La edición dominical del diario La Nación informó a través de su editorialista estrella Morales Solá que está en marcha una reforma del Código Penal para establecer penas de prisión efectiva a quienes participen de acciones relacionadas con la protesta social. Este endurecimiento represivo no sería obra solo del gobierno de Macri, sino que contaría con el acuerdo del pejotismo y del massismo, sin los cuales el oficialismo no tiene la menor posibilidad de aprobar leyes en el Congreso. Este conglomerado de fuerzas fue el mismo que le permitió aprobar al macrismo más de 100 leyes en sus 15 de meses de gobierno, entre ellas el acuerdo con los fondos buitres y la modificación patronal del régimen de las ART.
Según la información suministrada, el proyecto consensuado aumenta de tres a seis años de prisión “la pena para el que agreda o intimide a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia”. En la misma línea represiva se establecerá una pena de cuatro a ocho años de prisión “si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo”. Nótese que todas las penas superan los 3 años, lo que las convierte de cumplimiento efectivo en prisión. Además, las figuras son totalmente generales, alcanzando a una simple movilización por cualquier reclamo particular. La alusión a la “intimidación a funcionarios” está en esa sintonía, pues toda protesta social puede ser presentada como “intimidatoria”, ya que persigue el propósito de que el Estado satisfaga determinadas reivindicaciones.
Otra de las modificaciones que se introducirán en el Código Penal se establecerán penas de seis meses a un año de prisión para “el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada por un funcionario público”. La Nación sabe interpretar el lenguaje judicial y aclara que eso valdría para cualquier obstrucción en la vía pública. Pero la pena subiría hasta tres años si el gobierno debe apelar a la fuerza pública para llevar adelante el desalojo, y hasta cuatro años si un manifestante “tocara con sus manos a las autoridades”.
De lo expuesto surge que estamos ante una política represiva de alto alcance, que prácticamente impone pena de prisión efectiva a cualquier persona que participe de acciones relacionadas con la protesta social. Así, en vez de proteger a los ciudadanos, cuyos derechos son sistemáticamente violados, desde el derecho al trabajo a la vivienda, pasando por el derecho a la educación y la salud, la modificación del Código Penal blinda a los funcionarios del Estado responsable de la violación de tales derechos.
Para que no haya dudas de que estamos frente a una verdadera “política de Estado” Morales Sola informa no sólo que esta reforma reaccionaria cuenta con el consenso de los Pichetto, Bossio, Massa y Urtubey, sino que además está inspirada en los proyectos elaborados por el kirchnerismo en el 2006 y en el 2012, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Esta política represiva ya ha recibido el rechazo de las organizaciones del espacio Memoria Verdad y Justicia, que ha convocado para el próximo 11 de mayo una movilización de repudio a Plaza de Mayo. Llamamos a asegurar su masividad, para derrotar este reforzamiento represivo indispensable para imponer el ajuste contra el conjunto de los trabajadores.
Gabriel Solano
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