Aquí no se rinde nadie y la lucha continúa

Comenzó el agosto caliente

Cien mil personas marcharon desde la Iglesia de San Cayetano, patrono de los trabajadores ocupados y desocupados, hasta la histórica Plaza de Mayo a lo largo de 18 kilómetros. La CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), acompañada de Barrios de Pie y la Coordinadora Clasista y Combativa fueron las que produjeron esta acción de masas.
Participaron trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas, campesinos, estudiantes universitari@s y secundarios, amas de casa, sacerdotes y misioneros de Francisco (con fotos del Papa y de los curas asesinados en los ‘70 como Carlos Mugica y Monseñor Angelelli). Además, un largo listado de organizaciones sociales y populares como el Movimiento Evita y la Confluencia que agrupa al Movimiento Popular La Dignidad y otras organizaciones y la presencia de numerosos trabajadores y desocupados inmigrantes, sobre todo bolivianos y bolivianas, que marcharon y hasta bailaron un Tinku con sus trajes típicos de fiesta. Como suele pasar en las últimas convocatorias también se hizo evidente la presencia de muchísimos autoconvocados y de varios dirigentes de la CGT y las dos CTA, además de corrientes sindicales combativas.
En el palco, montado de espaldas a la Casa de Gobierno, estaban el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el sindicalista estatal Víctor de Gennaro, y un representante de la lucha de los petroleros salteños, encabezada por “Pepino” Fernández. Pero el momento estelar fue cuando trepó al palco la Madre de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- Nora Cortiñas, que se ganó los aplausos de la Plaza y a la que saludó con el puño en alto, vivando a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, “que hoy también están aquí, con todos nosotros y nosotras”.
Finalmente, hablaron los representantes de las tres organizaciones convocantes. Daniel Meléndez, por Barrios de Pie, describió la grave situación que se vive en los barrios de todo el país, donde el hambre ha vuelto a golpear fuerte en amplios sectores. Amancay Ardura, de la CCC, quien historió la lucha de los 90 y comparó a Macri con quienes en ese momento gobernaban el país, entregando la soberanía a las multinacionales. Y por último, Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la CTEP, que alabó “la unidad gestada entre los trabajadores y la religiosidad popular combativa que se puso en la superficie de esta imponente movilización de los más humildes, de los desposeídos y atropellados por el neoliberalimo y sus amos imperialistas”.
Anunció también que la CTEP estará nuevamente en la calle apoyando una marcha convocada por el sindicalismo combativo de izquierda el martes, en el paro nacional y movilización de los trabajadores estatales aglutinados en ATE el jueves y en la Marcha Federal que se prepara para fin de mes. “Aquí no se rinde nadie y la lucha continúa”, aseveró ovacionado por la multitud.
Calentando motores, el jueves pasado miles de ciudadanos protestaron en calles y plazas de todo el país en rechazo a los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos, en lo que constituyó el segundo “ruidazo” desde que asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el punto principal del “ruidazo” se llevó a cabo en el Obelisco, aunque la protesta también se replicó en los barrios porteños de Recoleta, Caballito, Palermo, Belgrano, Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Mataderos, Villa Lugano, Villa Crespo, Abasto, Almagro, San Telmo, Boedo, Congreso, Paternal y Chacarita.
En el Gran Buenos Aires se realizaron concentraciones en La Plata, Morón, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ituzaingó, Haedo, Luján, Caseros, Olivos, Ramos Mejía, Quilmes, Wilde, Lanús y Pilar. En el interior bonaerense también se registraron manifestaciones en las localidades de Roque Pérez, Tandil, Tres Arroyos y Junín.
El “ruidazo” también se concretó en las líneas de subte donde realizaron un “bocinazo”. A su vez, en Santa Fe, Córdoba, Salta, Mendoza, Río Negro, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, Tucumán y Entre Ríos también se concretaron protestas con cortes de calle y en otros casos en las plazas centrales.
En esas provincias, las protestas más concurridas se registraron en las ciudades de Bariloche, Rosario, Mar del Plata y Mendoza capital. La primera edición del “ruidazo” se había llevado a cabo el 14 de julio último, hecho que representó la primera protesta masiva en contra del Gobierno de Macri ante los aumentos desproporcionados en los servicios de luz y gas.
La CTA Autónoma, Barrios de Pie, la CCC, CTEP, el SIPREBA y el sindicato que nuclea a los trabajadores aceiteros realizarán, el próximo jueves 11 de agosto, una Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. Para dar detalles de la misma convocaron a una Conferencia de prensa este lunes 8 de abril a las 17:00 en Moreno 2654, C.A.B.A.
La Asociación Trabajadores del Estado estará de paro y movilizando en todo el país contra los despidos que ya suman decenas de miles tanto en el Estado Nacional como en los provinciales y municipales. La Asociación Agentes de Propaganda Médica y la Federación Nacional Docente también pararán sus actividades. En tanto que Fesprosa realizará una Marcha Blanca Nacional por la Salud que saldrá a las 10:00 del Polo Sanitario de Córdoba. Los docentes universitarios nucleados en CONADU Histórica movilizan en todo el país, mientras que algunas asociaciones de base pararán sus actividades como el caso de Ademys en la Ciudad de Buenos Aires y los SUTEBAS opositores de la Provincia de Buenos Aires.
Organizaciones territoriales de la CTA junto a la CTEP, Barrios de Pie y la CCC también llevarán sus demandas a la movilización a Plaza de Mayo:

