez fue el juez de instrucción Pablo Pullen Llermanos, por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una causa originada por un enfrentamiento armado sucedido en 2007, y en la cual hay dos acusados por tentativa de homicidio. Para el juez, la líder de la Tupac habría concedido “favorecimiento personal” a uno de los prófugos, Jorge Rafael Páez, ya detenido en Tartagal.
En tanto, fueron denunciados ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy los jueces y la fiscal que privaron ilegalmente de su libertad a Sala. Los abogados de la dirigente presentaron hace pocos días una denuncia penal contra los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau por incumplimiento de sus deberes, y pidieron que sean removidos de sus cargos. Tras el dictamen emitido por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en el que confirmó la vigencia de los fueros parlamentarios en el caso de Milagro Sala por ser diputada del Parlasur, y la ilegalidad de su detención, el abogado y diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, y el abogado Fernando Barea presentaron esta denuncia contra los funcionarios que intervinieron en el encarcelamiento de la dirigente.
Desde su detención, Sala fue recogiendo muestras de apoyo que van desde pronunciamientos como el de Amnistía Internacional y la Procuvin hasta marchas y manifestaciones públicas de organizaciones kirchneristas y de partidos de izquierda, así como de sindicatos. Hace dos semanas, un numeroso grupo de organizaciones sociales, políticas y gremiales desarrollaron la denominada “jornada nacional de lucha” con cortes de rutas y calles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, en reclamo de la libertad de la dirigente social, que lleva casi dos meses presa en Jujuy.
Por otra parte, Página/12 publicó el domingo pasado que dos enviados del gobierno macrista visitaron a Sala para proponerle que pidiera la detención domiciliaria antes de que el presidente Mauricio Macri viajara a Italia para su audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco, en una implícita admisión del control que el Ejecutivo tiene de la Justicia jujeña. Según el artículo del periodista Horacio Verbitsky “Sala no aceptó la extorsión”. El macrismo aspiraba a aliviar la tensión con el Papa, quien le envió un rosario a Sala.

Página 12