Elevadísimo costo social, saneamiento a medias. Macri no logra eludir el impacto del ajuste. El plan contrarrevolucionario continental bambolea antes de que las masas lo enfrenten.
Imágenes superpuestas dibujan el panorama de la crisis argentina. El 19 de mayo el Congreso votó una Ley según la cual se suspenden los despidos por 180 días y se establece una doble indemnización. Dos días después Mauricio Macri la vetó, de acuerdo con las potestades que le adjudica la Constitución. El Presidente eligió un escenario singular para ejercer ese derecho: una fábrica productora y procesadora de pollos, cerrada durante el gobierno anterior y rescatada por el actual. Abrazado a obreros, Macri explicó que el objetivo es crear puestos de trabajo. En simultáneo, anunció una cantidad de obras públicas de diferente envergadura, reunió junto a empresarios y sindicalistas el Consejo del Salario Mínimo (que estableció el salario mínimo en 8.060 pesos –algo más de 550 dólares– para enero) y reunió a todos los gobernadores de Provincia, con los cuales acordó “un esquema más federal de gobierno, en el cual se descentralicen los recursos”, en favor, claro, de los Estados provinciales. En medio de una erupción irrefrenable de denuncias por corrupción de las principales figuras del régimen anterior, el país transita los avatares de un saneamiento a medias que, no obstante, multiplica efectos calamitosos al conjunto social.
Atónito, el ciudadano común descubre la descomposición de la sociedad burguesa, en este caso empeorada por las consecuencias imprevistas –e inmanejables para el capital– del estallido del control político tradicional en 2001. El espectáculo sirve para disimular el curso actual de esa decadencia.
No es posible sin embargo encubrir los efectos del intento por equilibrar la economía. Con fecha 12 de diciembre, en referencia a Venezuela y tras la circunstancial victoria legislativa de la derecha, decíamos en estas páginas: “No hay sino dos opciones: si el saneamiento lo realiza el gobierno revolucionario, el precio deberá asumirlo la burguesía. De lo contrario, si la política que ‘va por delante’ decide que no quiere o no puede dar ese salto cualitativo, el peso del caos actual caerá inexorablemente sobre las masas trabajadoras y desposeídas, sobre jóvenes y estudiantes” (http://bit.ly/243aIUt).
Todavía está en disputa esa opción en Venezuela. No en Argentina. El 22 de noviembre las elecciones le dieron la presidencia a Mauricio Macri y Cambiemos. Desde entonces quedó claro que las desproporciones fuera de control alcanzadas por la economía durante el período anterior sólo podían tener una respuesta: que el precio lo asumieran los trabajadores y el conjunto del pueblo, en beneficio excluyente del gran capital.
Exigencias del capital en crisis
Eso es lo que viene desenvolviéndose desde el 10 de diciembre en Argentina. Se trata de un fenómeno objetivo que sólo miradas miopes o interesadas presentan como resultante de perversidades individuales. Los propios economistas del candidato opositor a Macri designado por Cristina Fernández, Daniel Scioli, repiten cada día en radio y televisión que ellos hubiesen tomado las mismas medidas. Y agregan, con sonrisa cínica: “pero de manera diferente”.
A los primeros pasos, destinados a levantar retenciones a productores agropecuarios –excepto la soya– y arreglar con los fondos buitre, llegaron en marzo elevadísimos aumentos de tarifas (electricidad, gas, combustibles, transporte). Esto arrastró todos los precios y en abril la inflación bordeó el 7% (aún no hay cifras oficiales). La medida apuntó a poner bajo control la disparada sin parámetros de los precios relativos. No obstante, estos quedaron a mucha distancia de un equilibrio razonable para la economía capitalista. Igualmente se produjo un impacto intolerable sobre todo en las capas medias, imposibilitadas de acogerse a subsidios implementados para el tercio de la población bajo la línea de pobreza. A la vista de efectos y el riesgo de rebelión, el gobierno encaró una serie de medidas paliativas que comienza a definir e implementar a fines de mayo, lo cual implica acudir al salvataje con fondos públicos.
Paralelamente el Gobierno produjo una cantidad imprecisa de despidos en el Estado (alegando que se trata de personal contratado a última hora tras la derrota electoral del gobierno saliente). La combinación de ambas medidas apenas rozó el descontrolado déficit fiscal (7% en 2015, 5% estimado para 2016). A eso se sumaron la restricción en la emisión de dinero y elevadísimas tasas de interés (38%), para evitar la fuga hacia el dólar, todo lo cual produjo una severa caída del consumo –incluso en alimentos– y la consecuente recesión.
