Luego de 4 meses, volvió a ser noticia el Barrio Nueva Esperanza, en Merlo Gómez, al oeste del conurbano bonaerense por el violento desalojo de sus habitantes llevado adelante durante este jueves.
Se trata de alrededor de 1.500 familias que ocuparon el predio el pasado 22 de octubre en Libertad, partido de Merlo.
El fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma, había ordenado que se detenga el desalojo iniciado en la madrugada del jueves por efectivos de la Policía Bonaerense y pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas para ser censados.
Al retirarse el fiscal, comenzó un operativo desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fueron construyendo.
Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche.
El procedimiento se inició a las 4:00 am cuando unos 1.200 agentes cercaron el lugar, ubicado al costado de la ruta 1003, y luego comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares.
La medida se había tomado pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y "convocar mesas de gestión" para solucionar el problema.
Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FPV), manifestó que había personal de la Municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico. "La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones. A todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma", reafirmó en declaraciones a la señal de noticias TN.
Sin embargo, por la tarde, tras la retirada del fiscal y sin mediar explicaciones, comenzó el violento operativo. Los vecinos denunciaron que el operativo fue “ilegal” y que hubo “represión”.
El 75 % de las viviendas fueron derrumbadas por topadoras y quienes se resistieron a abandonar el predio fueron ferozmente reprimidos, dejando el saldo de 7 detenidos, que luego fueron liberados, aunque se desconoce aún si les han abierto causas judiciales, así como el estado físico en el que se encontraban.
“Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones”, se quejó en diálogo con la agencia de noticias DyN, Rodrigo Alonso, uno de los ocupantes, al tiempo que aseguró que fue “ilegal”, pues existía una “prórroga” judicial de “180 días para el desalojo firmada ayer” y protestó al sostener que “no” había “ningún tipo de contención social” para las personas retiradas.
Posteriormente, los vecinos dieron a conocer un comunicado donde afirman que: “La policía avanzó sobre nuestras precarias casas sin orden de desalojo, con topadoras y helicópteros. Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche. Denunciamos que el fiscal Fernando Cappello nos mintió en la cara cuando prometió a los delegados que no habría desalojo y que se realizaría un censo. Nosotros ya hicimos ese censo: somos 1.500 familias que reclamamos una vivienda digna. En lugar de cumplir con su palabra, al retirarse el fiscal comenzó un operativo absolutamente desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A lo largo del día de hoy fueron avanzando: a su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fuimos construyendo”.
El viernes a partir de las 9.00 se realizará una concentración en la Municipalidad de Merlo, Avenida Libertador San Martín 391, entre Chacabuco y Bolívar para pedir explicaciones al Intendente Gustavo Menéndez y exigir una solución al problema de vivienda tras el violento desalojo. A las 19:00 realizarán una conferencia de prensa en el CELS (Piedras 547 1º).
Historia reciente
El pasado sábado por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quitó la vida a Oscarcito, un pibe de 8 años, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.
La noticia mereció un amplio tratamiento estigmatizador en Clarín del lunes pasado: “Merlo: en una pelea por tierras ocupadas, mataron de un tiro a un nene de 8 años”.
A pesar que el Intendente Gustavo Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma, aunque todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tenía que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos.
El propio padre del pequeño de 8 años baleado en un supuesto enfrentamiento entre bandas en Merlo, negó la versión oficial y, en el sepelio de su hijo, aseveró que un grupo armado disparó a quemarropa contra un grupo de niños. Quien manifestara lo de la “guerra de bandas” fue el intendente Gustavo Menéndez, del FPV, quien en todo momento salió a criminalizar a los vecinos y condenar la toma de terrenos.
Saúl, el padre de Oscar habló con el canal C5N poco antes de darle el último adiós a su hijo, negó la información suministrada en un primer momento por la policía y contó cómo se dieron los hechos ocurridos el sábado por la noche.
“Terminaron de festejar un cumpleaños en la casa de un amigo, algunos chicos se habían retirado y algunos chicos que habían quedado comenzaron a jugar con cohetes y a estos malvivientes, que no sé qué se les pasó por la cabeza, vinieron a la represalia de estos cohetes con armas de alto calibre. (Hubo) Dos nenas heridas, dos muchachos también heridos, y a Oscar, que estoy a punto de enterrarlo, (de) ocho años”, dijo a punto de quebrarse el hombre.
