En Junín, el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la Universidad Nacional del Noroeste, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rozanski, dos testigos declararon que la Sociedad Rural participó en el circuito represivo que se montó en esta localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Un excomisario y un periodista señalaron que la Sociedad Rural participó en el circuito represivo. Mientras que el fiscal de la causa pidió nuevas imputaciones, la Sociedad Rural por su parte a través de un comunicado pidió “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.
Los testigos
Se trata del excomisario de la bonaerense, Benito Almada y del periodista Héctor Pellizzi, autor del libro “El Orden de la Tumbas”, un trabajo de investigación que recorre los años del terrorismo de Estado en Junín. Almada atestiguó que José Luis Camarro, un hombre que trabajaba para el Poder Judicial de la ciudad, trasladaba detenidos al terreno en el que funcionaba la Sociedad Rural y dijo: "Por esos años, me contó entonces que participó en un operativo que trasladó a Adrián Romié -uno de los tres desaparecidos que figuran en la causa- al punto 1, que era donde estaba la Sociedad Rural”.
La complicidad civil
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se impute también a Luciano Guazzaroni, un hombre vinculado a la ultraderecha peronista y sindicado por testigos como “un parapolicial que participaba en detenciones y secuestros”.
En tanto el periodista Héctor Pellizzi dio detalles de su investigación y citó el testimonio de Benito de Miguel, integrante de un familia tradicional de Junín y secuestrado junto a un grupo de 14 personas en los días posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976, quien en este testimonio sostuvo que “por esos días, se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los 14 detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”. El periodista agregó que “la votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.
Oscar Farías, secretario municipal de Derechos Humanos de Junín hasta 2009, encabezó la investigación sobre lo sucedido por la dictadura en la ciudad, y entrevistado por la agencia de noticias Télam, dijo: “Entre estos detenidos había artistas, escritores y personalidades de la cultura. Eran un grupo de personas consideradas peligrosas por que se decían ’que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras’ y por eso los querían eliminar”. Farías es uno de los impulsores de las investigaciones que permitieron que este juicio se realice y también apuntó contra la Sociedad Rural: “El tema de la complicidad de la Rural con el terrorismo de Estado era algo que se conocía desde hace mucho”, y agregó: “Ahora, todo eso que se decía quedó declarado en un juicio, salió a la luz. Se tendrán que investigar todos esos datos que brindaron los testigos”.
En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22 (por entonces en construcción), y el destacamento de Puesto Morse. Además de Romié, Gilberto Mesa y Hugo Torreta son las víctimas que figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
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