En tiempos de democracia, uno de los años más duros para la vanguardia obrera y las organizaciones de izquierda fue 1974. Durante la presidencia de Perón, y aún más después de su muerte, las bandas armadas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), en complicidad con la burocracia sindical, tenían vía libre para atacar y amedrentar a activistas obreros y estudiantes, intelectuales, personalidades de la cultura y defensores de DDHH. Aunque se estima que el número de víctimas oscila entre los 1.500 y 2.000, son incontables la cantidad de heridos y torturados; incluyendo robos, amenazas y ataques a locales partidarios entre los años 1973 y 1976. Su objetivo fue claro: diezmar a la vanguardia y sembrar el terror entre sus filas.
Esta organización de la derecha peronista, comandada y financiada por el “brujo” López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, presentó públicamente el 29 de enero de ese mismo año una lista negra que incluía a personalidades políticas e intelectuales que serían “ejecutadas inmediatamente en donde se las encuentre”. Entre los nombres se encontraba a Hugo Bressano (Nahuel Moreno del PST), Mario Roberto Santucho (PRT-ERP), Roberto Quieto (FAR-Montoneros), Agustín Tosco, Rodolfo Puiggrós, Rodolfo Ortega Peña, Julio Troxler, Silvio Frondizi, entre otros. Aunque algunos de ellos lograron sobrevivir multiplicando las medidas de seguridad o pasando a la clandestinidad, muchos otros no corrieron la misma suerte. Entre ellos Silvio Frondizi y Julio Troxler, ambos asesinados en el mes de septiembre hace 40 años.
La Triple A en acción
La noche del 27 de septiembre Silvio Frondizi se encontraba descansando en su domicilio ubicado en la calle ex Cangallo (actual Pte. Perón de Capital Federal), junto a su esposa y nieto de 6 meses cuando un escuadrón, dirigido por el subcomisario Juan Ramón Morales y el subinspector Almirón Sena, irrumpió en la vivienda golpeándolos salvajemente. A pesar de los intentos de Luis Alberto Mendiburu – su yerno– de defenderlo a punta de pistola, se lo llevaron en uno de los falcón verdes que se utilizaron en el operativo; dejando a este último herido de muerte.
Horas más tardes la Triple A se adjudicaba el asesinato informando que el cuerpo se encontraba en un descampado de Ezeiza. Hallado con más de 50 impactos de bala fue velado en el aula Magna de la UTN acompañado por un masivo cortejo fúnebre. Frondizi no era sólo un intelectual marxista de izquierda, en los últimos años de su vida se vinculó al PRT y a su frente de masas (FAS y Movimiento Sindical de Base). Como abogado defendió a presos políticos y denunció fervientemente la matanza de militantes del ERP en Catamarca. Esto le valió su muerte.
Pero no fue el único, siete días antes Julio Troxler –reconocido dirigente peronista y sobreviviente de los fusilamientos de José León Suarez– corrió la misma suerte cuando fue secuestrado en las inmediaciones de la facultad de derecho y acribillado por la espalda junto a un paredón del ferrocarril Roca en Barracas. Nuevamente la Triple A se adjudicó el asesinato acusándolo de “bolche y mal argentino”. Durante la gobernación de Bidegain en Buenos Aires ocupó el cargo de subcomisario de la Policía durante 85 días y renunció cuando la derecha se impuso en la provincia con Victorio Calabró a la cabeza y sus culatas, tras la renuncia del gobernador. Troxler militaba en el peronismo revolucionario.
“La sangre derramada no será negociada”
Anteriormente, con tan solo 38 años Rodolfo Ortega Peña era diputado nacional por el Peronismo de Base y había sido defensor de presos políticos cumpliendo su rol de abogado. Cuando sus amigos le pedían que se cuide frente a las constantes amenazas él respondía diciendo “la muerte no duele”.
A las 22:15 del día 31 de julio también de 1974, Ortega Peña fue acribillado (tenía 24 impactos de bala) dentro de un taxi cuando viajaba con su esposa en la intersección de Arenales y Carlos Pellegrini. Este fue el primer asesinato en el que la Triple A se adjudicó su autoría.
Desde su revista Militancia peronista para la liberación había desentramado los vínculos entre esta organización y el Ministerio de Bienestar Social. Pero más importante fue la denuncia que realizó en el acto del 29 de mayo por los militantes del PST asesinados en la Masacre de Pacheco. No sólo responsabilizó a Perón por estas muertes sino que también dijo “no me cabe la menor duda que la política represiva surge desde el ámbito de la burocracia sindical con el consentimiento del gobierno y ejecutada, posiblemente, por cuadros militares, policiales o paramilitares, reclutados entre el nacionalismo de derecha o el activismo de derecha tradicional, pero respondiendo a una política de la burocracia sindical que se ve afectada concretamente por la política de base”. Se había comprometido a denunciar los asesinatos en el Congreso. Estas palabras fueron su sentencia de muerte.
En un velorio multitudinario en la Federación Gráfica Bonaerense se despidieron sus restos, acompañado de una bandera en la que podía leerse: la sangre derramada no será negociada. Centenares de militantes fueron detenidos ese día.
Estos tres casos son ejemplos concretos del accionar de las bandas parapoliciales que actuaron durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón. Si bien en el 2007 se reabrió la causa “Triple A”, la mayoría de sus integrantes están prófugos y los crímenes permanecen impunes.
Claudia Ferri
27 de septiembre de 2014
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