El saqueo de Argentina, a la vista

Los negocios y negociados de los K con el macrismo le ponen límites políticos a la investigación

Mientras el juez Claudio Bonadio ordenó el procesamiento de Cristina Kirchner por la causa del dólar a futuro, y el “cerco judicial” a los K avanza en distintos frentes, funcionarios del gobierno prefieren darle un corte a las persecuciones penales a Lázaro Báez y compañía “porque estas cosas no se sabe dónde terminan y, sobre todo, en quiénes terminan” (Clarín, 7/5). Más claro, agua: los señores prefieren, razonablemente, curarse en salud.
Báez y su familia son dueños de 212 propiedades, más de 400 mil hectáreas en total. Ese dato alcanza por sí solo para indicar que durante la década kirchnerista hubo un método de saqueo sistemático a las arcas del Estado, una operatoria mafiosa que empieza a develarse en ¿toda? su magnitud.
Seguramente, algo similar se encontraría si se investigaran las actividades de Cristóbal López o Rudy Ulloa. La “burguesía nacional reconstruida” de los Kirchner es una asociación delictiva a gran escala.
Las derivaciones y los alcances de todo esto son por el momento impredecibles, pero algo es seguro: su resolución no se producirá en el terreno judicial sino en el de la política. También pueden preverse los límites que encontrará este remedo de “mani pulite” argentino. Veamos.
Parte de la plata robada por los Kirchner iba a Lázaro Báez mediante la contratación de obra pública, y Báez la devolvía por diversos mecanismos (el alquiler de habitaciones hoteleras que no se ocupaban, por ejemplo). En muchísimos casos esas obras ni siquiera se hicieron, se contrataban únicamente para que Báez cobrara los adelantos y “retornara” el dinero a la familia Kirchner.

Asociación ilícita M-K

En el caso de las represas Kirchner y Cepernic (su construcción está detenida desde hace cuatro meses) Báez se presentó a la licitación asociado con la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, aunque en ese caso perdió con otros “burgueses reconstruidos”: Enrique Pescarmona y Eduardo Eurnekian, en sociedad con el grupo brasileño Camargo Correa.
Calcaterra y Nicolás Caputo (beneficiado con más de 1.000 millones de dólares en obra pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista, y el negocio va en crecimiento exponencial) son “los Báez” del Presidente. Báez y Calcaterra también intervinieron juntos en el negociado del Gasoducto del Norte, en una licitación amañada por Julio de Vido.
Hay más, mucho más. La compañía aérea provincial Aero Chaco, por ejemplo, liquidada durante la gobernación de Jorge Capitanich. Cuando se produjo el desguace, Báez le compró aviones a precio vil. En esa época, las rutas que cubría Aero Chaco pasaron a Mac Air, la empresa de aviación de los Macri, vendida poco después a Avianca (las rutas chaqueñas mejoraron en mucho su cotización).
Ahora, la sociedad Calcaterra-Macri-K ha tenido una mala noticia: mientras la ex Presidenta declaraba en el despacho de Claudio Bonadio, la Sala IV de la Cámara de Casación decidía reabrir el caso Skanska, la compañía sueca que pagó coimas abultadas a funcionarios kirchneristas y emitió facturas falsas por muchos millones de pesos. Pues bien, una de las empresas más comprometidas en aquel escándalo es precisamente Iecsa, propiedad de Calcaterra.
Los límites políticos de la investigación empiezan a avizorarse. El fiscal Guillermo Marijuan ya mostró su primer recule: “No amerita detener a Martín Báez”, le dijo a la prensa. La mujer de Báez había amenazado, en su momento (luego se desdijo, seguramente después de recibir algún llamado), que si detienen a su hijo “Lázaro habla, y si no habla él voy a hablar yo”. Es un pacto mafioso: la libertad de Martín Báez a cambio del silencio de su padre.
Esto es un pozo negro de profundidad todavía desconocida, pero está claro que el pueblo trabajador no puede permitir que la Argentina siga gobernada por semejante sumidero.

Alejandro Guerrero