Buitres: radiografía de una nueva entrega

Macri y Prat-Gay hicieron una generosa propuesta a los fondos buitre para tratar de cerrar el litigio y volver a endeudar al país en gran escala. Algunos buitres suben la apuesta. El futuro del país en manos de un juez de Nueva York.

El último viernes el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, funcionario que viene del sistema financiero donde trabajó para JP Morgan y Deutsche Bank, hizo una presentación formal de una oferta para pagar a los fondos buitres ante el mediador Dan Pollack.
La propuesta del gobierno de Mauricio Macri comprende una supuesta quita del 25 por ciento sobre el monto establecido por el fallo del juez Thomas Griesa. Para los buitres significa ganancias siderales. En esta nota desarrollamos una radiografía sobre los principales aspectos de la disputa.

El origen de la tragedia

Luego del default (no pago) de deuda del año 2001 una de las principales tareas que se dio el régimen burgués fue regularizar la situación con los acreedores externos.
En el año 2005 el gobierno de Néstor Kirchner, bajo el comando del ministro de Economía Roberto Lavagna, llevó adelante una reestructuración de la deuda en default.
Esa reestructuración implicó una extensión de los plazos del pago de la deuda y una quita del capital adeudado. Pero aunque fue presentada como una negociación soberana en realidad implicó ganancias enormes para los especuladores de la deuda.
Muchos de los que tenían bonos argentinos en situación de default los habían adquirido a precios de remate durante los peores momentos de la crisis. Es decir, que bonos que tenían un valor nominal de 100 dólares fueron comprados a 5, 10 o 15 dólares por los especuladores en momentos en que nadie quería esos papeles a sabiendas de que el país no los podía pagar.
Una muestra de lo favorable que fue la oferta para los acreedores es que ese canje fue aceptado por el magnate húngaro George Soros, quien se había ganado mil millones de dólares especulando contra la libra esterlina; por el multimillonario mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín en
Cablevisión; y por Kyle Bass de Hayman Capital, quien luego hizo enormes ganancias especulando con el remate de casas de los trabajadores pobres de Estados Unidos durante la crisis de las hipotecas sub prime.
Es que aunque la quita del capital que proponía el gobierno argentino llegaba hasta el 65 por ciento, se aplicaba sobre los 100 dólares de valor nominal que tenían los bonos. Es decir, que una vez aplicada la reducción de capital se le reconocían a los acreedores 35 dólares o más por títulos que habían adquirido a 5, 10 o 15 dólares.
Pero el negocio no concluyó allí. Kirchner y Lavagna ofrecieron incentivos extras para hacer más atractiva la propuesta. Es así que los bonistas que aceptaban la reestructuración se beneficiarían con pagos adicionales en la medida que crecieran la economía y la inflación.
De este modo, los que aceptaron el canje de 2005 y luego el de 2010 a cargo de Amado Boudou, obtuvieron ganancias del 300 por ciento, tal como reconocieron en varias ocasiones Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.
En aquellos canjes de deuda, tal como hicieron todos los gobiernos argentinos, el kirchnerismo aceptó la jurisdicción de Nueva York para cualquier litigio. Además la sede de la mayoría de los pagos se ubica en esa ciudad. De esta manera se produce una verdadera entrega de soberanía, cuya consecuencia es que desde hace años un desgarbado juez yanqui tiene más autoridad sobre el país que los propios funcionarios nacionales.

