La decisión de la Corte Suprema golpeó el “plan” económico. La recesión es persistente, gracias a lo cual cede la inflación. El panorama social es sombrío. El macrismo insistirá con el ajuste.
Desde que asumió, en estrecha relación con su naturaleza empresaria con un gabinete dominado por los CEO, Cambiemos está buscando asestar un fuerte ajuste al pueblo trabajador. Avanza tanto como se lo permite la relación de fuerzas entre las clases sociales.
El fallo de la Corte Suprema frenando el tarifazo obliga al gobierno a recalcular el camino emprendido, no a cambiar el destino del ataque. Y también implica un “homenaje” a esa relación de fuerzas en un contexto de malestar social creciente.
El freno al tarifazo es momentáneo. El gobierno buscará tener luego de las audiencias públicas de septiembre nuevos precios para el gas domiciliario, que aunque podrían ser algo menores a modo de reconocimiento del “error” del cuadro tarifario que quiso imponer originalmente, ratifiquen en lo esencial el aumento.
El futuro es abierto. Las audiencias pueden dejar al descubierto los fabulosos negocios de las empresas petroleras. Entre muchas otros “secretos”, el gobierno deberá explicar por qué en Argentina el precio en boca de pozo se paga casi el doble que su cotización internacional.
No solo eso. Puede ser la oportunidad para que la movilización popular exprese el creciente rechazo a los tarifazos. Además, podría haber más fallos adversos en la electricidad y por los reclamos empresarios no contemplados por el freno a la suba del gas.
La Corte Suprema no quiso poner un límite al ajuste, sino un marco político que legitime su aplicación, ya sea gradual o de shock, preservando las instituciones del Estado burgués. No obstante, obligó a “barajar y dar de nuevo” reconociendo la crítica situación que atraviesa el país.
Un panorama social sombrío
El primer dato de desocupación dado a conocer por el Indec ubica el índice próximo al 10 % en el segundo trimestre del año. Son casi 1,2 millones de personas que buscan trabajo y no lo consiguen.
Sumando la desocupación (1,2 millones), la subocupación (1,4 millones) y el empleo en "negro" (3,8 millones) existe 6,4 millones de personas con problemas de empleo. Incluso, faltaría ver cuantos desalentados por patear las calles sin conseguir empleo no entran en las estadísticas.
Seguramente las cifras desaten un debate sobre qué proporción de los desocupados corresponde al kirchnerismo y cuál al macrismo.
Durante el gobierno anterior la manipulación de las estadísticas públicas se utilizó para simular una baja desocupación y pobreza, llegando a publicar cifras irrisorias como aquellas que indicaban prácticamente la eliminación de la pobreza en Salta, La Rioja o el Gran La Plata o de la indigencia en el norte del país.
No obstante, el macrismo empieza a tener una fuerte responsabilidad. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo indican que se perdieron 106.944 puesto de trabajo en el sector privado entre diciembre y mayo. La consultora Tendencias Económicas contabilizó hasta junio 160 mil despidos con la nueva gestión.
Los trabajadores no registrados (en “negro”) directamente quedan invisibilidades en la mayoría de las estadísticas. Seguramente allí donde la indemnización no corre, la sangría de empleos sea mayor.
Para la Universidad Católica Argentina entre diciembre y abril, en función de sus ingresos, cayeron en la indigencia 400 mil personas y en la pobreza 1,4 millones, totalizando el 32,6% de la población.
Pero los pobres estructurales (cuando además de los ingresos se consideran otras carencias) eran 20 millones en 2015, casi la mitad de la población del país. Una “herencia” que el macrismo profundiza día a día.
El salario en el centro del ataque
Cuando se empiecen a conocer los datos de inflación de agosto el gobierno podrá mostrar un raro logro. La mayoría de las consultoras anticipan que los precios subirán por debajo del 2 % en el octavo mes del año. Hay que recordar que hubo picos cercanos al 7 % en abril.
La desaceleración inflacionaria no se explica por el éxito de la política monetaria del Banco Central para detener la suba de precios, sino por cómo se insertan las altas tasas de interés (hace unas semanas comenzó a bajarlas) que sostuvo la entidad monetaria en el programa económico recesivo más general aplicado desde la devaluación de diciembre.
Aun con la desaceleración, la inflación anual seguirá por encima del 40 % y podría calentarse nuevamente cuando los aumentos de tarifas se apliquen plenamente. Hay que agregar que según Indec los precios mayoristas de julio subieron 2,7 % (acumulan 30,2 % en el año). Esas subas intentarán ser trasladadas a los consumidores de acuerdo a la lógica intrínseca de las empresas. El déficit fiscal (vía emisión monetaria) también podría actuar en contra de que la desaceleración pueda sostenerse en el tiempo. Por lo cual, no están descartadas nuevas rondas de remarcación de precios.
Las paritarias cerraron en promedio en el orden del 33 %, pero su aplicación en cuotas hace que el efecto final sea menor a ese por porcentaje.
El Centro Cifra, que responde a la CTA dirigida por Hugo Yasky, estima que durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%.
Otros cálculos, como el del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) impulsado por la CGT y la CTA o el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, llegan a números similares.
Para Cifra, en el escenario de mayor inflación, 2016 concluirá con una pérdida del salario real de 7,1 %. En el mejor escenario, en el cual la desaceleración se sostiene, el salario real perderá 4,3 % en el balance de todo el año. Un detalle curioso: es un resultado similar al que obtuvo Axel Kicillof con la devaluación durante 2014.
Se trata de resultados módicos para las ambiciones empresarias.
Discordancia de los tiempos
Para el gobierno de Cambiemos la postergación del tarifazo es un golpe a sus objetivos. En particular aplaza la reducción del déficit fiscal, que está estrechamente vinculada a la posibilidad de crear el clima de negocios basado en variables macroeconómicas ordenadas como piden los inversores que no terminan de llegar.
Es más, la salida de capitales por remisión de ganancias y fuga fue persistente durante los primeros seis meses. Es todo un símbolo de la “confianza” en su gobierno.
El capital financiero internacional (J.P. Morgan y compañía), que está bancando al macrismo con préstamos para cancelar a los fondos buitres y financiar el déficit fiscal, también ve con urgencia la reducción del gasto público para liberar recursos que permitan el repago de la deuda externa que pegó un salto notorio en lo que va del año.
La postergación del tarifazo tampoco es gratis a los tiempos políticos. Utilizando el “manual” del kirchnerismo, el gobierno esperaba inducir algún tipo de reactivación hacia las elecciones de medio término con el empuje de la obra pública, acomodando las cuentas estatales a las necesidades electorales.
El tiempo del ajuste, establecido para 2016, se va agotando. El déficit fiscal está en aumento en comparación con la “herencia” kirchnerista, en parte porque la recesión comprime los ingresos públicos y en parte porque los intereses de la deuda elevan significativamente los gastos.
José Luis Espert, un “talibán” de los economistas ultra liberales, cree que "la estrategia de Macri es endeudar al país todo lo que se pueda para financiar el déficit, pero no bajar el gasto público".
Se acerca peligrosamente el 2017 sin reactivación a la vista ni cuentas públicas que permitan gastar discrecionalmente para atraer votos. En estas circunstancias, el capital financiero internacional aumentará su cotización para seguir bancando las chances electorales de Cambiemos con deuda externa.
Es una hipoteca, presente y futura, que requerirá ajustes crecientes. Hay que prepararse para resistir los planes capitalistas con renovadas fuerzas.
Pablo Anino
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