El naftazo dispuesto por el ministro Juan José Aranguren ha colocado al rojo vivo todas las contradicciones del “programa” económico. Aranguren subió los combustibles un 10% al día siguiente de que el Banco Central “ratificara” una inflación del 25% para este año. Incluso con una desaceleración -que está por verse-, es difícil que la inflación anual no supere el 45%. Aranguren, además, dejó la puerta abierta a nuevos naftazos, de acuerdo a lo que ocurra con el tipo de cambio y el precio del petróleo. Como lobbista liso y llano de los intereses petroleros, el hombre anticipó la dolarización definitiva de los combustibles. Pero el precio del petróleo está en alza, y el propio aumento de las naftas reavivó los reclamos cambiarios de la burguesía exportadora. La “patria sojera” denuncia que el aumento de sus costos se ha devorado la baja de las retenciones (La Nación, 5/5). La UIA, por su parte, afirma que “la paridad entre el peso y el real es la de 1998-2001” (ídem, 24/4) -o sea, la que precedió a la megadevaluación de Duhalde. El naftazo acicatea la devaluación, pero una nueva devaluación provocaría otro naftazo. La tesis de un “reacomodamiento de precios” -y de una estabilización posterior- hace agua por todos lados. La inflación expresa el estallido de todas las contradicciones acumuladas, que están lejos de encontrar un equilibrio.
Bicicleta financiera y recesión
Pero una nueva devaluación le asestaría un golpe letal a la bicicleta financiera que el gobierno ha reforzado en torno de la deuda del Banco Central con la banca privada, y que alcanza los 40.000 millones de dólares. La renovación de estas Lebac, que se realiza a una tasa cercana al 38% anual, es la base de una rentable bicicleta, que explica el único ‘ingreso de capitales’ logrado por la administración Cambiemos hasta hoy. Los especuladores cambian dólares por pesos para colocarlos en Lebac, con la expectativa de volver a comprar divisas a un valor estable para dentro de seis meses. Esta operación, que algunos califican como “la renta más alta del planeta”, encarece el conjunto del crédito y ha agravado la recesión económica. Es claro que esta bicicleta volaría por los aires en caso de una nueva devaluación. Mientras una parte de los analistas asegura que “el atraso cambiario llegó para quedarse” (Cronista, 5/5), el agravamiento de la crisis brasileña acentúa los reclamos devaluatorios de la burguesía exportadora. Después de un 60% de derrumbe del peso, el déficit comercial con el exterior persiste, y sólo se redujo por la brusca contracción de las importaciones, como consecuencia de la menor actividad económica. El consumo ha caído en los primeros meses del año, y el producto bruto retrocederá no menos del 2% en 2016. La “lluvia de inversiones” no existe, como lo revela el fiasco de los anuncios de Vale en Mendoza.
Déficit fiscal y endeudamiento
En este cuadro, una fracción del gabinete -y de la propia burguesía- plantea salir de la deuda explosiva del Central en base a un ajuste fiscal de características brutales. Aunque el gobierno paralizó por completo a la obra pública y despidió a trabajadores precarizados, sufre por otro lado una caída de los ingresos del fisco, como resultado de la baja de las retenciones y otros beneficios a los grupos capitalistas. Sólo para cubrir el déficit fiscal, el gobierno prevé una emisión de deuda de 37.000 millones de dólares. Nuevamente, y como en los años del kirchnerismo, un aportante compulsivo a este financiamiento será la Anses, pero percibiendo la mitad del rendimiento que obtendrán los bancos que financiaron el pago a los fondos buitre. El fisco también quiere financiarse con parte de los ahorros que se encuentran en el “colchón”, que se ha reforzado bajo su mandato: 3.700 millones de dólares fueron atesorados en el primer trimestre, ¡y después de que el gobierno se endeudara en 5.000 millones para reforzar las reservas del Central! El derrumbe del crédito y del consumo privado delatan que el conjunto del ahorro nacional sostiene la refinanciación de la deuda pública, por un lado, o permanece atesorado, por el otro. La renta extraordinaria que perciben los especuladores es característica de los períodos previos a una declaración de quiebra. Algunos anticipan que la deuda del Central con los bancos podría ser canjeada por títulos del Tesoro (una reedición del plan Bonex de 1990). Pero esta medida compulsiva desacreditaría al “gobierno de los mercados”, y sería el preámbulo de una crisis política.
Sin rumbo
A la luz de lo anterior, se comprende que la “dinámica del gabinete (haya) tomado la forma de todos contra todos” (Cronista, 6/5). La guerra del gabinete tiene su correlato en los enfrentamientos al interior de la clase capitalista. El lobby automotriz, autopartista y una parte de la “patria contratista” reclaman contra el acero caro de Techint. Techint, por su parte, culpa de sus costos a la devaluación del real, y-sin decirlo-se suma a las quejas del ‘atraso cambiario’. Lo mismo ocurre con las “economías regionales” (Alto Valle).
Esta guerra revela la incapacidad del Estado para hacerse cargo del conjunto de los rescates que reclama la clase capitalista. La pretensión de trasladar el costo de este rescate a la clase obrera deberá pasar la prueba de luchas de fondo y rebeliones populares, como se avizora en los episodios de Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia. Mucho antes de lo previsto, el gabinete de los CEO podría sufrir el destino que ellos mismos le han deparado a más de 150.000 trabajadores cesanteados.
Marcelo Ramal
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