Griesa y Pollack comandan el futuro económico del país

Los canjes de 2005 y 2010 fueron aceptados por los tenedores del 93 por ciento de la deuda en default, pero otro 7 por ciento prefirió seguir reclamando el pago integral sin quita frente al juez Thomas Griesa.
En un reportaje realizado estos días, Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas durante la gestión de Roberto Lavagna, consideró que Griesa ayudó mucho en la reestructuración de 2005.
Pero los buitres siguieron reclamando el pago de valor nominal de los bonos hasta que en 2011 el juez neoyorquino decretó un fallo a su favor en una particular interpretación de la cláusula “pari passu” (igualdad de condiciones) de los contratos de deuda. Ordenó en su sentencia el pago de 1.330 millones de dólares. Esto implica una ganancia de 1.380 por ciento mientras los que aceptaron el canje obtuvieron 300 por ciento. Es decir, no hay “igualdad de condiciones”.
Desde entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apeló la sentencia en distintas instancias hasta que finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos no aceptó revisar el caso dejando firme el fallo Griesa en junio de 2014.
Como la Argentina no hizo efectivo el pago a los buitres, el juez neoyorquino dictaminó que los fondos que el gobierno destine a los pagos de deuda de los que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010 sean retenidos hasta que se cumpla el fallo.
El ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, buscó durante algunas semanas dialogar con Daniel Pollack, el mediador designado por Thomas Griesa, hasta que concluyó que éste
jugaba en favor de los buitres.
No obstante, el Congreso votó con el apoyo de la gran mayoría de los partidos patronales una Ley de Pago Soberano para ofrecer a los buitres las mismas condiciones que las que obtuvieron los que aceptaron los canjes.
La iniciativa no prosperó. De esta forma, el juez Griesa impuso al país un default de una parte de los bonos e imposibilitó recurrir a los “mercados” en gran escala para que ingresen dólares con nuevo endeudamiento.
Mientras tanto nuevos bonistas (los llamados “me too”) e intereses se fueron sumando a la sentencia de Griesa hasta engrosar a un nivel de 9.000 millones de dólares el pago que reclaman a la Argentina, incrementando la ganancia a 1.600 por ciento.
El miércoles pasado Alfonso Prat Gay anunció un acuerdo por 900 millones de dólares con bonistas italianos que no entraron a los canjes. Luego, el día viernes se presentó formalmente a los fondos buitre una oferta de pago por 6.500 millones de dólares aceptando prácticamente todas sus exigencias, no sólo para los beneficiados por el fallo de Griesa, sino que también se contemplan pagos favorables para los “me too”.
La quita del 25 por ciento en la oferta del equipo económico comandando por Alfonso Prat Gay es sobre un monto exorbitante a favor de los buitres: por cada 10 dólares invertidos obtendrán entre 120 y 130 dólares de pago.
El gobierno esperaba que este gesto fuera retribuido por Griesa con el levantamiento de la medida que impide los desembolsos para la deuda regularizada.
Por ahora sólo obtuvo el significativo, pero simbólico, apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, del Financial Times y las llamadas telefónicas del mediador Pollack a Macri y Prat Gay.
La oferta fue aceptada por los fondos Montreux Partners y Dart Management administrados por Kenneth Dart, y rechazada por el resto. Elliott Management, Aurelius Capital Management, Davidson Kempner Capital Management y Bracebridge Capital, entre otros, consideraron insuficiente la propuesta.
La supuesta destreza del gobierno de Mauricio Macri en partir el “frente único” buitre está siendo contrarrestada con nuevos palos en la rueda. Muy probablemente motorizados por Paul Singer, ahora un grupo de fondos especulativos que no estaban contemplados en el fallo Griesa piden que se traben los fondos argentinos.
La urgencia del macrismo por llegar a un acuerdo para obtener nuevo endeudamiento que le permita salir de la recesión económica en el marco de una situación internacional desfavorable es utilizada por los buitres para conseguir nuevas concesiones.
A la vez, el día de ayer se anunció que un nuevo estudio de abogados, denominado “Cravath, Swaine & Moore” representará a la Argentina. Se cambia de caballo a mitad del río. La historia sin fin de la deuda sigue su curso. El futuro se define en Nueva York.

