A pesar de los improperios, la maratónica audiencia del Congreso que interrogó al ministro de Energía, Juan Aranguren, fue en lo esencial un acto de encubrimiento en favor de los gestores del tarifazo. Al realizar esta audiencia, los partidos de la oposición evitaron tratar cualquier resolución que anulara los aumentos. Esto fue lo que el bloque de Massa le “consiguió” al gobierno en la última sesión plenaria; a saber, que la intervención parlamentaria contra las tarifas no pasara de una andanada de discursos -como ocurrió, precisamente, en las ocho largas horas del martes 16.
De todos modos, la audiencia desnudó el verdadero carácter del tarifazo, y la complicidad de los actuales “opositores” en la confiscación a los usuarios y en el vaciamiento energético. A poco de andar, el debate se concentró en la cuestión crucial: que los “liberales” y partidarios “del mercado” le están reconociendo a los pulpos un valor de extracción del petróleo superior en un 50% al precio internacional, y que el precio del gas en boca de pozo duplica o triplica, según el caso, al del mercado americano. Los subsidios -presentados por opositores y oficialistas como si tuvieran un destino “social”- sostienen, en realidad, al puñado de monopolios petroleros que han apelado al rescate estatal para zafar del derrumbe de los precios internacionales de los hidrocarburos. En su exposición, Néstor Pitrola citó una información aportada por un director de YPF a sus accionistas extranjeros, dando cuenta de un costo de extracción del petróleo de 12 dólares el barril -¡menos del 20% de lo que reciben hoy los pulpos! Naturalmente, Aranguren se negó a responder sobre la cuestión crucial de cuáles son los reales costos de producción del petróleo y el gas. En la audiencia se filtraron las evidencias de un gigantesco rescate al capital, que han pagado trabajadores y consumidores.
Kirchnerismo
Aranguren fue certero, sin embargo, cuando explicó que los sobreprecios que cobran los monopolios petroleros “no los pusimos nosotros, sino el ministro (Axel) Kicillof”. En efecto, el tarifazo nació bajo el gobierno “nacional y popular”. Después de consentir el vaciamiento de las reservas energéticas en beneficio de Repsol y de empresarios “amigos” (Ezkenazi), el kirchnerismo reestatizó parcialmente YPF para trazar otra asociación estratégica con el capital internacional, esta vez, de la mano de Chevron y otras petroleras. Los K financiaron esta nueva alianza a costa de tarifazos en las naftas, por un lado, y premiaron con sobreprecios a la extracción de gas y petróleo, por el otro. En la larga audiencia, Aranguren reivindicó esta política de los K, y Kicillof se encargó de explicarla: “Lo hicimos para recuperar la producción de hidrocarburos”. Pero ¿no es ése el argumento de Aranguren-Macri? Los grupos petroleros extorsionan al país con el vaciamiento energético que ellos mismos provocaron. Nuestra intervención puso de relieve también el encubrimiento macrista de los subsidios kirchneristas: Aranguren dijo “no dispongo de esas cifras”, ante el requerimiento del destino de los 30 mil millones de dólares de subsidios que recibieron las operadoras de la energía en los últimos 15 años. El tarifazo a libro cerrado es política de Estado, sea más o menos gradual. Abrir sus libros es la política de la clase obrera.
Coalición del tarifazo
La ausencia de De Vido en la interpelación del martes fue sólo el síntoma de una deserción más amplia. Mientras los “opositores” se desgañitaban contra Aranguren, sus gobernadores -sean del PJ, del FpV o del massismo- hacían cola ante el gobierno para refrendar el tarifazo. En el caso de las provincias petroleras, los Sapag y otros temen que un freno a los aumentos reduzca las regalías petroleras y mine los ingresos de sus tesoros en quiebra. En vez de sacar a la luz los negociados de la patria contratista (¡López tenía socios en todos lados!), prefieren transferirle la bancarrota a trabajadores y usuarios. Entre estos distritos, está la kirchnerista Santa Cruz. En el caso de las provincias no petroleras, el apoyo al tarifazo corre a cuenta de la devolución de los fondos coparticipables, que el gobierno saca de la caja de los jubilados. No sorprende, en este cuadro, la brutal presión política y mediática sobre la Corte Suprema, para que el fallo de este jueves convalide el tarifazo. Los defensores de la “independencia de poderes” y el “republicanismo” no han vacilado, en los últimos días, en exigir prescindencia a los máximos jueces. La neutralización del Congreso y de la Corte, en esta cuestión, es una prueba de fuerza que se proyecta de cara a toda la agenda antiobrera y entreguista que se viene.
La lucha contra el tarifazo tuvo otra gran borrada: la de la burocracia sindical, que no ha abierto la boca en toda esta crisis. Una parte de los burócratas de los sindicatos de energía y de servicios públicos- aspiran a salvar sus paritarias con los aumentos de tarifas. Los tarifazos, sin embargo, no han impedido las paritarias a la baja, ni tampoco las suspensiones y despidos. Aranguren justificó los aumentos en nombre de “los puestos de trabajo” en la industria petrolera. Pero los despidos en los yacimientos no cesan -y provocaron una oleada de ocupaciones de pozos entre los petroleros del sur. En verdad, los tarifazos no han “salvado el empleo”, sino que financiaron transferencias y reconversiones empresarias a costa de los trabajadores y sus conquistas.
El tarifazo ha puesto de manifiesto la completa caducidad del régimen de privatizaciones que armó el menemismo en los ’90. Este régimen debutó con la dolarización de tarifas y un masivo endeudamiento público y privado; luego fue rescatado por el kirchnerismo, cuando subsidió a los privatizadores y toleró la más completa desinversión, y ahora pretende revivirlo el macrismo a costa de tarifazos y de un nuevo hipotecamiento nacional.
El más elemental interés nacional plantea el pasaje al control público de toda la industria petrolera, y destinar los recursos estatales, no al rescate de los parásitos, sino de la recuperación del patrimonio energético. Este es el programa que defendieron nuestros diputados y sostuvimos en las calles. La lucha por la anulación del tarifazo y por la reapertura de las paritarias son las cuestiones centrales que motorizan el reclamo por un paro nacional y un plan de lucha, que el clasismo levantó en la gran jornada del pasado 9 de agosto.
Marcelo Ramal
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