En un nuevo 20 de Mayo miles llenarán las calles por verdad y justicia. En esta ocasión la marcha se realizará bajo la consigna “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y hoy. Verdad y justicia”. Hace falta recordar los hechos, los responsables y continuar luchando contra la impunidad.
Como sucede hace 21 años este viernes 20 de mayo se movilizarán decenas de miles contra la impunidad convocados por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos y sociales.
En esta ocasión la marcha se realizará bajo la consigna “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y hoy. Verdad y justicia”. Hace falta recordar los hechos, los responsables y continuar luchando contra la impunidad.
La movilización tendrá lugar en el centro de Montevideo, saliendo a las 19 horas desde Rivera y Jackson, recorriendo 18 de Julio hasta llegar a Plaza Libertad. Como los años anteriores, se tiene previsto recordar los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos víctimas de la última dictadura y luego habrá una oratoria a cargo de Madres y Familiares, en la que seguramente se incluirá una mención especial a los hechos recientes, relacionados al robo y amenazas al trabajo de investigación del GIAF (Grupo de Investigación de Antropología Forense) sobre los desaparecidos. Como es costumbre desde hace algunos años, también habrá movilizaciones en distintos puntos del país.
No debemos olvidar el motivo de las dictaduras y el contexto. El golpe de estado se instauro en el marco del Plan Cóndor, para aplastar el ascenso revolucionario de la clase trabajadora a nivel regional que se daba desde el 68 y así resguardar los intereses de la burguesía local y extranjera. Frente a este ataque la clase trabajadora luchó por 15 días de resistencia en histórica huelga comenzada en junio del 73. Para profundizar sobre este punto les recomendamos a los lectores la nota “¿Cómo se dio el golpe de estado de 1973?”.
Movilizaciones contra las dictaduras y transiciones pactadas
A mediados de la década del 70’, el imperialismo norteamericano sufre una derrota militar en Vietnam. Esto, combinado con el comienzo de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, la muerte de Franco y las crecientes protestas contra la dictadura española, hizo que el imperialismo tomara nota y cambiara momentáneamente su política de sostenimiento de las dictaduras militares en Latinoamérica virando hacia principios de los 80 a una política de restaurar el poder de la burguesía sobre bases “democráticas” (reacción democrática), afianzando la dominación de la burguesía en regímenes más estables y duraderos.
En esta operación, el imperialismo norteamericano buscará apropiarse de las banderas de lucha por las libertades democráticas de los pueblos para comenzar a dirigir salidas pactadas con las élites locales. En Centroamérica había un proceso revolucionario abierto en Nicaragua. En Sudamérica, en 1979 estallan las grandes huelgas metalúrgicas en el ABC de Sao Paulo, que entrelazaban demandas salariales y laborales con demandas directamente anti dictatoriales, lo que favorecía la unidad con el movimiento estudiantil.
En nuestro país en 1980 el plebiscito de reforma constitucional convocado por la dictadura fracasa y hay un reverdecer en la lucha de resistencia al régimen, expresado en movilizaciones cada vez más crecientes (como la movilización conocida como “Río de Libertad” que contó con 400 mil personas, en la que comenzaba a traslucirse la política pactista no solo de los sectores “democráticos” de los partidos tradicionales, sino también la de sectores al interior del Frente Amplio).
En este marco el imperialismo junto a las burguesías locales y sus partidos, y ante la posibilidad de verse cada vez acorralados por la movilización, tomarán el “modelo español” de transición pactada (Pacto de La Moncloa). Lo novedoso del Pacto de La Moncloa será que no solo participarán las élites locales y los militares en la confección del nuevo régimen, sino que se integrará a los partidos de izquierda, y con ellos a los sindicatos y a la clase trabajadora como pata de sustento de los nuevos regímenes.
Es así como en nuestro país, la transición al régimen democrático burgués fue pactada entre varios sectores políticos y sociales en lo que se conoce como el Pacto del Club Naval.
¿Qué fue el pacto del club naval?
Fue un acuerdo que suscribieron las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica en agosto de 1984, luego de largas negociaciones, cuyo contenido exacto es secreto .El Partido Nacional no participó de esta etapa en protesta por la proscripción y detención de su líder histórico Wilson Ferreira Aldunate, si bien tiempo después se volvió otro de los pilares fundamentales del régimen de impunidad, destacándose la elaboración por dicho partido , junto con el Partido Colorado, de la Ley de Caducidad ( que fue defendida por el propio Ferreira Aldunate).
En momentos en que se profundizaba el odio hacia la dictadura con grandes movilizaciones de masas, los partidos políticos en conjunto con los militares acuerdan una transición pactada hacia la democracia que evitara una posible caída de la dictadura producto de la movilización popular.
El acuerdo estableció la realización de elecciones amañadas y la entrega del poder en 1985. Las mismas se realizaron con partidos políticos proscriptos y con importantes dirigentes políticos proscriptos y presos. A su vez, y como han confirmado políticos participantes, en ese ámbito se acordó la impunidad para los militares violadores de los Derechos Humanos.
La participación del Frente Amplio en esas negociaciones y su aval a esta salida negociada significó una gran traición a la lucha por terminar con la dictadura. El Partido Comunista, como parte de la coalición frenteamplista, llevó a la clase obrera (a partir de su influencia en los sindicatos) a confiar en esta salida pactada, planteando también una postura etapista donde primero había que negociar una salida hacia la democracia para luego preparar la lucha por el socialismo. Así, el PCU se ubica como pata izquierda y garante del nuevo régimen basado en la impunidad a los mandos militares.
