La Justicia jujeña trabaja para Gerardo Morales

Culpable hasta que se demuestre lo contrario, pareciera ser la máxima con la que se maneja la justicia jujeña que desde el 16 de enero mantiene detenida a la dirigente de la organización social Tupac Amaru, y diputada del Parlasur, Milagro Sala, por realizar un acampe.

En el día de ayer, vencidos todos los plazos legales, el juez Gastón Mercau accedió al cese de detención por la causa de “instigación a cometer delitos y tumulto”. Pero treinta minutos después comunicó que la dirigente continuará detenida “en el marco de la causa por la que se investigan las denuncias de integrantes de cooperativas, sobre la supuesta irregular administración de fondos destinados a construcción de viviendas”, según el parte de la justicia.
La liberación e inmediata detención en la mañana de ayer de la dirigente social, es una muestra más del proceder de la justicia jujeña, obedeciendo de manera directa los designios del nuevo gobernador Gerardo Morales, en una causa viciada de irregularidades y flagrantes violaciones a los derechos democráticos más elementales. Durante catorce días de detención por una causa excarcelable y, como denuncian desde la defensa, sin otra prueba que filmaciones ilegales, haciendo caso omiso del enorme repudio nacional e internacional, la justicia avanzó en el armado de nuevas causas por supuesta defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión. Una clara extorsión política y judicial para avanzar en la criminalización de la protesta social, ya que nuevamente la mantienen detenida en una causa que está en curso de investigación.
Como denuncian desde la Comisión de Apoyo por la Libertad de Milagro Sala, integrada por organismos y referentes de DD.HH. “además de ilegal y endeble, el argumento de la detención de Milagro es perverso. La causa por la que sigue presa es nueva y es por asociación ilícita y defraudación al Estado. Pero ‘casualmente’ los denunciantes son todos expresidentes de cooperativas que hasta unas semanas estuvieron en el acampe y luego se fueron porque argumentaron que habían arreglado con el gobierno (aunque fuertes rumores hablan de altas cifras de dinero depositadas en cuentas personales). Eso demuestra dos cosas, que estos “arrepentidos” mientras estuvieron en la plaza y sabiendo de estas “irregularidades” nunca dijeron nada, lo que los hace cómplices. La otra, el gobierno coopta, compra y manipula de tal modo que ha dejado a denunciantes y denunciados expuestos en un ring para regodearse esperando un potencial desborde o incidente que dé lugar a más persecuciones y detenciones”.
Al igual que los referentes del PTS-Frente de Izquierda, desde esta Comisión denuncian el doble discurso de la “independencia de poderes” que sostiene el gobierno radical de Cambiemos “la fiscal Fernández Montiel, es la misma funcionaria controvertida que pedía prisión perpetua a Romina Tejerina y que aclaró que ‘no me gusta hablar con las mujeres’; actúa en clara connivencia con el juez Gastón Mercau (yerno de Clara Falcone, militante declarada de UCR y ex diputada provincial, y hoy es miembro del Tribunal Superior jujeño) y con directas y cada vez más notorias órdenes de Gerardo Morales. La fiscalía y el juzgado son una extensión del Ejecutivo”, sostienen.

Verónica Valdez
@valveritos