• Basta de despidos y suspensiones
• Reincorporación de los trabajadores cesanteados
• Reapertura de paritarias
• Basta de tarifazos
• 82% móvil para todos los jubilados
• Contra la criminalización de la protesta social

El próximo miércoles 10 de Agosto organizaciones de trabajadores desocupados se movilizarán a partir de las 11:00 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, frente a la falta de respuestas a las necesidades planteadas en las diferentes entrevistas a lo largo de ocho meses de gestión macrista y seis importantes movilizaciones de desocupados, de los barrios periféricos bonaerenses.
El trabajo genuino, la apertura del programa de PAT (Plan Argentina Trabaja) para el conurbano y el resto del país, el tema de la tarifa social agua, luz, gas y SUBE, la entrega de alimentos para los comedores y merenderos en los barrios, respetando los acuerdos históricos y a su vez la necesidad de nuevas bocas para aquellas organizaciones que aún no cuentan con su registro, son parte de los puntos que en cada entrevista con funcionarios de varias áreas y de primera línea ministerial han planteado; la respuesta siempre fue que debían acomodarse un poco por falta de presupuesto y otros mecanismos burocráticos; la realidad que a ocho meses de comenzada esta gestión la situación empeoró.
La pobreza creció, las suspensiones y despidos en la industria, la construcción y estatales crecen más allá de los pronósticos del gobierno, existen otros oficios donde también hay una reducción de horas semanales o recorte de días al mes. El precio de los alimentos, la garrafa, entre otros elementos para uso en el domicilio, se ajustan diariamente, el costo del boleto para asistir al trabajo, ir al hospital en el conurbano es carísimo, la realidad objetiva es que ya no se llega a mitad de mes con el dinero y las changas van siendo esporádicas.
En este marco las organizaciones territoriales continuarán con el plan de lucha en defensa de los derechos de los más necesitados y el gobierno debe dar una respuesta en forma inmediata, lejos de promesas y chamuyo, la situación se agrava y las necesidades en las barriadas se multiplican.
El martes pasado, miles de trabajadores y trabajadoras del Programa Argentina Trabaja, y desocupados de los barrios más empobrecidos de la Capital y Provincia de Buenos Aires se movilizaron contra los bajos salarios y el tarifazo a los servicios públicos, bloqueando y marcharon desde el Puente Pueyrredón en Avellaneda, hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El lunes pasado en la sede del Sindicato del Neumático se realizó una conferencia de prensa donde los sectores del sindicalismo antiburocrático y de izquierda anunciaron una movilización unitaria a Plaza de Mayo contra el ajuste para el 9 de agosto. La misma partirá a las 17:00 desde el Obelisco.