Las expectativas sobre DDHH en el Frente Amplio de amplios sectores sociales
El FA llegó al gobierno con gran respaldo popular. El agotamiento del recambio de los partidos tradicionales (crisis del 2002 mediante) hizo que el FA (que le garantizó la estabilidad a Batlle) acceda al gobierno nacional.
Muchos militantes creyeron que el FA representaba una alternativa y estaban convencidos de que con el FA en el gobierno y con mayorías parlamentarias propias se iba a anular la ley de impunidad. Lamentablemente no solo se han negado a hacerlo (impidiendo que la totalidad de los militares y civiles sean juzgados), sino que primero con Vázquez y luego con Mujica han llevado a cabo una campaña de reconciliación de las FFAA con el pueblo.
Esto lo vimos en 2007 cuando Vázquez instituye el 14 de abril como el “Día del Nunca Más uruguayos contra uruguayos” y lo sella dándose un apretado abrazo con Pedro Bordaberry, cediéndole a la reaccionaria “teoría de los dos demonios”. Al poco tiempo de asumir Mujica tuvimos que escuchar que no quería “viejitos presos”, y en unos pocos días llama a los militares jóvenes a que “no carguen con las mochilas del pasado”. Enrique Bonelli (comandante en jefe ascendido por el mismo Vázquez) estando al mando de la fuerza aérea se dio el lujo de declarar que había piloteado vuelos de la muerte. El hoy condenado Miguel Dalmao también fue ascendido en la época de Vázquez.
En el segundo gobierno del Frente Amplio se generaron ilusiones a partir del intento de sanción de la ley interpretativa o la sanción de la ley de imprescriptibilidad, que luego la SJC declararía inconstitucional. Anteriormente en 2009, el apoyo testimonial en el último plebiscito a la papeleta rosada, fue un factor determinante para la derrota de esa vía.
En los gobiernos del Frente amplio se ha promovido la profesionalización de las fuerzas represivas y la nacionalización de la Guardia Republicana, aumentando sideralmente el presupuesto del Ministerio del Interior y otorgándoles mayor nivel tecnológico y logístico, ( por ejemplo con El Guardián y el sistema de cámaras de vigilancia de la zona metropolitana).
Se implementaron también los mega-operativos de saturación (razias) en los barrios pobres como el Marconi, los casos de gatillo fácil como el asesinato de Sergio Lemos, se recrudeció la represión a la juventud y hacia los luchadores populares y se criminalizó la protesta social, como sucedió en las luchas educativas de 2013 y 2015, con detenciones irregulares de militantes y represión en el Codicen. La novedad es ahora el proyecto de ley de unificación de los organismos de inteligencia, potenciando su capacidad operativa.
Ya con tres gobiernos del FA, el resultado viene siendo el reforzamiento de las fuerzas represivas el mantenimiento de la impunidad de ayer y hoy.
Si bien hubo algunos pocos juzgamientos de casos emblemáticos, a los condenados se les otorgó el beneficio de la cárcel vip y luego la prisión domiciliaria como el caso del conocido represor y torturador Gavazzo, mientras se asegura la impunidad de la amplia mayoría de represores civiles y militares que actuaron durante el pachecato y la dictadura.
La realidad de hoy es el estancamiento del proceso de búsqueda de los restos de los desaparecidos, la parálisis (y en algunos casos el retroceso) de los denuncias presentadas en la justicia, así como el robo y amenaza al GIAF, muestra ostensible de la impunidad con que se mueven las fuerzas reaccionarias actualmente.
A su vez el discurso de reconciliación con las fuerzas represivas busca limpiarles la cara para que estén a disposición para la represión de las futuras luchas populares difundiendo el argumento cínico de que la mayoría de los integrantes de las actuales fuerzas no intervinieron en la represión de la dictadura. En realidad los actuales miembros se han formado en instituciones que nunca ni siquiera mostraron el mínimo arrepentimiento ni reconocieron su accionar sistemático de represión contra los trabajadores y sectores populares y han sido educados por los mismos represores de la dictadura. Estas nuevas camadas han mostrado su rol en la represión actual en nuestro país y en países hermanos como en Haití a través de la MINUSTAH. Ahora incluso se atreven, como lo hizo el comandante en jefe del Ejército Manini Ríos, a proponerse como formadores morales de los “ni-ni”, desde un punto totalmente despectivo y discriminatorio.
La necesidad de independencia de las organizaciones de DDHH y sociales
Ante la situación actual, marcada por la permanencia de la impunidad, el ataque al GIAF y el reforzamiento de la represión, se hace imperiosa la movilización de decenas de miles de trabajadores y jóvenes que rechacen este estado de cosas.
Pero también es hora, después de más de treinta años del régimen de impunidad del Pacto del Club Naval y la experiencia del mínimo avance y en algunos temas el retroceso, con el FA en el gobierno que se abra la más amplia reflexión y debate en las organizaciones de DDHH, de trabajadores y sociales en general, de la necesidad de la independencia política de las mismas frente a cualquier partido o institución cómplice del régimen de impunidad y de los sectores sociales impulsores y beneficiados del golpe de estado, como lo son la burguesía local y extranjera.
Solo la organización y movilización independiente de los trabajadores, los organismos de DDHH y demás sectores populares, puede garantizar terminar de una vez por todas con la impunidad en Uruguay y acabar de raíz con este régimen basado en la impunidad de los peores crímenes contra la humanidad.
Sebastián Artigas
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