A pesar del veto a la ley antidespidos y la inflación, las cúpulas de las centrales sindicales no llaman a paro nacional. Ayer hubo paro de ATE y de los docentes de la provincia de Buenos Aires.
El 29 de abril hubo una enorme manifestación obrera contra las políticas de ajuste del macrismo. Para la burocracia sindical se trató de una medida para descomprimir el descontento.
A pesar de que en aquella oportunidad amenazaron con nuevas acciones si Macri vetaba la ley antidespidos, las conducciones de las centrales sindicales siguen en “modo” tregua frente a la prepotencia presidencial.
El malestar entre los trabajadores no es sólo por los despidos. Por el efecto de la devaluación, la quita de las retenciones a los exportadores, los tarifazos y la vía libre del macrismo a las patronales para remarcar precios, la inflación acumula más de 40 % interanual, mientras las conducciones gremiales están aceptando paritarias a la baja.
El día lunes, el criador de caballos, Andrés Rodríguez, que conduce la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se sacó la “tradicional” foto con el presidente de la Nación para sellar un acuerdo paritario inconsulto a las bases de los trabajadores estatales. Sobre los 11 mil despidos de estatales de la Administración Pública Nacional no dijo ni una palabra.
Lo de “tradicional” se debe a que el anuncio de acuerdos salariales inconsultos es una costumbre de larga data. Andrés Rodríguez es oficialista de todos los oficialismos. Primero fue menemista, y en la “década ganada” las fotos para abrochar paritarias a la baja para los estatales eran con Cristina Fernández de Kirchner.
El acta firmada por UPCN comprende un aumento de 31 % en tres cuotas. El alza real de los salarios termina siendo del 27 %, entre 10 y 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación, dependiendo cuál sea la evolución de los aumentos de precios hacia fin de año.
El acercamiento de Andrés Rodríguez al gobierno quedó expresado cuando días atrás señaló que “no está previsto” un paro contra el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos.
Para rechazar esa pauta salarial, ayer martes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro nacional con movilización en la Ciudad de Buenos Aires, que concluyó con un acto en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Este gremio reclama el 45 % de aumento para no perder frente a la inflación y exige la reincorporación de los despedidos.
El ataque macrista contra los trabajadores tuvo ayer también su capítulo mendocino. Allí el gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) mandó a la Infantería a reprimir a los estatales que reclamaban con una “olla popular”.
La brutal represión y los gases lacrimógenos terminaron con dirigentes sindicales y un legislador provinciales del Frente de Izquierda herido. Nicolás Del Caño, excandidato a presidente de la izquierda, presente en la provincia, denunció que "son los métodos tanto de Cambiemos como del FpV".
En la Provincia de Buenos Aires la conducción de UPCN también traicionó a los estatales acordando un 15 % de aumento hasta julio, cuando la inflación hasta abril ya alcanza el 20 %. Ayer la lucha estatal y de los médicos del CICOP recibió el apoyo de los docentes del SUTEBA que llamaron a un paro que indignó a la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí la solidaridad entre trabajadores no está en la órbita de Mariú.
Su solidaridad es con la clase capitalista para la que gobierna. El jueves pasado 20.000 estatales se movilizaron en La Plata contra sus proyectos de flexibilización laboral en el Estado provincial. Se trata de una ofrenda al capital financiero al que fue a pedir ayuda en su viaje a Nueva York.
El ataque contra los trabajadores no es exclusivo de Cambiemos. En Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner del Frente para la Victoria, los docentes organizados en Adosac volvieron a rechazar ayer una oferta salarial miserable que comienza con una primera cuota de 10 % y una adicional del 6 % atada a la devolución del 15 % de coparticipación que promedió el gobierno nacional a las provincias. Allí sigue el acampe docente frente a la gobernación.
Tierra del Fuego también es escenario de una lucha estatal extendida en el tiempo contra el plan de ajuste de la gobernadora Rosana Bertone del Frente para la Victoria.
El malestar obrero es extendido por el país. El salario cada vez compra menos. La mayoría de las paritarias que se están cerrando comprenden acuerdos que estarán vigentes durante un año. Los aumentos se ubican entre 29 % y 35 % anual. En la mayoría de los casos no se recompone el poder adquisitivo perdido en los meses previos.
Tampoco compensan la inflación en curso cristalizando una pérdida del poder adquisitivo que hasta marzo llega al 12,1 %, según estima CIFRA. No sólo eso, sino que los incrementos salariales se aplican en dos o tres tramos que diluyen la proporción anual que se anuncia.
Hay veto, hay despidos, hay inflación….pero sigue la tregua
Con casi seis meses de macrismo en la Casa Rosada, ha habido más de 150.000 despidos y una escalada inflacionaria que golpea sobre el pueblo trabajador, sin que haya habido un solo paro nacional que comenzara a hacerle frente al plan de ajuste.
Con un creciente descontento por abajo, las centrales sindicales tuvieron que convocar para el 29 de abril a una importante movilización, pero como queda claro no era el comienzo de un plan de lucha, sino una válvula de escape para descomprimir el descontento.
El planteo de la izquierda y el sindicalismo combativo, que ese día participaron con un bloque independiente exigiendo paro nacional, se demostró acertado: la tregua llega hasta el punto que ni siquiera el veto a la ley antidespidos ha alcanzado para mover a los burócratas sindicales de sus sillones.
Mientras tanto, los despidos siguen. Desde que Macri anunció el veto, todos los días se conocen nuevos casos, como los de la autopartista Kromberg, o los de la empresa Alpargatas en Tucumán, una de las firmas que había firmado en Casa Rosada el compromiso de no despedir, que no era más que papel mojado.
Pablo Micheli afirmó ayer que “si la CGT necesita un tiempo más, no tenemos problema en correr la fecha”, anunciando de hecho que los trabajadores nada tienen que esperar de las cúpulas sindicales, y una vez más no habrá paro nacional, que es lo que tienen decidido los caciques de las distintas CGT.
La izquierda y el sindicalismo combativo necesitan poner en pie un reagrupamiento para apoyar todas las luchas, pero también para denunciar con fuerza la tregua de las cúpulas sindicales y exigirles un paro nacional, que sea el comienzo de un plan de lucha por todas las demandas del pueblo trabajador.
Redacción LID
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