El gobierno se prepara para cerrar el acuerdo con los buitres. La suma supera de un zarpazo, y con nueva deuda, varias veces el rubro del gasto en partidas de educación, salud y vivienda.
El costo actual de salir del default, para volver a endeudar al país, es de 15 mil millones de dólares. Y en ese mismo acto, comenzaría el festival de bonos. Matando dos pájaros de un tiro, el gobierno de Macri emitirá deuda nominada en dólares para honrar la deuda pasada y así “insertarse” en los mercados financieros. Ayer, el juez Griesa rechazó el pedido de uno de los fondos buitres más duros comandados por Paul Singer, NML, de posponer la audiencia que se realizará entre el gobierno y los acreedores el próximo martes primero de marzo.
En las puertas de una nueva entrega, el macrismo se asegura las condiciones para “garantizarla”: migajas para los docentes, techos a las paritarias, endurecimiento de los despidos, tarifazos y frenazo a la economía. Un ajuste sobre los trabajadores en toda la línea.
Esta semana el gobierno dio a conocer su intención de colocar bonos públicos en dólares para saldar la deuda total que estimó en U$S 20.000 millones. En ese monto se incluiría el pago a los holdouts (acreedores que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010) que aceptaron el preacuerdo establecido recientemente en Nueva York, y otros U$S 8500 millones que comprenden la deuda en manos de bonistas europeos y aquellos que aún no tienen sentencia a favor. La emisión rondaría entonces los U$S 15.000 millones.
Al tipo de cambio con el que cerró la cotización de ayer, esta entrega a los buitres equivale a 18,5 veces el monto presupuestado para todas las remuneraciones en educación y cultura del 2016, significa 7,62 veces el gasto nacional en vivienda y urbanismo, el 2,82 veces el gasto en salud y el 37 % de las erogaciones anuales en prestaciones a la seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares).
La supuesta “quita” del 25 %, que el gobierno intenta hacer pasar como una “exitosa” negociación para lograr aceptación social, no es más que el reconocimiento de 120 a 130 dólares por cada 10 dólares que invirtieron los buitres aprovechando la devaluación de los títulos públicos en medio de la crisis argentina. La radiografía de la deuda muestra un historial de afecciones recurrentes, en la que cuanto más se paga, más se agranda el “compromiso”.
El arreglo con los tenedores de deuda es solo la frutilla de un postre elaborado lentamente todos estos años en la cocina kirchnerista. La salida del default, esa especie de Veraz internacional que encarece el crédito y espanta a los nuevos buitres perjudicando la estrategia oficial, implica contabilizar una carga aún mucho más pesada sobre las espaldas populares. Los “pagos seriales de deuda” iniciados en la administración Kirchner, una de las tantas políticas de “recomposición de las instituciones” del régimen cuestionado en el 2001, alcanzaron más de U$S 200.000 millones reconocidos oficialmente por la anterior gestión.
Mientras en Nueva York continuaba la novela entre Singer, Griesa y Pollack, la paritaria nacional docente cerró ayer con un acuerdo que coloca al salario inicial a $ 8.500 en agosto, casi la mitad del costo de la canasta mínima familiar que asciende a $16.317. El incremento del costo de vida se acelera mes a mes, escalando $578 en enero cuando aún no habían impactado los tarifazos de luz.
Según un informe de la consultora Elypsis, el salario real promedio se contraerá un 3,5 % en el primer trimestre del año, lo que indudablemente implica golpes más abruptos para el tercio de los trabajadores que está en negro y para los sectores más vulnerables. La única cuenta que cierra para el gobierno es aquella que saca del bolsillo de los trabajadores y va a parar a las arcas de los especuladores, los exportadores y los grandes grupos económicos.
Ante la inminente consumación del pago millonario a los buitres, a la par que se acentúa el ajuste y la represión sobre los trabajadores, se requiere una urgente organización y movilización popular que rechace el pago de la deuda externa ilegítima, usurera e ilegal. No se trata de un “contrato” que debe ser honrado, ni un compromiso que asumieron todos los argentinos, la deuda externa es un mecanismo de explotación que agrava las condiciones del atraso económico y la dependencia de las potencias extranjeras. La clase trabajadora tiene la tarea de tirar abajo el acuerdo con los fondos buitre y decirle NO al pago de la deuda externa.
Lucía Ruiz
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