“Vamos de mal en peor”

De cara a la reunificación programada para el próximo 22 de agosto, la CGT dio a conocer un duro documento contra el gobierno.
Comienza señalando que: “A ocho meses de la asunción del ingeniero Macri como Presidente de la Nación, el tan mentado “sinceramiento de la economía” se ha reflejado con la peor cara hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos: hay aumento de la pobreza, una brusca caída del consumo y perspectivas económicas y sociales que ensombrecen aún más el horizonte. De poco valen las declaraciones de aliento de los funcionarios apuntando hacia el segundo semestre y que ahora han sido postergadas para algún momento del año que viene…”
Luego señala “el creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos que se resumen en inflación galopante, recesión, aumento del déficit fiscal, incremento del endeudamiento público, aumento de las importaciones, tarifazos impagables, caída del ingreso, pérdida del empleo, crecimiento de la pobreza y problemas en la escolaridad”, para rematar diciendo que: “No hay que haberse graduado en Harvard o en otra prestigiosa Universidad para darse cuenta de que vamos de mal en peor.”
Para concluir sosteniendo que: “Es hora de cambiar en serio, antes de que sea tarde. Es hora de gestar una “iniciativa popular” liderada por este movimiento obrero y que se conforme por todos los sectores del trabajo y la producción, que proponga, y aporte alternativas en defensa del trabajo argentino; una iniciativa socio-económica, no electoralista, que tenga por eje vertebral al mundo del trabajo con sus necesidades y problemas”.

Caída del empleo y el salario real

Los primeros meses del año estuvieron marcados por una caída de los niveles de empleo y por un fuerte retroceso del salario real. En seis meses la cantidad de asalariados registrados del sector privado se redujo en 128.294 casos, y el salario real perdió casi un 10% de su valor. En este contexto, el segundo trimestre de este año se caracterizó por un fuerte incremento de la conflictividad laboral, verificada tanto en la cantidad de conflictos que se produjeron en el sector privado como en la mayor intensidad que adoptaron en el sector público.
En comparación con el segundo trimestre del año anterior la cantidad de conflictos en el sector privado creció un 22%, rompiendo con la caída tendencial que se había iniciado a mediados de 2014. Por el contrario, el segundo trimestre de este año vuelve a ubicarse dentro de los más conflictivos de los últimos años.
La cantidad total de conflictos en el sector público presentó un descenso en comparación con un año atrás, pero ello fue como consecuencia de una fuerte centralización e intensificación, principalmente a nivel provincial y municipal.
Por el lado de la negociación colectiva, resulta llamativa la fuerte caída de los convenios, por actividad y por empresa, y de los acuerdos por empresa homologados en el primer semestre de este año. En total, la cantidad de homologaciones se redujo un 37,5% en comparación con el mismo período del año anterior, siendo el primer semestre con menor cantidad de homologaciones desde el año 2007.