Al unísono la prensa alerta sobre la necesidad de distribuir alimentos gratuitos en el conurbano bonaerense. La gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, actuó rápido y destinó 4 mil millones de pesos para comedores comunitarios. Lo hizo a través de movimientos sociales antes asociados a Cristina Fernández. En tanto, las discusiones salariales están completándose en torno al 28-35%. La poderosa movilización estudiantil en apoyo a los trabajadores docentes y no docentes quedó por el momento sin ese motor. Las centrales sindicales, que tras una importante concentración el 29 de abril apoyaron la ley contra los despidos, luego del veto presidencial no parecen dispuestas a convocar a una huelga general conjunta.
A fuerza de retracción al consumo, recesión y disminución de la base monetaria, pese a nuevos aumentos en mayo la inflación del mes parece estar algo más de dos puntos por debajo de abril. Las autoridades aseguran que a partir de julio bajará más y a fines de año estará en 1,5%. Mientras vociferan contra el Gobierno, las principales dirigencias sindicales negocian tras bambalinas. El arreglo con los gobernadores traduce un acuerdo interpartidario a nivel nacional. Y el grueso del empresariado respalda al Gobierno. La clase trabajadora no tiene voz propia.
Onda expansiva de la situación en Brasil
Si no fuese por la crisis brasileña, Macri podría darse por vencedor de esta primera prueba de fuerzas y encarar con cierta tranquilidad su proyecto, expuesto en ediciones anteriores de América XXI. Pero la caída de la economía brasileña y la posibilidad de una incontrolable turbulencia política puede convertirse en factor de mayor caída económica y descontrol político y arrasar con toda la estrategia estadounidense para la región. Está además la incógnita de lo que hará el movimiento estudiantil.
Mientras tanto, las empresas consultoras –sucedáneas de partidos en extinción y dirigencias incapaces (con apenas un puñado de excepciones), indican que Macri mantiene un 60% de aprobación y un 80% de expectativa. Si esto fuese verdad –cabe la duda– significaría que la anomia social se expresa por ahora en carta de crédito a las promesas oficiales. En cualquier caso, más allá de los guarismos precisos, es evidente que el conjunto social no se pone de pie contra el Gobierno y, en mayor o menor medida, espera de él la solución a sus problemas inmediatos.
Dicho de otro modo: la degradación y desarticulación del sistema partidario y sindical ha llegado al punto más elevado en la historia argentina. Ése es precisamente el punto fuerte de Macri y de quienes, desde el Departamento de Estado, planifican la consolidación de un eje Washington-Buenos Aires, replantear la expansión de la Alianza del Pacífico y desde allí completar la campaña para derrocar el gobierno revolucionario de Venezuela y arrasar con el Alba.
Ya la cancillería argentina opera para conformar un grupo de supuestos amigos de Venezuela, empeñado en montar una mesa de negociación en Caracas. El Vaticano forma parte de la operación. También los gobiernos de Uruguay, Chile y Paraguay. Por consideraciones tácticas, relegarán por ahora a la OEA. Apuntan de inmediato a Mercosur y Unasur. En los próximos días Macri asistirá en Chile a una reunión de la Alianza del Pacífico, tras haber anunciado que su canciller, Susana Malcorra, será candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas. Mientras tanto la totalidad de la prensa comercial argentina se dedica a glosar ad nauseam las fechorías de funcionarios del gobierno anterior. Los editorialistas, en cambio, se abocan a multiplicar las calumnias contra Venezuela.
Toda esta arquitectura está en delicado equilibrio. O, como diría un ingeniero, a punto de colapso. Es verdad que llegan algunas inversiones para emprender obras públicas. También que el Gobierno, contrariando toda ortodoxia y dejando helados a la amplia gama de keynesianos, neokeynesianos y neo-neokeynesianos, resigna el equilibrio fiscal para emprender obras públicas y la construcción de un número de viviendas, inusual por lo elevado.
Todo para mostrar a la región, como repiten estas páginas, las bondades de un presidente empresario asociado al imperialismo frente a un presidente obrero empeñado en el socialismo.
Para el corto plazo no es improbable que Macri consiga avanzar en su propósito. Ante la inexistencia de una voz autorizada y potente que provenga desde las raíces de la sociedad oprimida y explotada, todo es posible. En una dimensión más amplia, está claro que la fallida “Alianza para el Progreso” puesta en marcha por John Kennedy contra la Revolución Cubana en los 1960, tiene aun menos chance medio siglo después, cuando el capitalismo está en creciente e imparable crisis a escala global. Ya hay fuerzas proyectadas para esa batalla crucial.
Luis Bilbao
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