El martes próximo se cumplen 39 años del golpe genocida y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la izquierda se preparan para realizar una gran marcha a Plaza de Mayo. Lo que primero deberá sortear este espacio, que nuclea organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos independientes del gobierno y la oposición de derecha, es la provocación que el kirchnerismo ha montado cuando decidió convocar a su marcha a la misma hora buscando impedir la realización de nuestro acto. Esto fue denunciado y repudiado como una provocación.
Una vez más entraremos a la Plaza de Mayo este 24 de marzo para que se escuche la voz de los que no marchamos el 18F ni el 1M. Para denunciar la continuidad de la impunidad bajo el gobierno kirchnerista, que mantiene a un genocida como Milani al mando del Ejército. También para denunciar a la oposición que está igualmente implicada por sus relaciones con los servicios de inteligencia. Y a la casta de jueces que responden a uno u otro bando patronal.
Denunciaremos el espionaje que fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia realizan contra los trabajadores y luchadores, el encubrimiento por parte de la justicia y el Estado en la causa AMIA y la exigencia de la conformación de una Comisión Investigadora Independiente y de la apertura de todos los archivos de la dictadura y de la SIDE. Por supuesto, la exigencia histórica de cárcel ya a todos los genocidas será nuestra bandera y, como señaló Christian Castillo en la sesión del día de ayer en la Legislatura Bonaerense, “que se sienten en el banquillo de los acusados todos los grandes empresarios que en sus empresas pusieron centros clandestinos de detención, como El Quincho de Ford”.
Juicio y castigo a los civiles que sostuvieron el golpe
En el marco general de la guerra de desgaste abierta entre el gobierno y sectores del Poder Judicial, desde éstos últimos se profundiza el abroquelamiento con los sectores más poderosos de la Argentina. El kirchnerismo aportó poco y nada durante esta década en la búsqueda de la verdad y la justicia. Mantuvo intacto el aparato represivo y sigue ocultando todos los archivos que tiene en su poder el Estado. Sin embargo las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes del genocidio pudieron en estos años protagonizar juicios en los que varios culpables fueron llevados a los juzgados y sentados en el banquillo.
Pero en la última semana cuatro fallos han marcado un giro regresivo en el juzgamiento de los empresarios responsables de secuestros, desapariciones y complicidad absoluta con la dictadura.
Esos fallos favorecieron a Pedro Blaquier y a Alberto Lemos, dueño y gerente administrativo del emporio jujeño Ledesma, respectivamente; a Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusado del homicidio de dos obreros gráficos; a Héctor Magnetto, a la dueña del multimedios Clarín Ernestina Herrera de Noble y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su intervención en el saqueo de Papel Prensa.
El último fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña fue a favor de Agustín Botinelli, miembro del staff de Editorial Atlántida durante la dictadura, donde le dicta falta de mérito en la causa en la que se investiga el accionar de los directivos de esa empresa, fraguando una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, secuestrada en la ESMA y madre de un militante desaparecido. Esa entrevista falsa era uno de los mecanismos editoriales para expresar el abyecto apoyo a la dictadura.
Botinelli fue también el responsable de la utilización de fotos de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) cuando ella tenía tan sólo dos años y sus padres acababan de ser asesinados en Uruguay. La campaña consistía en hacer creer que Alejandrina estaba abandonada por sus padres, a quienes tachaban de “subversivos, fabricadores de huérfanos”. Con el reciente fallo, el siniestro plan de apoyo al golpe acaba de tener un fuerte aval. Y va a ser necesaria una dura lucha para que Botinelli, que ni siquiera fue citado a indagatoria por el caso Barry, comparezca en tribunales.
Estas maniobras judiciales en favor de quienes no sólo idearon el golpe sino que amasaron y siguen amasando fortunas en base a la explotación y opresión de las mayorías populares, sólo tienen el objetivo de reforzar la impunidad de los genocidas militares y civiles.
“Cuatro fallos en el mismo sentido expresan una política. Estos casos son muy importantes porque quienes dieron la orden del genocidio. Videla, Agosti, Massera y el resto de la cúpula de la dictadura fueron mandantes de una clase social que orquestó el genocidio a su propio favor”, denunció Christian Castillo en la mencionada sesión cuando homenajeó a los 30 mil desaparecidos.
