Para el movimiento popular que viene planteando la anulación del tarifazo, el fallo de ayer resulta una lección política importante. La intención del macrismo de aplicar el tarifazo sin audiencia pública y en forma directa quedó desautorizada y las empresas deberán refacturar las tarifas del total de los usuarios residenciales del país durante todo el invierno. La Corte ha actuado bajo la enorme presión popular creada contra el tarifazo, que se expresó en movilizaciones masivas.
Pero el objetivo de esta concesión es arbitrar en favor de todo el andamiaje de explotación energética derivado de las privatizaciones, que está en el centro de la actual crisis. La Corte le ofrece al Gobierno puntos estratégicos: el fallo reconoce la potestad del ejecutivo de fijar las tarifas y convalida todo el marco regulatorio energético derivado de las privatizaciones. Por ello, habilita la vía para realizar los tarifazos a través de audiencias públicas que no son vinculantes, y hasta los aumentos de la tarifa del gas en boca de pozo sin audiencia en la medida que el mercado de venta del mismo no sea regulado.
Esta ratificación coloca a la Corte en la fila de los defensores del tarifazo, bien que el fallo señale demagógicamente la necesidad de tarifas “razonables”. Se trata en este caso de la vía “gradual” que señala la oposición patronal. El fallo intenta rescatar un régimen en crisis, que ha llevado al vaciamiento energético actual por la vía de la fuga de utilidades y dividendos y la huelga de inversiones empresarial durante dos décadas.
Incluso la exigencia de audiencias públicas es un espaldarazo para el tarifazo eléctrico en casi todas las provincias del país, donde se han realizado audiencias para elevar las tarifas finales. Se trataría de un aumento “correctamente aplicado”. A partir de este panorama, está claro que el recurso a la justicia para frenar los tarifazos ha mostrado ya sus límites insalvables. ¿Qué política nos fijamos frente al nuevo cuadro?
La concreción de la audiencia pública debe ser explotada como tribuna de agitación política y para el impulso de una movilización. La exigencia de una auditoría independiente de las cuentas empresariales es un punto central para que las audiencias se basen en los costos reales y no en declaraciones juradas de los vaciadores. Las audiencias pondrán en debate el conjunto del régimen de explotación. Son una ocasión para desarrollar una fuerte campaña mostrando los negociados empresariales, por la apertura de cuentas al control popular, y en el extremo por la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores. Este programa ofrece una alternativa frente a la crisis, explotando las inconsistencias del fallo y los choques que abre, que son el resultado de la debilidad de los recursos políticos del Gobierno y la burguesía en su conjunto para aplicar un ajuste de proporciones monumentales.
El fallo, a su turno deja intacto el tarifazo para comercios e industrias. Mas allá de los amparos que puedan presentarse en este punto, el traslado a los precios será inmediato. Las presiones inflacionarias refuerzan la necesidad de un paro nacional contra el ajuste, contra los tarifazos y en defensa del salario y la reapertura de las paritarias. Un planteo opuesto al de la burocracia sindical, la cual batió el record de obsecuencia gubernamental en esta crisis.Un plan de lucha nacional del movimiento obrero sería demoledor para el plan de ajuste del Gobierno: vamos por eso.
Juan Garcia
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