Reclamos salariales

Al negarse a rubricar la empresa la totalidad de sus propios ofrecimientos y ante la irresponsabilidad que una vez más nos pone al borde del conflicto, la Asamblea de Trabajadores de Radio Nacional Buenos Aires decide:
Llamar a todas las organizaciones gremiales a concretar una Asamblea el día martes 9 de agosto a las 13 horas para acordar un plan de acción directa consistente en movilizaciones y paros hasta tanto la patronal acceda a cumplir con lo que a la postre fueron sus ofrecimientos.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne anunció un cese de actividades en los frigoríficos de todo el país para el próximo miércoles 10 de agosto, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria al reclamo de unificación de la escala salarial del básico de convenio en la próxima audiencia a realizarse el lunes 8 en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados cuentan con más de 50.000 afiliados y más de 50 seccionales en todo el país. Nuclea a trabajadores de la carne, tanto roja como avícola.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA), gremio enrolado a nivel nacional en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), comenzó el lunes 1º de agosto un segundo paro consecutivo de 120 horas.
Es la segunda semana consecutiva que toman la misma medida de 5 días de paro contra las políticas de la gobernadora Alicia Kirchner, quien aún no paga los aguinaldos a los profesionales de la salud y les impide participar de la paritaria sectorial.
El paro es además en contra de la Ley de emergencia sanitaria, en contra de aumentos por decreto, en negro y en reclamo de aumentos salariales al sueldo básico.
Los gremios docentes llegaron al Ministerio de Trabajo el miércoles con la intención de debatir la posibilidad de reabrir las paritarias sectoriales ante los elevados índices de inflación del primer semestre. El tamaño de la ilusión fue proporcional a la decepción con la que abandonaron el encuentro en el que la rediscusión salarial terminó por ser un tema vedado.
“La reunión no fue buena y no se habló de paritarias. Nos dejó preocupados por lo que en los próximos días vamos a analizar cuándo tomar una medida de fuerza”, indicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. El sindicalista señaló que otro punto que “dejó preocupados a los docentes” se vincula con la jubilación ya que según alertó, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de que “la edad jubilatoria de las docentes pase de 57 a 65 años”.
El Gobierno espera congelar los pedidos de reapertura de negociaciones salariales a partir de la multimillonaria concesión a las obras sociales sindicales anunciada el día anterior. Por lo pronto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, avisó que el Ejecutivo no validará una renegociación de las paritarias y dijo, una vez más, estar esperanzado en que la inflación seguirá un curso descendente.
Apenas unas horas aguardaron los referentes del sindicalismo peronista para salir a marcar límites concretos a la tregua que el Gobierno interpreta haber obtenido de los gremios a partir del anuncio de la implementación de un mecanismo de devolución de $ 30.000 millones adeudados a las obras sociales.
Son múltiples y variados los elementos que lo anticipan. Por una parte, el impacto real del anuncio de Mauricio Macri en la caja que administran las prestadoras médicas sindicales. "Es un caramelo que no existe. Mucho costo público para poco resultado", se sinceró un dirigente. Se refería a que la decisión del Ejecutivo solo garantiza a los gremios la devolución constante y sonante de $ 2.704 millones, apenas el 10% de la histórica deuda que reclaman desde hace más de una década. Y advierte, con preocupación, sobre la creación del fondo de emergencias ante catástrofes o epidemias, que administrará una caja de $ 4.500 millones, cuyo reparto entre las obras sociales estará sujeto a la discrecionalidad de las autoridades de salud. "Será una herramienta para disciplinarnos", se quejó otro gremialista.
También Hugo Moyano, el gran ausente en el acto del martes en la Casa Rosada, presiona para pasar a la ofensiva en el enfrentamiento con la administración macrista, ya sea con una marcha o un paro nacional, convencido que ya expiró el período de gracia que merecía el nuevo gobierno. "No hay pacto, no hay tregua, Macri no compró ninguna paz social", replican en su tropa.
Razones sobran. Según el relevamiento de la CGT Azopardo, la inflación de julio se ubicó en 3,1 % y acumuló un incremento del 45,8 % interanual. El Observatorio de datos económicos y sociales de la entidad sindical registró que una familia con dos hijos necesita 12.797 pesos para no ser pobre y 5.588 pesos para no caer en situación de indigencia.
Un documento de Consumidores Libres, que preside el ex legislador Héctor Polino, incluyó un detalle de los productos con mayores aumentos en los primeros siete meses del año. El aceite lidera la lista de 38 productos con un alza del 97,5 %. En el listado continuaron la acelga, con un incremento de 87,2 %, la polenta (80,9 por ciento), el tomate perita (77,9 por ciento), el café (63), la carne corte paleta (52,1), el detergente (49,4), el pan (45,9) y los huevos (41,5).

