El diputado Andrés “Cuervo” Larroque presentó un pedido de recusación del fiscal Germán Moldes, quien actúa en los marcos de la Sala I de la Cámara Federal. Allí se encuentra la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto encubrimiento en el atentado a la AMIA.
Los argumentos del escrito de Larroque para la recusación afirman que Moldes ya tuvo actuación en la causa cuando acusó a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por “malversación de caudales públicos” en un supuesto abuso de sus facultades. Este ilícito se habría producido con la presentación que hizo Abbona ante el juez Rafecas con documentos que intentaban refutar las acusaciones de Nisman.
Pero además, Larroque argumenta que Moldes fue uno de los convocantes y organizadores de la “marcha de los fiscales” del pasado 18F y que realizó declaraciones periodísticas que resultan “ilustrativas de su pérdida de objetividad”.
Una de las citadas declaraciones de Moldes dice: “Es imposible separar la muerte de Nisman de la denuncia previa que había presentado contra la presidenta Cristina Kirchner y de la presentación que al día siguiente de su muerte iba a realizar en el Congreso. Es una secuencia que explica por sí sola que fue una muerte política. A Nisman no lo mataron por una deuda de juego, ni fue un motochorro”. Además, el escrito cita otra declaración donde Moldes aseveró que hay diarios del mundo que dicen que el Gobierno “tiene una alta responsabilidad en esa muerte”.
La parcialidad de Moldes y su evidente ubicación como parte de una de las fracciones de la casta judicial es indiscutible. Fue uno de los convocantes a la “marcha de los fiscales” del 18F y está acusado de encubrimiento en la misma causa de la AMIA, un dato que también está en el escrito de Larroque.
Sin embargo, no muy distinta fue la “parcialidad” en la argumentación del juez Daniel Rafecas, no ya en declaraciones periodísticas, sino en el mismo fallo que favoreció al Gobierno.
La resolución de Rafecas dice que la acusación de Nisman es incongruente porque “iría en contra de la política de Estado de la Argentina al menos desde el 2003”.
Afirma que “va en contra de no sólo de una posición pública inflexible del gobierno argentino en los últimos diez años en procura de verdad y justicia (…)”. Y en relación a la presidenta llega a la insólita afirmación de que es "una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia”; que ha tomado decisiones y tenido expresiones públicas que han guardado una “notable coherencia en punto a la persecución de los fines de verdad y de justicia respecto del atentado a la AMIA”.
Las endebles pruebas de la acusación de Nisman no niegan que al peculiar “racionalismo jurídico” de Rafecas le harían falta unas buenas clases del pragmatismo kirchnerista.
Si hay algo que está reñido “notablemente” con la coherencia es la política que tuvo el Gobierno estos diez años en torno a la causa AMIA. Primero dándole impulso a la investigación de Nisman y a su “trabajo” junto a “Jaime” Stiuso y los agentes de la CIA y el Mossad. En 2013 da un giro pragmático de acercamiento a Irán con el gesto del “Memorándum” y en diciembre removió al jefe de los espías, para fortalecer un aparato al mando de Milani.
Lejos de cualquier refutación de esta “parcialidad buena” de Rafecas, el Gobierno no sólo publicó una solicitada días pasados con una síntesis del fallo Rafecas en los principales diarios del país, sino que este viernes hizo lo propio en Le Monde de Francia y en The New York Times de los EEUU. Los miles de pesos, euros y dólares fueron a cuenta del pueblo argentino porque, como se sabe, “la patria es el otro”.
Dudas en la sala
La sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, fue la que salió sorteada para intervenir en la desestimación de la denuncia del fallecido Nisman. La primera medida que tomaron sus integrantes fue fijar una audiencia con las partes para el jueves 19 de marzo.
Según relata Página 12, “la Sala es considerada en algunos ámbitos como la más cercana al Gobierno, aunque para otros ya no lo es”. Dependerá del lado en que se ubique para saber si es considerada “partido judicial” o “justicia legítima”.
Los camaristas que ahora deben decidir si hacen lugar a la apelación de Pollicita, fueron los que declararon inconstitucional el Memorándum de Entendimiento.
Días atrás confirmaron los procesamientos del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y del ex titular de la Sedronar Ramón Granero por tráfico de efedrina.
Además, hace dos semanas uno de los magistrados confirmó al juez Bonadio al frente de la causa Hotesur, la firma que administra los hoteles de la Presidenta en el sur del país.
Para el Gobierno, esta cámara está en un limbo similar en el terreno judicial al que se encuentra (o se encontraba) Martin Insaurralde en el juego político. No está claro si dieron el salto hacia el “partido judicial” que enfrenta al Gobierno. Fueron nombrados por Néstor y Cristina Kirchner, pero como se sabe la “lealtad” no es lo que caracteriza a los magistrados, cuando se trata de defender sus privilegios.
Es evidente que en este laberinto judicial de una interna en la que todos forman parte de una casta privilegiada, lo último que se puede esperar que surja es la verdad.
Una verdadera comisión independiente del Gobierno y de las camarillas y la lucha por terminar con la casta judicial, con la elección universal de los jueces, que sean revocables y que ganen como una maestra, son medidas elementales para salir de este laberinto de encubridores y privilegiados.
Fernando Rosso
@RossoFer
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