Los matutinos del domingo no vacilan en señalar que el gobierno enfrenta una crisis política en regla, como resultado del empantamiento del tarifazo en la luz y el gas. La decisión de la Corte está aún por verse. Si terminara limitando los aumentos, o declarando que no pueden ser retroactivos, el gobierno afirma que tendrá que poner 80.000 millones de pesos de subsidios. Los voceros del gabinete amenazan con interrumpir todos los planes de obra pública, los cuales, de todos modos, siguen frenados. La advertencia oficial por el agujero fiscal no existió, sin embargo, a la hora de declararle el jubileo impositivo al capital sojero o a las mineras.
Pero el dato más relevante de la crisis lo han aportado, en las últimas horas, el “grupo de los ex secretarios de Energía”, o sea, los privatizadores del menemismo y la Alianza. Según “La Nación”, ellos habrían coincidido con Aranguren en que “hay que hacer converger los precios mayoristas locales de gas y petróleo con los precios internacionales” (14/8). La misma fuente señala algo conocido: que el petróleo crudo se paga en la Argentina a 67 u$s el barril, cuando la cotización internacional es de 42 u$s. Y que los pulpos que extraen gas en la Argentina reciben entre 5 y 7,5 u$s la unidad calórica, cuando en Estados Unidos vale 2, 5 dólares. Sin decirlo, los ex secretarios señalan que los gigantescos subsidios energéticos –que representan hoy el 75% del déficit fiscal- constituyen un subsidio liso y llano a los monopolios petroleros. Lo que tampoco dicen estos técnicos es que esos sobreprecios fueron concedidos inicialmente por el kirchnerismo, como parte de los beneficios extraordinarios que acompañaron a toda la cadena petrolera a partir de la seudoestatización ypefiana de Galuccio-Kicillof. Los programas gas plus duplicaron o triplicaron la recompensa de los productores en boca de pozo. En el caso del petróleo, los valores de extracción se “atornillaron” cuando el crudo comenzó a desplomarse en el mercado internacional. Ese rescate fue transferido integralmente a los consumidores: en el periodo en el cual el petróleo cayó de 100 a 50 u$s el barril, los precios de las naftas subieron un 80% en el mercado local.
El actual tarifazo, por lo tanto, es una “herencia recibida” que el macrismo no denuncia como tal, y por una clara razón: el gobierno tiene toda la intención de sostener este rescate a los monopolios petroleros, sólo que aspira a que su costo resulte bancado directamente por los usuarios de gas y de luz. Es significativo que los voceros de la industria petrolera teman que las audiencias públicas que podría imponer la justicia abarquen, no sólo a las tarifas de distribución y transporte de energía, sino también a su producción básica. Es que el debate público de la cuestión haría ventilar esta cuestión de fondo –a saber, que lo que está en discusión es el salvataje a un puñado de pulpos petroleros.
No es la primera vez que Aranguren desliza la posición de recortar o eliminar el subsidio a estos pulpos. Algunos lo atribuyen a su condición de accionista de Shell, que en Argentina es esencialmente refinadora (y, por lo tanto, clienta –y no productora- de hidrocarburos). Otra versión, más aguda, indica que el debate sobre el precio del gas y el petróleo tiene como telón de fondo a la lucha por un nuevo reparto de las concesiones petroleras, en perjuicio de algunos de los “barones” ya establecidos (y a los que el kirchnerismo benefició con contratos leoninos) y en favor de operadores internacionales que quieren ingresar. Como ya ocurre en Estados Unidos, la caída del precio del petróleo es el escenario propicio para este ajuste de cuentas entre capitalistas, pues conduce a la quiebra de los menos poderosos y a la concentración del negocio.
Los defensores de la actual política alegan que, de no existir los sobreprecios del petróleo y el gas, “las empresas despedirían a miles de trabajadores”. Pero eso ya está ocurriendo ahora, como se demostró en las recientes ocupaciones de pozos en Santa Cruz. Los pulpos utilizan los subsidios, no para remontar la producción, sino para financiar su retirada o afrontar deudas. Es lo que ocurre, en primer lugar, con YPF, que ha acumulado una hipoteca de 7.500 millones de dólares en los últimos años y, a pesar de los tarifazos, ha reducido sus planes de inversión.
Una hipotética reducción o eliminación de los subsidios sería respondida, con seguridad, con un lock out patronal aún mayor. En previsión de ello, los ex secretarios y la oposición pejotista y massista defenderán el “gradualismo”, que en estas circunstancias no es más que la transferencia progresiva a los consumidores del rescate de los pulpos.
En definitiva, el debate sobre el tarifazo ha desnudado qué es lo que realmente está en juego: quieren que los consumidores y trabajadores paguemos el pulmotor de quienes vaciaron de reservas energéticas al país a lo largo de dos décadas. Y que financiemos, también, un proceso despiadado de concentración de esos mismos pulpos, cuya consecuencia será la de mayores despidos y mayores confiscaciones a los consumidores.
En oposición a esta estafa, reclamamos la apertura integral de todas las cuentas y costos de la industria energética, desde la producción a la distribución. La crisis actual plantea, como nunca, la nacionalización integral de la industria, en el cuadro de un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.
Marcelo Ramal
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