El otorgamiento de $ 16 millones al programa escolar del Papa “Scholas Ocurrentes”, volvió abrir un debate sobre la laicidad de la educación pública. Plata hay, pero para el Vaticano.
La bendición del Vaticano es aún una deuda pendiente para el gobierno nacional. De todas maneras, lo intenta y se esfuerza. En el día de ayer, a pocos días de la foto de la reunión entre el papa y Hebe de Bonafini, el gobierno nacional anunció que apoyará con millonarios fondos públicos un proyecto educativo impulsado directamente desde el Vaticano. El exitista jefe de Gabinete Marcos Peña llegó a afirmar, en la misma sintonía, que “es una gran alegría poder apoyar el proyecto Scholas Ocurrentes por la impronta que le ha dado el propio Papa Francisco”.
El otorgamiento alcanza la friolera suma de $ 16.666.000, destinados a sufragar los gastos de personal, equipamiento e infraestructura de la sede central en nuestro país, del proyecto Scholas durante el presente año. Mientras tanto, para la universidad pública el gobierno definió un recorte de $ 65,6 millones la semana pasada. Con la devaluación, la inflación y los tarifazos, se calcula que no alcanzaría ni para pagar las facturas de la luz o el gas, mucho menos para solucionar los problemas de infraestructura. Plata hay, pero es para el Vaticano. Toda una declaración de principios.
A lo largo y ancho del país se siguen profundizando los conflictos educativos, como lo muestra una nueva semana de paro de los docentes en Santa Cruz y la tenaz lucha de los docentes de Tierra del Fuego y Santiago del Estero.
Para despejar cualquier duda sobre el carácter privatista del modelo macrista, esta semana también dieron fuertes señales de rechazo a los diferentes proyectos sobre Boleto Educativo Gratuito.
La derogación de la 1420, una herencia kirchnerista
Los 12 años de kirchnerismo fueron una verdadera escuela en la relación con el Vaticano. Principalmente, con sus entredichos con el Papa, a quien primero enfrentaron y luego terminaron “amando”.
Vale la pena recordar que fue bajo el kirchnerismo que la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico resolvió, el año pasado, la derogación definitiva de la Ley 1420, conocida como Ley de Educación Común, sancionada en 1884. Esa normativa es célebre por establecer la educación pública, obligatoria y gratuita, restringiendo la educación religiosa a la esfera optativa por fuera del horario escolar, es decir que dispuso un sistema de laicismo limitado.
Su derogación se justificó en la existencia de la Ley de Educación Nacional 26.206 y las leyes provinciales en vigencia. Sin embargo, un grupo de juristas objetó ese procedimiento, señalando la vigencia del Artículo 8 de la susodicha Ley 1420, ya que sintetiza la garantía del carácter laico de la educación obligatoria, aspecto sobre el que no prescribe la nueva ley sancionada durante el kirchnerismo. De esta forma se legitimaron las normativas provinciales que incluyen la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. En buen romance, la laicidad quedó suspendida en un limbo.
Esta decisión, impulsada por los integrantes kirchneristas de la comisión, no sorprende en el marco de la buena relación que mantuvo la presidenta Cristina con el papa Francisco a partir de su asunción. Lo mismo pudo observarse, posteriormente, con la sanción exprés del Código Civil que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, que le reservó a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica pública y estableció la concepción como el momento de la existencia humana, como resultado de la presión de esa institución. Fue un claro mensaje contra las mujeres que la luchan por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito.
En ese marco Salta, Tucumán y Catamarca ya introdujeron en sus constituciones provinciales la instrucción religiosa. La misma rige desde 2008 en las escuelas públicas de Salta, a partir de la ley provincial 7546, que autoriza su dictado en horario escolar, a pesar de un fallo adverso del Supremo Tribunal provincial.
De forma similar, aunque más moderada, Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero adaptaron en sus respectivas legislaciones la enseñanza religiosa no obligatoria. Es así como la ambigüedad de la Ley 26.206, bajo el pretexto del federalismo, abre la puerta a la entrada de la religión a la escuela pública. El senador del FpV Rodolfo Urtubey, titular en su momento de la comisión de Digesto Jurídico y hermano de Juan Manuel, gobernador de Salta, es un firme impulsor de este curso al oscurantismo.
La Ciudad de Buenos Aires, más privada y confesional
Mauricio Macri aumentó casi 5 puntos porcentuales el presupuesto educativo destinado a la gestión privada, elevando del 15.8 %, en 2007 al 19.6 % en 2014. Esto implicó un salto de 2.103 millones de pesos acumulados en ocho años.
El presupuesto con el que cuenta Horacio Rodríguez Larreta, que votó el PRO junto aliados como SUMA+ (Radicales), viene con menos recursos para las escuelas públicas y un aumento del 42 % para las escuelas privadas (más de $ 4.000 millones), mientras que el aumento de infraestructura para las públicas sería sólo de un 19 %. Y, como frutilla del postre, para el presupuesto del 2015 se había votado un aumento de $ 450 millones para los colegios privados.
En la Ciudad de Buenos Aires, la distribución de la oferta educativa por tipo de gestión, en 2007, definía que el 60% era de gestión estatal y el 40% de privada. Para el 2015, la proporción se invirtió: el 40 % es estatal y 60 % privada, siendo católicas la mitad de las escuelas privadas.
Educación pública, gratuita y laica
El gobierno nacional y los provinciales vienen impulsando el sector privado en educación por medio de miles de millones de pesos cada año, en cada jurisdicción. Pero además avala la censura que la Iglesia impone sobre los contenidos escolares. Para cualquiera que transite el sistema educativo sobran ejemplos. Quizás el más trascendente es la negación y boicot al libre desarrollo de la educación sexual para niños, niñas y jóvenes que, desde hace años, se está discutiendo en nuestro país. El sesgo ideológico oscurantista de la Iglesia no sólo atañe a las escuelas confesionales, sino que busca imponerse al conjunto del sistema. El kirchnerismo apoyó estas políticas de escuelas con puertas abiertas a la religión. El macrismo, por su parte, busca profundizarlas. Los fondos entregados al proyecto educativo Scholas Occurrentes van en el camino de ahondar esa perspectiva.
La educación está lejos de ser el reino de la neutralidad política. Por ello el contenido de lo que se enseña en las escuelas debe ser también motivo de disputa para la clase trabajadora y la izquierda.
En nuestra sociedad lejos se está de una verdadera educación al servicio de las y los trabajadores y sus intereses. El sistema educativo actual, como está, limita la posibilidad de creación, de desarrollo intelectual, de trabajo en equipo, se potencia la división entre trabajo manual e intelectual y se quiere imponer el oscurantismo sobre los programas de estudio.
Por lo tanto, la educación para la igualdad y los derechos que pregonan oficialistas y opositores es pura formalidad si no la tomamos en nuestras manos.
Federico Puy Docente, Congresal UTE-CTERA
Hernán Cortiñas Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)
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