Basta de espionaje y represión
Ayer se conoció la sentencia al exjefe de la Armada durante gran parte del kircherismo, el Almirante Jorge Godoy y a su segundo, Benito Rótolo. El juez Casanello los condenó a dos años años al primero y un año y ocho meses al segundo por realizar espionaje ilegal desde la Base Almirante Zar de Trelew contra dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas y sobre quienes se confeccionaban fichas. Esta pena irrisoria es la máxima para el delito que se les imputaba que era “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El de Godoy y Rótolo es un grave antecedente que, como viene sucediendo desde la llamada “crisis Nisman”, pone al descubierto cómo funciona el Estado: con espías, jueces y fiscales que el pueblo no vota y que hacen operaciones políticas, espionaje, persiguen a luchadores y tienen vínculos con los partidos tradicionales del oficialismo y la oposición.
En este caso el espionaje era realizado, nada menos, desde las altas esferas de las Fuerzas Armadas. Pero se extiende a todas las fuerzas estatales de “seguridad” y “defensa”.
A finales de 2011 ya habíamos denunciado desde el CeProDH y otros organismos de derechos humanos junto a los delegados combativos de la zona norte del Gran Buenos Aires, cuando sacamos a la luz el Proyecto X de la Gendarmería.
Y en otro caso escandaloso que acaba de destaparse, bajo las órdenes del gobernador de Formosa Gildo Insfrán existe una extensa red de espionaje ilegal con la que se vigila y persigue a las comunidades qom, la izquierda, periodistas y hasta políticos opositores de derecha. Este ultrakirchenrista que gobierna esa provincia desde hace veinte años como si fuera un feudo, es el mismo que ha mandado a reprimir a los hermanos qom en 2010, con el trágico saldo de la muerte de Roberto López por las balas policiales en plena ruta.
Estos ejemplos muestran que durante la década kirchnerista el espionaje y la persecución a los movimiento populares y las organizaciones políticas fueron parte del “modelo”. El saldo de más de veinte muertos en protestas sociales y más de 5000 luchadores obreros y populares procesados no es casualidad.
Más denuncias contra Milani, mayor amparo oficial
El jefe del Ejército, César Milani, suma cada vez más denuncias de familiares y víctimas en las provincias de Tucumán, La Rioja y Córdoba. Los casos de la desaparición del soldado Ledo, las torturas al periodistas Plutarco Schaller y a su hijo, la detención ilegal de Alfredo Olivera, son algunas de ellas. En todas, la justicia cómplice impide llevar hasta el final la investigación. El caso del juez federal Daniel Bejas, que en Tucumán insiste en negarse a tomar declaración indagatoria como lo solicita el fiscal de la causa Ledo, es una muestra enorme de impunidad.
Pero por si faltara un mensaje de impunidad, el discurso de la Presidenta el 16 de marzo lo fue en todo sentido. Con Milani camuflado, recibiendo vehículos y materiales por más de $930 millones, Cristina Fernández no dejó lugar a dudas sobre sus intensiones de darle un nuevo espaldarazo y al mismo tiempo llamar a reconciliarnos con las Fuerzas Armadas, apelando a “desterrar prejuicios”. Reconciliación e impunidad para un Ejército que a su mando tiene a un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad. Ése es el mensaje del gobierno para este 24 de marzo.
Todas estas peleas que damos cotidianamente para terminar con la impunidad y el espionaje, las llevaremos este 24 a Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Vamos contra la criminalización y represión a los que luchan, por el desprocesamiento de los petroleros de Las Heras, por el castigo de los responsables de la desaparición de Julio López, por el castigo a todos los policías de gatillo fácil.
El PTS y el Frente de Izquierda marcharán por las calles del país como cada 24 de marzo, no sólo porque reivindicamos la lucha de nuestros 30 mil detenidos desaparecidos sino porque estamos convencidos de que sólo la más amplia movilización podrá terminar con la represión y la impunidad de ayer y de hoy.
Hacemos nuestras las palabras de Christian Castillo ayer en el homenaje a los desaparecidos en la Legislatura bonaerense. “Este 24 de marzo, a 39 años del golpe genocida, redoblamos el compromiso y la lucha contra este orden social en el que los mismos que hicieron el genocidio son los que aun detentan el poder económico. Las listas negras de trabajadores, entregados por las patronales y la burocracia sindical fue una situación que se repitió en todas las principales fábricas del país”.
Gloria Pagés
CeProDH
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