El Gobierno de Alicia Kirchner denunció penalmente la manifestación del sábado por la madrugada por ''daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio''. Además, solicitó una orden de restricción de acercamiento a edificios públicos para el ex secretario general del gremio de Judiciales y referente de la CTA Autónoma Santa Cruz, Juan José Ortega.
Alicia Kirchner pretende avanzar en la criminalización de la protesta de los trabajadores de la provincia, apuntando especialmente contra los sectores en conflicto. Ortega pertenece al gremio de los trabajadores Judiciales que aún no han cobrado y que permanecen acampando en el Tribunal Superior de Justicia.
La gravedad de las acusaciones es aun mayor tratándose de un gobierno que reprime de forma brutal e ilegal, que aún no pagó la totalidad de salarios y que ofreció solamente un 3% en paritarias salariales a los docentes. El kirchnerismo interpreta como un “atentado al orden constitucional’’ la legítima lucha de los trabajadores de Santa Cruz por sus derechos más elementales: el pago de salarios en tiempo y forma, la cobertura de prestaciones de salud, la lucha por un sueldo que alcance para cubrir el elevado costo de vida de la Patagonia.
En la situación política de Santa Cruz, el uso del poder judicial del Estado contra los gremios constituye un acto de persecución política. A las masivas movilizaciones de la última semana (de 10.000 y 15.000 personas respectivamente) el kirchnerismo les responde con la acusación de sedición. Alicia Kirchner sigue, en su provincia, la orientación represiva más general pactada por Macri y el PJ, cuya expresión máxima es la reforma represiva del Código Penal. Fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien se expresó solidario con la gobernadora y acusó de ‘’violentas’’ a las movilizaciones de los trabajadores provinciales. El sábado, miles salieron a las calles nuevamente para repudiar la represión del Cuerpo de Infantería de la PSC de esa madrugada, que dejó un saldo de varios trabajadores heridos.
El gobierno de Santa Cruz, ante la falta de respuestas a las demandas obreras y las grandes huelgas, opta por el camino de la represión y la criminalización de la protesta. Con su denuncia penal, AK intenta desacreditar la masividad del paro convocado por la Mesa de Unidad Sindical y la CTA-A Santa Cruz, que en el día de hoy paralizó las escuelas y dependencias públicas de toda la provincia con un acatamiento del 100% entre los docentes de Río Gallegos.
Expresamos nuestro completo repudio a las acciones orquestadas por el poder político y judicial que pretenden disciplinar la lucha de los trabajadores. Abajo el ajuste y la represión en Santa Cruz; la verdadera salida a los problemas de la provincia vendrá de la lucha y la organización de los trabajadores.
Martín Acuña
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