La casa de la abogada Laura Figueroa fue violentada por un grupo de personas que no se llevaron ni un solo objeto de valor de la vivienda. Un grupo de familiares fueron perseguidos en la ruta. Dos testigos fueron perseguidas y recibieron llamados anónimos.
Los últimos días fueron difíciles para las personas vinculadas a los juicios de lesa humanidad en el noroeste del país. Familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar y sus abogados sufrieron destrozos en sus casas, persecuciones automovilísticas y llamados anónimos sospechosos el último fin de semana en Tucumán y Catamarca. “Sospechamos que hay relación entre todos estos hechos y el avance, pese al fallo absolutorio de la Cámara a los responsables de la Masacre de Capilla del Rosario, de las causas por delitos de lesa humanidad y que se debe a una estrategia de intimidación”, evaluó el abogado catamarqueño Guillermo Díaz Martínez, quien ayer denunció los hechos ante la fiscalía federal local.
Durante el último fin de semana, la casa de la abogada de derechos humanos tucumana Laura Figueroa fue violentada por un grupo de personas que no se llevaron ni un solo objeto de valor de la vivienda, pero la revolvieron toda. Un día antes, un grupo de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad de la misma provincia fueron perseguidos en la ruta por un auto desconocido mientras regresaban a su territorio desde Catamarca, en donde colegas en la lucha tampoco estuvieron libres de amenazas. “Nos llama poderosamente la atención y nos preocupa el grado de organización y planificación de todas las amedrentaciones que pudimos constatar en estas cuarenta y ocho horas, que se dan justamente en el marco de los homenajes a víctimas del terrorismo de Estado que tuvieron lugar en Catamarca”, apuntó Díaz Martínez.
El viernes pasado se conmemoró en esa provincia el aniversario número 42 de la masacre de Capilla del Rosario, el fusilamiento de 14 militantes del PRT-ERP en 1974 por el que tres militares habían sido condenados a perpetua y, hace poco, absueltos por la Cámara de Casación. Díaz Martínez contó que un grupo de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad violentadas en los centros clandestinos de detención conocidos como “Jefatura” y “Arsenales”, de Tucumán, que viajaron a participar del homenaje catamarqueño sufrieron el “amedrentamiento” de un auto desconocido durante el viaje de regreso a su provincia. “En la ruta los empezó a seguir un vehículo que luego los rebasó y los encerró hasta obligarlos a salirse del camino y bajar a la banquina. Por milagro no volcaron”, advirtió el abogado.
El sábado, la ciudad catamarqueña de Belén recibió los restos recientemente identificados de Juan Francisco Carreras, el primer militante catamarqueño secuestrado –estuvo en el centro clandestino de detención tucumano Pozo de Vargas– y desaparecido. Allí estuvo la abogada de la familia de Juan Francisco, la tucumana Laura Figueroa, quien tampoco tuvo un regreso feliz a su provincia. Cuando llegó a su casa, se encontró con la Policía, que había sido alertada por los vecinos tras ver salir “en plena luz del día” a seis hombres de la vivienda. “El método fue el mismo que sufrió la periodista Cynthia García en Buenos Aires: revolvieron todo, me tiraron todas las cosa, metieron mano a mi intimidad, pero no me robaron nada”, contó Figueroa. Además, destacó que los seis hombres ingresaron “con una precisión milimétrica” a su hogar: “abrieron perfectamente un portón muy difícil de abrir y luego usaron algo muy fuerte para quebrar una puerta de madera dura. Sabían con lo que se iban a encontrar, no fue un hecho azaroso”, puntualizó.
La abogada denunció el hecho a la justicia provincial y hoy hará lo propio ante la federal. Lo que le pasó, consideró, es “un hecho con dos delitos. Uno pertenece al fuero provincial, por violación de domicilio y daños materiales. El otro es el acto intimidatorio de concreta amenaza a mi actividad y fundamentalmente a todo el colectivo de víctimas, familiares y militantes de derechos humanos”, que deberá investigar el fuero federal. “Los autores actuaron con interés claro de aterrorizar a un colectivo para que las causas no avancen, para infundir miedo”, concluyó. El fiscal federal Pablo Camuña, por lo pronto, le otorgó custodia policial. Desde los organismos de derechos humanos tucumanos y catamarqueños acercaron las solidaridades a Figueroa y a los familiares violentados en la ruta.
En Catamarca, además, tuvieron lugar otros dos hechos el pasado fin de semana. A una testigo de una de las causas que se están tramitando en la provincia la siguió un auto desde su domicilio hasta el lugar en el que debía encontrarse con otros familiares para participar de los homenajes, el viernes. Otra de ellas recibió “llamados intimidatorios” a su teléfono celular durante todo el sábado. “La llamaban y se quedaban respirando, en silencio”, contó Díaz Martínez, quien ayer denunció ambas circunstancias ante la fiscalía federal de Catamarca. El fiscal Rafael Vehils Ruiz ordenó proteger con custodia a las personas víctimas de estas persecuciones y se dispuso a investigar.
Ailín Bullentini
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