Suspensiones y despidos

El secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos de Catamarca, Walter González, dio cuenta de que dos firmas radicadas en esa provincia avanzaron con despidos y suspensiones. Se trata de IPC y Tevinor.
El gremialista advirtió que si bien no son artículos de primera necesidad, producto de la acumulación de stock, hay bajas en las ventas. González comentó que la firma Tevinor (fábrica de telas plásticas), empresa que cuenta con alrededor de 200 empleados, “ha procedido a suspender al personal dos días a la semana”. Además, afirmó que a los trabajadores se les abonará el 75 % de los haberes.
Por otra parte, en lo que respecta a la firma IPC (Industrias Plásticas Catamarca, reconocida por fabricar cds, dvds y blu-rays), dio de baja a 10 trabajadores en julio. “El mes pasado, de 50 trabajadores, pasó a tener 40 aproximadamente”, indicó el gremialista.
En Coteca suspendieron a sus trabajadores por 30 días, esta medida se debe a la gran cantidad de producción que tiene y no puede vender. La empresa Bernardo Lewin que está ubicada en la Valle Viejo, suspendió una semana más a sus operarios. Yersiplast, está a punto de declarar la crisis preventiva y ya se colgaron carteles de retiros voluntarios.
También en Catamarca, la empresa de electrodomésticos Longvie anunció la suspensión de 125 de sus operarios debido a las caídas en las ventas y la acumulación de stock.
Las suspensiones serán durante los meses de agosto y setiembre, y no se trabajará los jueves y viernes.
Gerónimo “Momo” Venegas sigue en proceso de buscar los respaldos necesarios para conducir la CGT, mientras sus hombres en la gestión siguen con los despidos sin causa.
“Nos dijeron que los despidos tienen que ver con la necesidad de reducir el personal a una tercera parte”, confirmó Dolores Plaza, jefa de prensa en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), afiliada a ATE, una de los 14 empleados cesanteados entre jueves y viernes.
La misma suerte corrió ya una parte de los 800 trabajadores del organismo pasibles de ser despedidos en todo el país, tras un sórdido acuerdo entre UPCN y el gobierno nacional que abrió la puerta para el recorte de personal.
Ambas entidades sortearon el artículo 19 de la ley 26.727 que en 2011 creó el registro encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales y evitar la trata de personas. Allí se establece que cualquier empleado despedido del RENATEA debe ser reubicado en otro organismo del Estado.
Lo curioso, es que este universo de 800 trabajadores ingresaron al organismo durante los años en que el militante de Cambiemos y jefe del sindicato UATRE, Gerónimo Venegas, perdió el control de la fiscalización que ahora realiza el Estado. Entre ellos, los 14 trabajadores de Salta.
“Algunos de nosotros vamos a judicializar el despido y no vamos a aceptar ninguna oferta compensatoria. Entendemos que somos trabajadores del Estado despedidos sin ningún tipo de razón. Nosotros pertenecemos a ATE, pero RENATEA no nos reconoce como afiliados y no nos hace los descuentos. Vamos a avanzar desde lo gremial y lo judicial”, confirmó Plaza.
En Mar del Plata acordaron la reducción del horario de trabajo en la fábrica de calefactores Eskabe, donde prestan servicio más de 200 trabajadores y que por el momento, de frente a una caída en las ventas, evitó suspensiones y despidos.

Denuncian política pro empresaria y la criminalización de la protesta social

El Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con la firma de su titular, Ricardo J. Cornaglia, advierte que la justicia del trabajo viene siendo objeto de un trato peyorativo, al mismo tiempo que se deja de proveer los recursos humanos y materiales para que pueda cumplir su cometido. Prueba de ello es la falta de provisión de los cargos de los magistrados, permaneciendo vacantes los puestos de desempeño, por incuria del Poder Ejecutivo en la elevación de los pliegos.
A comienzos de junio pasado, estaban vacantes 29 Juzgados de Primera Instancia sobre un total de 80 y 8 vocalías de distintas salas de la Cámara sobre un total de 30.
Se reitera en la ocasión la política económica que a partir de una extorsión montada sobre la crisis, hizo pagar los costos del ajuste a los trabajadores reeditando el discurso y propiciando las mismas herramientas de flexibilidad que llevaron al país a una tasa de desempleo superior al 20 % y propiciaron la tercerización y el fraude laboral y previsional que hoy impera.
Manifestaciones del presidente de la República, (recogidas el domingo 24 de julio en el diario La Nación) en las que expresa que una de las dos condiciones que esperan las inversiones para concretarse es "...una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte", alientan un lamentable enfoque clasista que no puede ignorar ese estado de cosas.
Acompaña a este proceso los anuncios, que pasan por otra nueva reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, que se alienta desde sectores de gobierno, proponiendo el cese de la competencia laboral en los juicios de reparación de daños por infortunios propios de accidentes de trabajo y enfermedades causadas por el trabajo.
La campaña mediática referida a la llamada industria del juicio, acompaña a una política económica pro empresaria, que pretende socializar los costos de las reparaciones por daños resultantes tanto de la actividad lícita como la ilícita de los apropiadores del trabajo.
Por lo demás, el mantenimiento de la legislación que inconstitucionalmente veda a los trabajadores, la actualización del valor de sus créditos y el sostenimiento judicial de tasas de interés, hace posible que con la morosidad sistemática en la judicialización de los daños por despidos e infortunios de trabajo, eternizadas en prologados y burocráticos procesos que sirven para financiar a empresarios deudores y sus aseguradoras. Son esas las causas objetivas que hacen que la justicia del trabajo sufra el recargo de tareas que padece, y los créditos alimentarios que en ella se procesan, se licúen a precio vil.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restringe la potestad del derecho de huelga, un juez chaqueño emitió un fallo que ordena a los gremios provinciales a avisar con 48 horas de antelación cualquier medida de fuerza.
El juez Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, amplió una medida cautelar dictada en relación a la responsabilidad de áreas de gobierno en la prestación de servicios públicos y dispuso que los gremios informen “los días en que se llevarán a cabo las medidas de fuerza con una antelación de 48 horas del inicio de las mismas”.
El fallo alude expresamente a la responsabilidad de las asociaciones gremiales vinculadas con la Salud Pública: “Unión personal Civil de la Provincia (UPCP), Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud (Aptasch), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Gremial Médica Hospitalaria del Chaco y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”.
El día lunes 11 de julio tres trabajadores pertenecientes a la Coordinación General Técnica Operativa de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, dependiente del vice ministro Pedro Lacoste, fueron incluidos en un sumario administrativo. Les adjudican maltratos y prácticas intimidatorias durante medidas de fuerza votadas en asambleas por la reincorporación de los 150 despedidos en Hacienda, en el marco de una política general de despidos en el Estado. Según la Junta Interna ATE-Mecon, las medidas dispuestas apuntan a establecer un gravoso precedente contra el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, mediante causas armadas y sin prueba alguna.
La amenaza de sanción de Gerardo Morales hacia los obreros y su organización sindical se hizo realidad: multó con $ 2.355.260 al Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma-SOEAIL, por no acatar la conciliación obligatoria.
Este accionar contra la organización sindical de los trabajadores es grave, ya que es un paso más en la escalada criminalizadora de la protesta y en contra derechos elementales en esta provincia.
Blaquier no pagará los días de paro, el Gobernador Morales sanciona al sindicato y amenazan sus portavoces con no pagar a los estatales que, tanto como los azucareros, dieron un claro mensaje en contra del techo salarial a pesar de las amenazas y persecución.
El martes comenzaron un paro por 48 horas. También hubo una movilización y radio abierta para repudiar los tarifazos y al 11% de aumento de salarial "liquidado compulsivamente por el gobierno de Morales".