Buitres entre los buitres

Como vimos, mientras varios fondos especulativos, como los señalados de Soros, David Martínez y Kyle Bass, aceptaron la reestructuración de deuda gracias a los jugosos beneficios que obtuvieron, hubo una parte de los buitres, los más radicalizados entre los especuladores, que decidieron no entrar a los canjes de deuda e iniciar un litigio en Nueva York.
Cómo señala un documento del CEFID-AR, los buitres actúan desde los noventa sobre países pobres altamente endeudados: “En estos casos, especulaban con las políticas de ayuda financiera y condonación de deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Esperaban el lanzamiento de los planes de alivio y luego reclamaban en cortes europeas y estadounidenses pagos millonarios por sus tenencias. Con fallos a favor, en numerosas ocasiones, el dinero destinado a programas de reducción de la pobreza terminaba en manos de los fondos buitre.”.
Entre ellos los fondos NML Elliot, propiedad de Paul Singer, y Aurelius Capital de Mark Brodsky. También el EM Limited de Kenneth Dart. Son fondos especulativos con fuerte influencia en el régimen político de los Estados Unidos con un importante lobby tanto sobre el partido Demócrata como sobre el Republicano.
Paul Singer fue una figura destacada en el Foro Económico Mundial de Davos, al cual Mauricio Macri, con el acompañamiento de Sergio Massa, fue a buscar inversiones. Su fondo NML Elliot está vinculado a Black Rock, otro fondo especulativo accionista de la gráfica Donnelley que fue abandonada en 2014 intentando dejar cientos de familias en la calle. Black Rock además tiene acciones en Lear Corporation que también realizó despidos masivos aquel año. En Perú ganó muchísimo dinero gracias a la colaboración de Alberto Fujimori a quien en retribución ayudó a fugarse del país poniendo a su disposición una aeronave.
En el medio de la disputa judicial y en momentos que avanzaban los despidos en Lear y la quiebra fraudulenta de Donnelley, Mark Brodsky de Aurelius había amenazó que "lo peor está por venir" para la Argentina. Las amenazas eran serias.
Pero en esta historia donde la realidad supera a la ficción el personaje más interesante a tener en cuenta en estos días es Kenneth Dart. Actualmente reside de las Islas Cayman en donde se resguarda por haber evadido impuestos en los Estados Unidos, donde su padre construyó un emporio de fabricación de envases de telgopor.
En una oportunidad el expresidente estadounidense Bill Clinton, siendo invitado a un festejo del Partido Demócrata, escribió en su blog “(…) La señora Dart es una gran donante demócrata, pero no puedo ir a ninguna parte cerca de ella o su marido (…) Él mismo renunció a su ciudadanía durante mi presidencia y se fue en alta mar para evitar [pagar] cientos de millones de impuestos”.
Dart y su EM limited es un acreedor muy importante de varios países emergentes contra los que especuló sacando suculentos beneficios. En Rusia tiene cuentas pendientes con la mafia por operaciones con las privatizaciones.
En Argentina Dart tiene una fábrica de vasos de telgopor en Pilar, la cual fue en alguna oportunidad allanada por la AFIP por maniobras fraudulentas. En Brasil le impidieron instalar una planta similar a la vez que fue declarado "un enemigo del pueblo brasileño" por las maniobras especulativas con bonos de deuda.
Durante el día martes trascendió que Mark Brodsky acusa al gobierno argentino de haber comprado la voluntad de Kenneth Dart para que acepte la oferta realizada el día viernes ante el mediador Pollack. Según Brodsky los negociadores argentinos prometieron a Dart el pago del 100 por ciento de la sentencia de Griesa. Es decir, sin quita. Claro, que de ser verdadera esta denuncia, ese pago se tendría que realizar en negro.
A esta altura, el gobierno que venía a sincerar la economía se encuentra envuelto en un enredo entre estafadores que atentan contra el país.

No pagar

Luego del default de 2001 una tarea central de la burguesía gobernante fue recomponer las relaciones rotas con el capital financiero.
Los canjes de 2005 y 2010 buscaron ese objetivo. Lo mismo ocurrió con el arregló con el Club de París, en el cual Axel Kicillof reconoció una deuda muy superior a la que figuraba en los registros del Ministerio de Economía. Y en la misma sintonía se ubica el pago de los fallos del Ciadi (un tribunal imperialista que funciona en el seno del Banco Mundial) y la compensación a Repsol luego
de que saqueara por más de una década los recursos hidrocarburíferos.
Pagar la deuda externa es someterse al mecanismo de expoliación de capital financiero imperialista. Lejos de traer soluciones agrava las condiciones del atraso económico y la dependencia de las potencias extranjeras.
Si el macrismo logra el objetivo de volver a los “mercados” y cerrar el litigio en Nueva York, algo que todavía puede fracasar, lo hará al costo de generar las condiciones de una nueva crisis de deuda.
La deuda pasó de ser 126 mil millones de dólares luego de la reestructuración de 2005 a casi 240 mil millones hacia el final del mandado de Cristina Fernández de Kirchner.
Con la “ceocracia” está pegando un nuevo salto. Mientras el stock de deuda está creciendo en gran escala la recesión reduce el PBI liquidando progresivamente en este proceso la ventaja de la baja relación deuda PBI con la que contaba el país.
Con el kirchnerismo los pagos de intereses de la deuda pública se llevaron algo menos del 10 por ciento del presupuesto nacional. En los próximos años esa carga será mucho mayor.
El ajuste en curso tiene la función de liberar recursos públicos para los futuros pagos de deuda. Corresponde a la clase trabajadora tirar abajo el acuerdo con los fondos buitre y rechazar el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

Pablo Anino