Una huelga masiva contra el plan de Cambiemos. La dureza del macrismo, alcances y límites. El acuerdo tácito entre la dirigencia cegetista y el oficialismo.
El Gobierno que encabeza Mauricio Macri no pudo desconocer la contundencia del primer paro nacional contra su administración. La evidencia fue la negativa a hablar de porcentajes de adhesión a la medida. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se limitó a afirmar que tuvo más acatamiento en las ciudades afectadas por el transporte y se sintió menos en el interior, pero el eje de sus declaraciones estuvo puesto en que el paro era “innecesario”.
Por default quedó en evidencia el fracaso de la campaña #YoNoParo que le vuelve a demostrar al posmodernismo del PRO que no toda la realidad entra por el dedal de las redes sociales.
La respuesta oficial combinó dos planos: un relato del diálogo y el consenso por arriba y una línea más dura en los hechos, aunque con límites significativos.
El día anterior a la realización de la huelga, el ministerio de Trabajo emitió una disposición -publicada en el Boletín Oficial- con una serie de “recomendaciones” que insinuaban una intromisión mayor en la vida interna de los sindicatos: pedido de más regulación para la conformación de las juntas electorales; prohibición de que sean candidatos quienes tienen causas penales; mayor control de las reformas, estatutos y cuentas; y hasta la necesidad del voto electrónico. Una especie de tímida carta de intenciones para una “ley Mucci”.
Aquella prerrogativa del Gobierno radical, que debe su nombre al ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín (Antonio Mucci), buscaba un “reordenamiento sindical” similar, pero en aquel entonces, más ofensivo. El proyecto naufragó en el Congreso por el lobby de la burocracia sindical impulsado, entre otros, por el padre del actual ministro, Jorge Triaca.
Como una muestra de las fronteras porosas que separan (y unen) a la casta gremial y a la política tradicional, ahora el hijo aconseja desde el otro lado del mostrador.
El Gobierno también quiso mostrar mayor decisión contra los piquetes el mismo día del paro. Avanzó en la activación del famoso “protocolo antipiquetes” que tuvo su punto neurálgico de mayor resistencia en la autopista Panamericana que volvió a ser escenario de combatividad obrera.
Sin embargo, parece demasiado optimista la afirmación de la ministra Patricia Bullrich que dijo al culminar la jornada: "Hoy aplicamos el protocolo antipiquetes 100 %".
La realidad es que los accesos a la Ciudad de Buenos Aires estuvieron cortados en las horas claves y cumplieron la función de colaborar como contrapeso necesario a las mil y una coerciones que sufren aquellos trabajadores que quieren adherir al paro y son presionados por las empresas, sobre todo en el sector precarizado.
Ante la resistencia más decidida en el centro industrial de la Zona Norte, el Gobierno paga el costo político de la represión. Además, hay que adicionar los cortes y piquetes que se realizaron en todo el país.
La marcha del #1A protagonizada por la minoría intensa que apoya al Gobierno, envalentonó al macrismo y ante el paro quiso cumplir su mandato: mayor decisión contra los sindicatos y más autoridad en las calles.
La respuesta de una huelga masiva, incluso contra los límites de su dirección, y los cortes impulsados por el sindicalismo combativo y la izquierda le marcaron el límite, que en última instancia, manifiesta una relación de fuerzas que pese al avance de estos 16 meses, el macrismo no ha podido cambiar cualitativamente.
El mismo día se conoció el fallo judicial que obliga al Gobierno a la convocatoria de la paritaria nacional docente, justo en el conflicto que tomó como testigo y que aún no pudo cerrar en sus términos.
Del lado de los dirigentes de la CGT, el paro superó por lejos el “desahogo” en que lo pretendió encorsetar Carlos Acuña, uno de los triunviros de la central que hizo todo lo posible por no convocar al paro hasta que se les cayó encima.
Un intelectual orgánico del país patronal, Rosendo Fraga, observador sutil de las huelgas nacionales, reconoció el alcance de la medida: "El paro es un éxito, pero la marcha del 1A fortaleció al Gobierno", afirmó. Y además, advirtió: “La estrategia electoral le dice al Gobierno que hay que polarizar. Esto puede tener un costo de gobernabilidad. Siete meses es mucho tiempo”.
En ese equilibrio inestable, hubo un acuerdo tácito en las declaraciones del Gobierno y los líderes sindicales: bajar el tono de la fractura social que quedó expuesta en el paro nacional.
Una fractura que es mucho más profunda que la famosa grieta, borrada en esta jornada, tanto como uno de sus protagonistas: el kirchnerismo.
El paro nacional dejó expuesta una situación “paradójica”: el Gobierno no puede asumir hasta el final el “mandato” que le dejó su núcleo duro, acicateado por su propio relato; y la conducción burocrática de los sindicatos no quiere/no puede hacerse cargo del mandato que dejó planteado un paro contundente.
Para evitar el desarrollo del enfrentamiento, buscarán extender los “acuerdos sectoriales” que los dirigentes burocráticos venían firmando con el Gobierno hasta horas antes del paro.
Pero la tregua en la que entrarán los dirigentes sindicales y el oficialismo, no será más que un impasse de un enfrentamiento inevitable entre un Gobierno con un proyecto claro de ajuste (más allá de las “gradualidades” o el shock que impongan las circunstancias) y un movimiento obrero que este jueves volvió a demostrar su peso en la escena política nacional. Que además, cuenta con una tendencia de izquierda que evidenció, sobre todo en la Panamericana, su disposición al combate.
Si al peronismo siempre le sobraron sindicatos y le faltó burguesía nacional, la mayoría de los 3.400 gremios que existen en la Argentina y que fueron al paro, le demostraron al macrismo que para llevar su plan de ajuste neoliberal le queda mucho por hacer.
La clase obrera volvió a tomar la palabra con un pronunciamiento masivo contra el plan de Macri y Cambiemos. Fue el primero (junto a la huelga docente) de esa naturaleza y nada indica que vaya a ser el último.
Fernando Rosso
@RossoFer
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