Un par buenas

Finalmente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desistió de detener a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien se negó a asistir a la declaración indagatoria a la que había sido citada en el marco de la causa “Sueños Compartidos”.
La masiva movilización que acompañó a las Madres en su tradicional ronda de los jueves y luego hasta la sede de la Asociación obligó al juez a desistir de su intención.
El Juzgado 4 de Garantías, a cargo de la Jueza Alonso, sobreseyó en el día de ayer a los trabajadores de prensa y gráficos, que enfrentaban una causa penal iniciada por el grupo Vila-Manzano en 2013.
Maximiliano Ríos y Luciano Grenon, ambos del Sindicato de Prensa de Mendoza, junto a Miguel Iademarco (Fatpren) y Manuel Molina, del sindicato gráfico, habían sido denunciados por la patronal de UNO Medios tras una olla popular realizada el 13 de septiembre de 2013 en las puertas de ese diario.
La Justicia ha dictado una resolución cautelar de reinstalación laboral del trabajador José Gómez, despedido de la planta Alcorta de Coca-Cola el 29 de marzo de este año. La medida se otorga por encontrar suficiente indicio de que el despido respondía a una causal de carácter discriminatorio por razones gremiales e ideológicas por tener un rol destacado en la invitación a la marcha del 40° aniversario de repudio al golpe de Estado de 1976.
Esta reinstalación, de carácter provisorio hasta el dictado de la sentencia final, se suma a las ocho sentencias de reinstalación cautelar de trabajadores que al igual que José Gómez fueran despedidos en forma discriminatoria, debiendo la empresa Coca Cola reincorporar en sus puestos de trabajo en la Planta Alcorta a Walter Lell, Gastón Borda, Cristian Durán, Jonathan Mendoza, Mario Fernández y Gabriel Zapata, como también a Sandro Giménez de la de planta Monte Grande.

Mario Hernandez

Fuentes: www.sipreba.org, www.infogremiales.com.ar, www.cronista.com, www.pagina12.com.ar, www.diariobae.com, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Observatorio del Derecho Social, El Trabajador del Estado.