Un saldo de 669 condenados y 62 absueltos

El informe destaca “la década de juicios ininterrumpidos” y señala que de las 526 causas penales abiertas sólo el 29 por ciento (156) concluyeron con sentencias por delitos de lesa humanidad. Hubo 2354 imputados y sólo el 31 por ciento de ellos fue condenado.

A 40 años del golpe de Estado y a diez años de los primeros juicios orales tras la caída de las leyes de impunidad, tribunales federales de todo el país dictaron 156 sentencias por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, con un saldo de 669 condenados y 62 absueltos. En relación con el universo de imputados (2354, incluidos 255 fallecidos impunes) implica que sólo el 31 por ciento recibieron sentencias. Los datos actualizados al 1º de marzo pasado forman parte de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige el fiscal general Jorge Auat y coordina la abogada Carolina Varsky, y refutan las críticas habituales de quienes reniegan del avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, tales como la supuesta existencia de “procesamientos automáticos” (el 13 por ciento de los imputados se beneficiaron con faltas de mérito y el 3 con sobreseimientos, más allá de los absueltos en juicio) o encarcelamientos indiscriminados (sólo el 48 por ciento están detenidos, de los cuales casi la mitad goza de arresto domiciliario).
El informe del organismo que creó en 2007 el procurador Esteban Righi como Unidad de Coordinación y Seguimiento y que luego jerarquizó su sucesora, Alejandra Gils Carbó, destaca “la década de juicios ininterrumpidos” desde los procesos a Miguel Etchecolatz en La Plata y a Julio Simón en Buenos Aires, ambos en 2006. El proceso “ha logrado importantes avances en la atribución de responsabilidades por los delitos cometidos, pero también en la reconstrucción histórica de los hechos”, señala la Procuración.
Del total de causas penales abiertas (526), sólo el 29 por ciento (156) concluyeron con sentencias. Actualmente hay 13 juicios en marcha (3 por ciento de las causas, incluidos megajuicios como el de la ESMA que comenzó a fines de 2012, el de La Perla en Córdoba o el del Plan Cóndor), otros 113 expedientes elevados a tribunales orales y otros 244 (45 por ciento) en la etapa de instrucción, datos que ponen de manifiesto el largo camino que resta recorrer. El número de sentencias anuales, que alcanzó su pico en 2012 y 2013 (25 por año), disminuyó en los últimos dos años (21 en 2014, 20 en 2015), dato “cuyas implicancias aún no son claras”, destaca la Procuraduría. De los 113 expedientes elevados, sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada en 2016: en Tucumán (Operativo Independencia), Resistencia, Paraná y Capital Federal. Una preocupación que persiste con los años radica en las demoras para que las sentencias se confirmen: la Cámara Federal de Casación Penal revisó el 25 por ciento del total (confirmó todas las condenas y revocó algunas absoluciones) y, en la última etapa, la Corte Suprema de Justicia apenas el 17 por ciento.
Si en lugar de causas se analizan personas, el debe del proceso de justicia incluye a 876 con al menos un procesamiento en primera instancia (77 desde diciembre último), 132 que se beneficiaron con faltas de mérito, 28 sobreseídos y más de 270 imputados por el Ministerio Público Fiscal sobre quienes todavía no hubo pronunciamientos de jueces. El alto número de faltas de mérito, más los sobreseimientos y las absoluciones “parece indicar que la investigación sólo continúa en aquellos casos para los que existen indicios claros de su participación en hechos delictivos”, señala la Procuraduría.
Otra crítica tan recurrente como infundada es la que sostiene que los represores son detenidos sin ningún criterio y sin excepciones. Los datos demuestran su falsedad: del total de imputados (2354), el 36 por ciento (909) está en libertad. Del 48 por ciento con prisión preventiva (1065), 446 gozan de arresto domiciliario, hay nueve en hospitales y ocho en dependencias de fuerzas de seguridad. Un total de 252 murieron antes de llegar a juicio y otros 60 después de recibir al menos una sentencia.
Otro problema que persiste es el de los prófugos: actualmente son 57, incluido el condenado Jorge Antonio Olivera, que se fugó del Hospital Militar Cosme Argerich y por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de dos millones de pesos.
Una comparación novedosa es la que diferencia las consecuencias de los juicios en las tres etapas en las que se divide el proceso desde el retorno de la democracia. En la primera, desde el Juicio a las Juntas hasta la Ley de Obediencia Debida, hubo seis condenas y once absoluciones. Entre 1988 y 2005, mientras regían las leyes de impunidad y sólo podían juzgarse las apropiaciones de menores, hubo 23 condenas y ningún absuelto. Desde 2006, en contraste, hubo 669 condenas y 62 absoluciones.
El último capítulo destaca como “desafío” del proceso el juzgamiento de los responsables civiles del terrorismo de Estado. Sobre un total de 19 empresarios acusados, sólo dos fueron condenados (los hermanos Emilio y Juan Méndez, en Olavarría). El lunes recibirá su sentencia en Salta el dueño de La Veloz del Norte, Marcos Levín, en tanto Casación y la Corte deben pronunciarse sobre los fallos que beneficiaron transitoriamente a Pedro Blaquier, del Ingenio Ledesma, y a Vicente Massot, de La Nueva Provincia. El universo de ex funcionarios judiciales, en tanto, incluye a 54 imputados, de los cuales el 54 por ciento está procesado y sólo dos (Víctor Brusa y Manlio Martínez) fueron condenados.