No se efectivizará por otras condenas vigentes. El rol del juez Eduardo Riggi.
En consonancia con el fallo de primera instancia que dictó el tribunal 1 de La Plata, la Cámara Federal de Casación Penal decidió, en un fallo dividido, concederle la prisión domiciliaria al genocida Miguel Ángel Etchecolatz, responsable policial de la represión en la provincia de Buenos Aires bajo la dictadura. Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi votaron a favor de otorgarle el beneficio. Esgrimieron que su edad (tiene 87 años) y su estado de salud son causas suficientes para que el represor y jefe de torturadores cumpla su condena en su domicilio, sin vigilancia policial. Por el contrario, la jueza Ana María Figueredo hizo notar que el último informe médico pericial correspondía al realizado durante la huelga de hambre que sostuvo Etchecolatz corresponde a complicaciones propias de tal medida y que incluso bajo esas circunstancias los médicos no recomendaron que se le otorgue el beneficio domiciliario sino que, por el contrario, descartaron esa posibilidad expresamente.
El juez Riggi, que votó a favor de la domiciliaria a Etchecolatz, es conocido por haber formado parte de la operación de sobornó que intentó realizar José Pedraza, autor intelectual del homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Pedraza –según se comprobó en las escuchas ordenadas por la justicia–. Pedraza había contactado a un agente de la SIDE para que el sorteo de la causa cayera en el juzgado de Riggi, quien habría de excarcelar a la patota y, de ese modo, salvarse a él mismo. La causa que investiga el soborno de Pedraza se encuentra parada en la Justicia.
"De la transcripción efectuada se advierte que los profesionales del Cuerpo Médico Forense en el último informe incorporado a la causa han periciado el deterioro de la salud de Etchecolatz, opinando al respecto que para un mayor control resultaría aconsejable su internación en hospital extramuros, teniendo en cuenta que en ese momento el nombrado se encontraba cursando huelga de hambre y se negaba a recibir medicación. En momento alguno se indica que resulta más beneficioso cumplir su detención en el domicilio sino que, por el contrario y de manera expresa, se considera que Etchecolatz 'no se encuentra comprendido en el art. 32 de la ley 24.660' y que 'respecto a su lugar de detención, el mismo cumple con las normas mínimas de alojamiento'". Tal es el fundamento, taxativo, de la jueza Figueredo para negarse a otorgarle el beneficio. Los trascendidos de la prisión dan cuenta del buen estado de salud que ostenta Etchecolatz e, incluso, refieren a su fuerte carácter y rol líder que ejerce sobre otros represores condenados. Los otros dos jueces, en cambio, basan su fallo a favor del beneficio en el reciente fallo de la Corte Suprema que le permite la domiciliaria al represor Felipe Alespeiti, una resolución que se encuentra en consonancia con la política oficial del gobierno de no avanzar en el juzgamiento de los represores de la dictadura.
Como Etchecolatz ha sido condenado en otras causas por su rol en la tortura y desaparición en decenas de casos durante la dictadura, el fallo no se hará efectivo. Pero es una advertencia sobre cómo confluye la justicia con la política gubernamental macrista. Etchecolatz y todos los genocidas deben cumplir sus condenas en prisión efectiva.
Etchecolatz es señalado por los organismos de derechos humanos de ser uno de los responsables de la desaparición de Julio López bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Los K ningunearon su desaparición. El macrismo, que resolvió dejar de apelar el otorgamiento del beneficio a los genocidas, objetó este caso por considerarlo "paradigmático". Por ahora, los funcionarios no han vuelto a formular declaraciones.
Cárcel común y efectiva para los genocidas. Castigo a todos los culpables.
Antonia Torrebruna
No hay comentarios:
Publicar un comentario