La media sanción de la “ley antidespidos” y la concentración de las cuatro centrales sindicales provocaron un giro en el panorama político.
El escaso timing político del Gobierno o la siempre urgente realidad argentina, lograron cambiar la coyuntura con una rapidez vertiginosa.
Hace más o menos treinta días, las principales voces del peronismo tradicional y pos-kirchnerista acompañaban a Mauricio Macri a la cena de homenaje brindada al presidente de Estados Unidos, Barack Obama y a su esposa. Derrochaban halagos hacia el nuevo despertar del país que venía de la mano del “cambio” y mostraban su predisposición para un pacto de gobernabilidad, necesario para “unir a los argentinos”. Allí estaban Miguel Pichetto, José Luis Gioja y Diego Bossio por el peronismo político; y Antonio Caló y Hugo Moyano, por la rama sindical.
El acuerdo con los fondos buitre puso el moño entreguista a la dulce colaboración y la prensa oficialista se deshacía en elogios hacia las presuntas habilidades de los operadores parlamentarios de la coalición Cambiemos que habían logrado el amplio triunfo en las dos cámaras del Congreso.
Ante la ausencia absoluta de concesiones significativas hacia las mayorías populares y el malestar que el ajuste multiplicaba entre la población, el gobierno impulsó la liberación del “cepo” judicial, para que los magistrados “oficialistas de todos los gobiernos” avancen sobre las causas de corrupción de la administración kirchnerista.
Las revelaciones de los Panama Papers, dejaron al desnudo que en materia de negocios turbios, los funcionarios del gobierno de los gerentes no eran precisamente los más indicados para tirar la primera piedra, sin recibir cascotazos en el lujoso rancho propio.
Entusiasmado y apurado por la guerra fría que mantiene con Cristina Fernández, Claudio Bonadío habilitó un escenario ideal con la convocatoria a declarar a la expresidenta por una causa floja de papeles que le permitió retornar al escenario político y reordenar el siempre movedizo tablero del peronismo.
Hace diez días (el 20 de abril) las comisiones laborales de ambas cámaras del Congreso aprobaron los dictámenes para distintos proyectos de la llamada “ley antidespidos” y la cámara alta le dio media sanción esta semana.
En dos días, el Gobierno sufrió dos reveses significativos, uno parlamentario y otro que tomó la forma de una multitudinaria movilización callejera: la aprobación por amplia mayoría en Senado de la “ley antidespidos” y la concentración masiva convocada por los líderes de las cuatro centrales obreras.
Si la ley antidespidos avanza en Diputados, Mauricio Macri quedará a tiro para la crónica de un veto anunciado y tensará la cuerda con la dirigencia que agitó un proyecto que -hasta en sus versiones más limitadas-, colocaría un cerrojo imposible de aceptar por el capital en tiempos de crisis.
Además, pese a que algunos sindicatos firmaron acuerdos salariales en dos partes (lo que no hace más que patear el problema para adelante, sin resolverlo), los metalúrgicos exigen un aumento del 35 %, el gremio de Aceiteros el 38 % y la CONADU el 40 % retroactivo a marzo. Moyano enunció, en un momento agitado de su calculado discurso, que la inflación podía alcanzar el 40 % este año, lo que de hecho avala estos reclamos alejados del famoso 25 % al que el gobierno aspiraba a comienzos de año.
Las medidas de carácter social anunciadas de forma pragmáticamente intempestiva y como contragolpe a las encuestas, como la batería de ayudas en medicamentos, el aumento del presupuesto a comedores escolar es, la construcción o reparación de rutas y autopistas, obras contra las inundaciones o los planes para construir un millón de viviendas; caen en saco roto, como leves anestesias para una cirugía mayor que saquea el salario cotidianamente. El mismo destino tienen los programas que prometen un futuro empleo precarizado para jóvenes de 18 a 24 años.
Analistas como Manuel Mora y Araujo comienzan a advertir con crudeza que “el paro del viernes 29, la sanción de la ley de despidos contra la voluntad del Ejecutivo, entre otros hechos, contribuyen a poner una certificación de ‘realidad’ a muchos temas de los cuales se habla a diario y a legitimar ante la opinión pública a quienes se movilizan detrás de esos temas. El balance de fuerzas en la arena política empieza ahora a ser negativo para el Gobierno. Los diversos indicadores económicos y sociales no están bien y al Gobierno se lo nota crecientemente proclive a negarlo en lugar de mostrar caminos para mejorarlos”. (Perfil, 30/04)
Y el editorialista del diario más oficialista del macrismo, Julio Blanck, sentencia: “La situación social es el flanco débil del Gobierno en sus primeras veinte semanas de gestión.” (Clarín, 30/04)
Otros comienzan a hablar de los “problemas de comunicación”, un clásico que emerge cuando se presentan obstáculos que son de clara naturaleza política. En política no rige el posmoderno principio de que “el medio es el mensaje”. Cuando el mensaje es pobre, no hay medio que aguante.
Como si no alcanzara con la confusión general, a la coalición gobernante se le escapó su “electrón loco”: Elisa Carrió. La estridente diputada respondió al desafío sindical con la amenaza de presentar un proyecto de ley para que “sindicalistas, titulares de Obras Sociales y de Cámaras Empresariales, estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes”.
“¿Qué se queja de los demás? Si hace 20 años que viene cobrando un sueldo del Estado y no hizo absolutamente nada”, sentenció el líder de los camioneros. Una respuesta en la que el muerto se espanta del degollado.
Funcionarios como Federico Sturzenegger, comienzan a disparar bolufrases como que “la gente ya está siendo mucho más feliz”, porque así lo sentencia el mercado o el jefe de Gabinete que disparó un furcio clasista en la sesión en la que fue interpelado en la Cámara de Diputados: “tenemos que avanzar en un sistema de tarifas y subsidios para proteger a los que más tienen”, aseguró Peña en un ataque de honestidad bruta.
La esperanza del gobierno comienza a reducirse casi exclusivamente a la llegada de inversiones y dólares que permitan evitar una caída mayor de la economía, aunque difícilmente puedan dinamizar su motor que todos estos años se basó en gran parte en el consumo.
Macri también confía en la certeza de que Moyano y el resto de los dirigentes sindicales pueden estar alejados de los “perfumes” de los funcionarios, pero también mantienen una considerable distancia del ruido metálico de la huelga o de la lucha.
El sexto sentido ampliamente desarrollado por la burocracia sindical es ese que le indica que no debe cruzar tan tempranamente el peligroso límite entre “marcar la cancha” y desatar fuerzas que luego no puedan administrar con la cautela correspondiente a dirigentes hechos y derechos.
Pero en los últimos días, con las distorsiones que imponen las superestructuras parlamentarias o sindical, las postales no hicieron más que manifestar el empate que rige la disposición de fuerzas de la contenciosa realidad argentina. Una fractura que es mucho más profunda que la flácida “grieta” de la lucha de clases medias y un enfrentamiento estratégico que todavía tiene un final abierto.
Fernando Rosso
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