En su afán de salvar la política del tarifazo y el esquema de las empresas privatizadas, la Corte Suprema ha emitido un fallo contradictorio, que posterga la resolución de la crisis en curso. El fallo no cumple la función elemental de cerrar la litigiosidad en materia tarifaria, dejando abierta la posibilidad de nuevas presentaciones judiciales y amparos de los tribunales y jueces inferiores. Sucede que aunque el gobierno afirmó en una conferencia de prensa de Marcos Peña y Aranguren que el aumento está vigente para los usuarios no residenciales, el fallo de la Corte no les niega a éstos la posibilidad de recurrir a nuevas presentaciones judiciales en rechazo a los aumentos que reciban.
La cuestión del alcance del fallo tiene una importancia decisiva. La Corte determinó que sólo los usuarios residenciales tienen la “homogeneidad” necesaria que requiere un fallo de alcance colectivo. De este modo deja abierta presentaciones particulares de los usuarios mayoristas, que podrían rápidamente poblar los tribunales de todo el país con pedidos de amparo. Debe tenerse en cuenta que los usuarios mayoristas representan más de dos tercios del consumo total. Además, dado que la generación de electricidad tiene como uno de los costos principales el gas, la aplicación del aumento del 500% a las usinas termoeléctricas presionará fuertemente al tarifazo eléctrico.
El gobierno saludó que la Corte Suprema reconozca la potestad Poder Ejecutivo para determinar la política tarificaría. Sin embargo, agregó que dicha política debe ser razonable, pues debe relacionar el aumento tarifario con la posibilidad de pago de los usuarios. Pero al no establecer una ponderación concreta de esa relación, deja planteada otra vez la posibilidad de nuevas presentaciones judiciales, incluso en el caso de que realicen las audiencias públicas.
Así las cosas, la Corte Suprema no ha querido asumir el papel de arbitraje que la crisis reclamaba, para lo cual ha caído incluso en la incongruencia. Es que es insoslayable la contradicción de exigir audiencias públicas para determinar el valor de la tarifa, incluído el del gas en boca de pozo, con la dejar abierta la posibilidad de que el gobierno mantenga el tarifazo para una franja de los usuarios. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si en la audiencia pública se demuestra que el valor de extracción del gas a boca de pozo es menor al declarado por las empresas petroleras y el gobierno?
Aunque las audiencias públicas tienen un carácter no vinculante, su sola realización plantea un cuadro de agitación política y social importante. Esto vale, antes que nada, para la pretensión de las petroleras de cobrar por la extracción del gas a boca de pozo un precio 200% superior al internacional. También se le planteará a las empresas encargadas de la distribución y traslado, la necesidad de rendir cuentas sobre los subsidios recibidos, que en total alcanzan el medio billón de pesos, aunque durante este período no han invertido un peso como lo prueba el vaciamiento energético al que Argentina ha sido sometida.
El carácter precario y contradictorio del fallo de la Corte Suprema es el resultado del impasse económico en el que se encuentra el país, y que supera por lejos la posibilidad de arbitraje de la Justicia, que no tiene un programa para enfrentar una bancarrota de proporciones.
El gobierno, que había declarado no tener un plan B si la Corte fallaba en su contra, ahora buscará mantener la rentabilidad de las empresas privatizadas y de las petroleras mediante nuevos y mayores subisidios, que según había admitido agravarán la inflación confiscatoria que sufren los trabajadores. El gobierno también había anticipado que el mantenimiento de los subsidios sería a costa de la obra pública, es decir, que serán motivos de una mayor recesión económica.
El fallo de la Corte Suprema, al final de cuentas, deja planteada una crisis y a término, la instrumentación del tarifazo. En oposición a esta orientación, hay que aprovechar la crisis para plantear una salida de fondo. Para que las audiencias públicas cumplan su función es necesario una auditoría independiente sobre los costos de generación de energía, transporte y distribución, y una rendición de cuentas sobre lo hecho con los subsidios. Al sostenimiento de un sistema basado en empresas de servicio privatizadas y monopolios petroleros internacionales que reclaman de subsidios del Estado y los consumidores, le oponemos la nacionalización integral de los recursos energéticos para un plan de desarrollo económico y social del país.
Gabriel Solano
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