Myriam Bregman y un equipo de abogados del CeProDH y el PTS representan a seis detenidos durante el paro del 6 de abril. Exigen al Poder Judicial que investigue los planes represivos de Macri contra la protesta social.
“Queremos discutir la legitimidad de la protesta, porque sabemos que tenemos razón no sólo por legitimidad sino también por legalidad”, dijo la abogada Myriam Bregman, diputada mandato cumplido del PTS en el Frente de Izquierda, al presentarse como querellante en la causa por el corte de la autopista Panamericana y 197 el jueves 6 de abril, en las primeras horas del paro general convocado por la CGT.
En el expediente radicado en la justicia federal de San Isidro fueron indagados ese mismo día seis de los manifestantes que protagonizaron ese piquete en General Pacheco -una de la decena de acciones que hizo la izquierda y el sindicalismo combativo para hacer activa la medida de fuerza-, acusados por corte de ruta y resistencia a la autoridad.
El Gobierno anunció su pretensión de ser querella en la causa. Pero lejos de considerarse culpables de delito alguno, la defensa de los acusados plantea que fueron víctimas.
El registro de los reporteros gráficos mostró las imágenes de dos manifestantes en el momento en que varios gendarmes los “reducían” con saña, torciendo sus brazos en la espalda en el caso de Cristian Cola, becario del Conicet en la Facultad de Arquitectura de la UNLP, y pisando su cabeza sobre el asfalto en el caso de Ezequiel Fernández, miembro del Centro de Estudiantes del terciario 88 de San Justo y militante del PTS.
“Participé del corte de la Panamericana, acompañando a los docentes y trabajadores que se plantan contra el ajuste del Gobierno. Como todos pudieron ver por los medios de comunicación, por orden de (Eugenio) Burzaco, la Gendarmería reprimió y en ese marco me llevaron detenido (…) El viernes el diario Clarín utilizó la imagen de mi detención en la tapa de su matutino. Quisieron vender la imagen de una juventud bajo las botas de la Gendarmería, pero por el contrario estamos de pie junto a los trabajadores que están hartos de esta situación. Esa no la cuentan”, escribió Fernández en una carta pública dirigida al matutino.
“Mientras me detuvieron los gendarmes me decían ‘zurdo de mierda’, ‘no vas a volver’; pero a mí lo único que se me pasaba por la cabeza, además de abrazar a mi familia y a mis compañeros, era salir, para pararme y pelearla nuevamente. Y eso hice”, sintetizó el joven el espíritu de esa jornada.
Fernández y Cola son dos de los seis imputados, cuya situación procesal debe resolver en pocos días la justicia federal de San Isidro, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito. En la tarde de este martes la jueza convocó para el jueves 20 a Bregman y su equipo a ratificar la denuncia, lo cual podría ser una buena señal respecto a la posibilidad de que acceda a considerarlos querellantes en el caso, es decir, víctimas y no imputados.
“Venimos a denunciar que la Gendarmería Nacional ha llevado a cabo prácticas represivas y persecutorias ilegales contra nuestra organización, con agresiones físicas deliberadas en reiteradas ocasiones con el resultado de militantes y simpatizantes de nuestro partido (PTS) detenidos y heridos de distinta gravedad; todo ello denota una abierta violación de la ley Antidiscriminatoria y del artículo 38 de la Constitución Nacional”, consta en la presentación de sus abogados, que de defensores quieren pasar a ser querellantes en esta investigación.
Bregman, junto a Guillermo Ermili, Matías Aufieri y Carlos Platkowski pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que investigue la responsabilidad de las máximas autoridades de la Gendarmería, de la ministro de Seguridad Patricia Bullrich y del secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, “quienes han asumido y reivindicado públicamente el comando de los operativos de represión y dispersión de manifestaciones, especialmente en el paro nacional del 6 de abril, a la par de efectuar declaraciones públicas estigmatizantes para nuestra organización como así también para con otros colectivos obreros y políticos, tras lo cual resultamos agredidos físicamente y detenidos algunos integrantes de nuestra organización, los cuales se encuentran imputados en la presente causa”.
Los abogados manifestaron su “extrema preocupación no sólo ante el enardecido discurso que han venido incrementando los funcionarios del Estado contra las manifestaciones en el espacio público, sino además, ante lo manifestado por dichos agentes en relación al combate y persecución de dicho derecho constitucional, mediante nuevos y sofisticados armamentos”.
En este sentido solicitaron que el Poder Judicial determine cuáles son los planes del Estado “ante la posible comisión de inminentes delitos alrededor de la represión de la protesta social, y la violación de derechos constitucionales como el derecho a huelga, y la libertad de expresión y de reunión”.
Tal como publicó Horacio Verbitsky en Página/12, Macri anunció la adquisición de un tanque blindado “antipiquetes”, lo cual se suma al proyecto de agravamiento de las penas por protesta social.
En la descripción de los hechos de Panamericana y 197, recordaron que esa mañana la propia Gendarmería reconoció que, tal como establece el protocolo vigente, en ningún momento se cortó en forma total la circulación por la Panamericana. Y destacaron que el Gobierno envió “efectivos civiles a tomar apuntes y sacar fotos”, lo que entienden como un nuevo acto de infiltración similar a los que ya sufrió el PTS, incluso con un fallo favorable en el que fue procesado el llamado “gendarme carancho” Juan Alberto López Torales.
Luego de desmentir que los manifestantes hayan iniciado una agresión contra los gendarmes cerca de las 9.30, describieron que “los efectivos procedieron a empujar y golpear con sus escudos, y sus bastones y haciendo un uso exacerbado del agente químico conocido como ‘gas pimienta’ y arrojaron gases lacrimógenos cuando los manifestantes se estaban dispersando, tras la primera represión”.
Los seis detenidos denunciaron que adentro de una camioneta de Gendarmería les tiraron gas pimienta en los ojos “a modo de aleccionamiento”. Ante el cambio de escenario, que entre las 5.30 y las 9.30 no había derivado en incidente alguno, los abogados afirmaron que “dicha conducta posterior obedeció a una determinación política, pensada en términos de medición en la opinión pública, por fuera de las actuaciones que la Gendarmería venía llevando a cabo en comunicación con la justicia federal”.
Bregman aseguró que “Bullrich y Burzaco saben que actuaron en la ilegalidad, pero redoblan la apuesta al decir que se presentarán como querellantes y comprarán armamento para futuras protestas (…) El Gobierno construye a los manifestantes como enemigos públicos, este discurso extremo de ’imponer el orden en la calle’ ya lo escuchamos y siempre terminó mal, se restringieron fuertemente las libertades democráticas y hasta hubo muertos”.
La referente del FIT concluyó que “planteando un escenario bélico en las calles, el Gobierno quiere acallar las protestas que desarrollamos contra sus políticas de ajuste. Como su lluvia de inversiones nunca llegó y no pudieron hacer arrancar la economía, entonces se deciden por los garrotazos. Los que defendemos el derecho a la protesta no podemos permitir que se avance cada vez más contra derechos elementales como éste”.
Adriana Meyer
Periodista
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