La prensa habla de una bala perdida que no fue, habla de un tiroteo entre bandas que tampoco fue un tiroteo entre bandas. Lo de mi hijo fue un homicidio, fue un asesinato“, continuó Oscar y agregó que ese tipo de hechos “no es la primera vez que pasa con esta gente. Sí en este lugar, pero no es la primera vez que pasa”.
“Los vecinos somos las principales víctimas de los narcos”, explicó Anahí Benítez, delegada y vocera del Barrio Nueva Esperanza, y agregó que “la falta de política en una zona como ésta, tan grande además, permite que surjan zonas liberadas y dan lugar a estos hechos delictivos que nada tienen que ver con las familias que nos estamos organizando y viviendo acá. En los medios masivos están dejando en el mismo plano a los vecinos y a los narcos tratando de deslegitimar este reclamo por vivienda y esta lucha por el cumplimiento de nuestros derechos”.
Horas antes del asesinato, con la intención de poder desligarse de los grupos de narcos que se instalan y usurpan sectores en las tomas de tierras, pero también para poder visibilizar nuevamente el reclamo legítimo por la tierra para vivir y el derecho a la vivienda digna, distintas organizaciones sociales y políticas organizaron el “Festival Bancando la Toma, por el Derecho a la Vivienda Digna para Todxs”. La jornada tuvo lugar el mismo sábado y contó con diversas actividades como una radio abierta, un momento de carnaval con distintas murgas participando, bandas musicales y un panel sobre la problemática de la vivienda y la Ley 14.499 de acceso justo al hábitat, donde expusieron Gabriel Nocetto de la Asociación Civil Madre Tierra, Manuel Tufro del CELS, el Padre Gabriel del Obispado de Morón y Anahí Benítez.
“El problema del narcotráfico en Merlo no es un problema de hoy ni se inició con la toma; sabemos que los barrios en donde vivimos los sectores populares suelen ser los más desprotegidos y la policía se instala ejerciendo mucha violencia. Ahí, donde hoy están instalados los narcos en nuestro barrio, antes estaba la policía”, explicó Benítez.
Frente a la mortal agresión, las familias del Barrio Nueva Esperanza dieron a conocer un comunicado que entre otras cosas afirma:
“Los vecinos del Barrio Nueva Esperanza, quienes luchamos por el derecho a una vivienda digna y ocupamos hace meses un predio que estaba abandonado entre la ruta 1001 y 1003 venimos organizándonos para construir en estas tierras un barrio digno. En los meses que llevamos luchando por un pedazo de tierra, bajo la lluvia, bajo el sol abrasador, sin servicios básicos, nos encontramos también con personas que nada tenían que ver con las familias que peleamos por un techo para nuestros hijos, encontramos zonas liberadas al narcotráfico y violencia hacia los hombres, mujeres y niños que nos encontramos en la toma. Hoy sucedió lo peor. La muerte de un nene de 8 años en la zona del barrio Unión es expresión de la situación que se vive en los barrios humildes de todo el país. La policía cómplice de estas bandas narcos, libera zonas, para que se genere esta violencia. Acá no hay una disputa de terrenos, hay una pelea entre bandas, que afecta a todos los vecinos. Desde el barrio Nueva Esperanza denunciamos que esto no podría suceder sin la connivencia de la fuerzas de seguridad con las bandas. Exigimos que se investigue y se haga justicia. Desde las familias que nos organizamos, limpiamos el espacio abandonado para construir un barrio con calles, plazas y merenderos para los más pequeños. Pedimos la posibilidad, hoy negada, de acceder a la compra de las tierras de manera que podamos pagarlas. La falta de hogar es una violación a los derechos humanos. Reclamamos la presencia activa del Estado, reclamamos justicia por el asesinato de Oscarcito”.
