Indudablemente, la agenda política nacional está dominada por la crisis social y las manifestaciones de inquietud obrera y popular frente a esa crisis. Después de los paros docentes por la reapertura de las paritarias en siete provincias, los petroleros del sur reaccionaron a una nueva escalada de despidos con la ocupación de los pozos. La semana comenzó con la marcha de organizaciones sociales que lideró la Iglesia desde San Cayetano; luego irrumpió la marcha de los sindicatos clasistas y de izquierda de este martes 9 y, cuando esta edición de Prensa Obrera esté en la calle, se estará desarrollando un paro nacional de ATE.
Las manifestaciones populares se combinan con una crisis política inocultable, que alcanza al Estado y a la propia coalición de gobierno. La manifestación más clara de esa fractura es el impasse de los tarifazos. La decisión oficial de limitar los aumentos del gas a “sólo” el 400% no paró los efectos de las medidas judiciales, las cuales, a su vez, tomaron nota de los cacerolazos masivos. La Corte le echará largas al asunto, manteniendo en los hechos el congelamiento de los valores actuales. Mientras tanto, los aliados del macrismo reclaman la solución “política” -algunos llegan a proponer que se vuelva a fojas cero, para reprogramar los tarifazos en un horizonte mayor de tiempo. Pero un recule, incluso para darle “viabilidad política” al ajuste, constituiría un golpe brutal a la autoridad del gobierno, de cara al capital financiero y a los privatizadores. La perspectiva de los tarifazos ha alentado la valorización bursátil de los pulpos energéticos, e incluso varias transferencias empresarias. Junto a esos movimientos, podría tambalear todo el edificio de capitales especulativos que lucra con la quiebra nacional.
Pero el episodio de las tarifas tiene un significado más amplio. Expresa, sencillamente, que el macrismo no ha reunido las condiciones políticas para imponer a los trabajadores la factura de la bancarrota nacional. Ello no sólo por su precariedad política; también por el alcance de una crisis capitalista de alcance mundial y continental. Mientras esperan la “lluvia de inversiones”, los funcionarios macristas se anotician del derrumbe de la industria automotriz brasileña, a donde van destinados 6 de cada 10 vehículos que se producen en la Argentina.
El impasse económico ha conducido a una fractura política. Los aliados radicales de Macri le proponen un “acuerdo económico y social” para reforzar la capacidad del gobierno de pilotear el ajuste. Antagónicamente, otros socios del gobierno reclaman un “mando económico único” y un reforzamiento autoritario de la figura presidencial para llevar a fondo un ajuste fiscal sin miramientos. En la misma línea, un sector de la patronal exige que la justicia deje de frenar el tarifazo. Las divergencias anticipan una crisis de gabinete.
La CGT y la Iglesia
El progreso de la crisis social agranda el papel de la burocracia sindical como factor de contención de las luchas obreras. El pacto en torno de los fondos de las obras sociales ha sido sólo un mojón en el derrotero de colaboración con el ajuste, que hizo posibles 130.000 despidos y una caída del salario de entre el 10 y el 15% para este año. El hilo conductor de la precaria unidad que tramitan las cúpulas sindicales es la defensa de este pacto con los ajustadores, aún cuando terminen por resolver alguna medida aislada para “cerrar el año”. Pero los mentores de esta unidad burocrática no actúan solos: son los agentes sindicales de una oposición capitalista que sostiene los pilares del ajuste oficial. Eso vale para Massa o Barrick Gioja pero también para Cristina Kirchner, que se declaró “sin vocación opositora” en una entrevista en la cual, además, pidió pista en la reorganización pejotista que encabezan los gobernadores.
A la luz de este cuadro es necesario caracterizar a las manifestaciones populares de estos días. La movilización del domingo 7 de agosto estuvo física y políticamente orientada por la Iglesia, más allá de la participación masiva de organizaciones sociales. En las últimas semanas, el Vaticano ha buscado “cerrar heridas” con el macrismo. Las declaraciones elogiosas de Francisco hacia Macri tuvieron su contrapartida en el compromiso presidencial contra el derecho al aborto. Pero esta colaboración con el gobierno ajustador no exime (y más bien refuerza) la preocupación clerical por dotar a la política de despidos y tarifazos de una contención asistencial. Macri ha reforzado los planes sociales, e incluso diseña un plan de obras comunales en base a trabajadores “cooperativizados” -o sea una gigantesca plataforma precarizadora. Esta orientación marcó la impronta de la marcha de San Cayetano, que no reclamó por un salario igual a la canasta familiar sino “que nadie gane menos del salario mínimo”, que es la cuarta parte de aquella canasta. Una parte de la burocracia sindical se sumó a la procesión para disimular su negativa cerrada a un verdadero plan de lucha. La marcha también pretendió ser el ensayo de un frente político, aunque sus participantes están lejos de coincidir en lo que quieren. Algunos aspiran a formar una coalición centroizquierdista, que no excluya a los restos del kirchnerismo. Otros se postulan como la “pata social” de los Massa o Gioja. El denominador común entre unos y otros es la voluntad de someter a los explotados a una dirección política extraña a sus intereses.
La izquierda
A la luz de lo anterior, la Coordinadora Sindical Clasista acertó al promover la marcha que protagonizaron los sindicatos del clasismo, con el Sutna, la Unión Ferroviaria del Sarmiento, los Sutebas combativos y la AGD-UBA a la cabeza. La movilización del 9 no sólo se diferenció por su programa, que planteó sin tapujos la lucha contra los despidos y el tarifazo y el reclamo urgente por la reapertura de las paritarias. Estuvo asociada al planteo del paro activo nacional y el plan de lucha, es decir a poner al movimiento obrero en pie, como la fuerza social capaz de derrotar el ajuste. En su sola concreción expresó también una estrategia política, al plantear un programa de reivindicaciones y una acción decidida de las organizaciones obreras para imponerlo. Ello constituía una razón de fondo para que la izquierda se empeñara en su éxito y masividad -fue lo que hicieron el PO y la Coordinadora, a través de una enérgica campaña en lugares de trabajo y sindicatos.
En definitiva, lo que está en juego es qué fuerzas sociales y políticas liderarán a la enorme inquietud popular en curso. Una parte de la izquierda -incluso dentro del FIT- está empeñada en cederle ese lugar a los opositores capitalistas, en primer lugar a quienes hasta ayer tenían “sueños compartidos” con Chevron, Milani y la precarización laboral. Si esa orientación prevaleciera constituiría un golpe brutal a lo que hemos conquistado en estos años en términos de independencia política y delimitación del nacionalismo patronal. Por el contrario, sostenemos que el Frente de Izquierda debe colocarse al frente de la lucha contra el ajuste, presentar un programa y una salida anticapitalista al conjunto de los explotados. A partir de esa definición, llamamos a los partidos del Frente de Izquierda a concretar una movilización y un acto masivo al centro del poder político, contra el ajuste de Macri y los gobernadores y por una alternativa política de los trabajadores a la crisis nacional.
Marcelo Ramal
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