La Ciudad también fue noticia por desalojos, peligro de derrumbe y aumento de alquileres
El Gobierno de la Ciudad anunció que cerrará el próximo 1 de marzo el histórico polideportivo San Cristóbal. Hace unas pocas semanas, el funcionario PRO, Tomás Pastalanga, se acercó al club y confirmó el desalojo inminente aduciendo que el predio será cedido a Metrovías. A este espacio cultural y deportivo, ubicado en Av. Entre Ríos 1260, asisten más de 300 chicos y chicas del barrio y sus alrededores. A partir de las continuas amenazas de cierre, el jueves 11 de febrero por la tarde, miembros del club, vecinos y organizaciones realizaron un corte con actividades recreativas en la Av. Entre Ríos bajo la consigna “No al cierre del Polideportivo San Cristóbal”.
A la hora de explicar el conflicto, Walter Tolosa, profesor del club, sostuvo: “No estamos dispuestos a ceder el espacio a intereses espurios, empresariales o negociados del Gobierno de la Ciudad. En el Polideportivo hoy participan 300 pibes y pibas nucleados en el club Centro Juvenil Latinoamericano y Ateneo de la Juventud. Creemos que cumplimos un rol social fuertísimo en el barrio, ya sea con los distintos talleres que brindamos, con la merienda para los pibes o con el apoyo escolar. No es solamente una canchita de fútbol, es el espacio de contención social de numerosos jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Acá defendemos y garantizamos derechos que hoy el Gobierno de la Ciudad está empecinado en negar. El derecho a la educación, al juego, a la no discriminación, al desarrollo integral como niños, niño y adolescente.”
El colectivo de profesores del club junto con los vecinos/as y organizaciones del barrio piden que el GCBA dé una solución a este conflicto que permita la continuidad en el desarrollo de las actividades por lo cual solicitan mantener el espacio o la relocalización en un lugar aledaño. Mientras se esperan las respuestas oficiales, se mantiene el estado de alerta ante un posible desalojo y se organizan peñas, festivales y jornadas deportivas para defender al histórico “Poli”.
Para confirmar la idea de que el gobierno de Cambiemos propicia un pronto regreso a los años noventa, los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero, denunciaron un operativo al estilo del ex Intendente menemista Jorge “Topadora” Domínguez. Los afectados son los propietarios de puestos de venta de comida que fueron destruidos a lo largo de la avenida España, en Costanera Sur, dejando sin fuente de ingresos a unas cien familias. Los testimonios son coincidentes en señalar la violencia del operativo realizado por la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio Público, con el aporte de la Policía Metropolitana. Las topadoras arrasaron con todo.
El procedimiento estuvo a cargo de Daniel Sbora, de la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio Público del gobierno porteño, en colaboración con personal policial al mando de un subcomisionado de investigaciones de la Metropolitana de apellido Taborda.
El operativo, que había comenzado a las 6:00 del pasado jueves 11, se extendió hasta después del mediodía y afectó a 40 puestos de comida. En el complejo de torres ubicado en La Rioja al 1800 del barrio porteño de Parque Patricios, los vecinos están preocupados por la construcción de cocheras subterráneas en un depósito que pertenecía al Banco Ciudad, que generó temblores y rotura de vidrios en las viviendas.
“Esas cocheras fueron del Banco Ciudad desde el año ’70, allí funcionaban los depósitos judiciales y los suministros, resmas de papel y demás, que utilizaba el Banco. Ese lugar se vendió a no sabemos quién todavía, si es un grupo o una persona física, pero el tema es que esta gente lo compró por una suma irrisoria de 200 mil dólares y estamos hablando de una manzana y tres pisos subterráneos, el equivalente a un estacionamiento en un shopping de tres pisos, miles de metros cuadrados en el famoso Parque Patricios que es el Polo Industrial tal como lo llama el presidente”, expresó Ezequiel Pagliano, vecino de una de las 7 torres de 18 pisos que conforman el complejo de La Rioja al 1800. La situación fue denunciada y se acercó al lugar personal de Defensa Civil que clausuró la obra, aunque rompieron la faja y entraron igual en tres oportunidades. La situación afecta un total de 500 viviendas, donde viven un total de 2000/2500 personas.
Finalmente, Tomás Marolda, secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), atribuyó el jueves 11 los aumentos de hasta 40 % en la renovación de los contratos de alquiler del sector a la inflación registrada en “los dos últimos meses y medio”.
Mario Hernandez
Fuentes: Marcha.org.ar, La Retaguardia, Anred, La Izquierda Diario, Clarín, Página 12, Resumen Latinoamericano y Red Eco Alternativo.
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