Un tribunal de La Plata le dio la prisión domiciliaria al principal responsable de la desaparición de Julio López. Opinan Guadalupe Godoy, Myriam Bregman y Nilda Eloy.
El Tribunal Oral N° 1 de La Plata concedió el viernes la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien fue la mano derecha de Ramón Camps durante la dictadura genocida, condenado en seis oportunidades e imputado en una gran cantidad de causas que aún no llegaron a juicio.
Sobre Etchecolatz apuntan todas las sospechas respecto a la desaparición de Jorge Julio López, quien declaró contra él en 2006 en un testimonio clave para su condena. En aquel juicio histórico López denunció que Etchecolatz dirigía y aplicaba las torturas en los centros clandestinos del denominado “Circuito Camps”.
“Este 18 de septiembre se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Julio López”, señaló a este diario Myriam Bregman, una de sus abogadas y hoy diputada nacional del PTS-FIT. “Y a Etchecolaz nunca se lo investigó seriamente, a él que nos amenazó públicamente y hasta sacó un papel con el nombre de Julio escrito de su propio puño cuando se leía el veredicto por el juicio a los represores del centro clandestino La Cacha en 2014. Siempre sostuvimos que había que investigarlo, demás exigimos que se abran los archivos que el estado tiene en su poder sobre el caso López, ahí están las pruebas”, afirmó Bregman, quien presentó el año pasado un proyecto de ley en ese sentido.
Etchecolatz consiguió esta vez la venia de la mayoría del Tribunal Oral N° 1 de La Plata. Con los votos favorables de los jueces Castelli y Michelli y la disidencia de Arias el represor está a un paso de ir a su domicilio, porque aún tiene otras condenas por las cuales no se le otorgó este beneficio.
Sin embargo “este precedente abre la puerta a que sus defensores sigan batallando y encuentren eco en sectores del poder judicial y logren que efectivamente lo liberen. Es de una extrema gravedad que se instale con normalidad el hecho de que los genocidas de más de 70 años pueden irse de prisión”, agrega Bregman.
Los jueces que votaron a favor lo hicieron en nombre del “principio de humanidad de las penas” y porque el genocida padece “incuestionables problemas de salud” como la “hipertensión arterial de larga data”. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense se pronunció en contrario, señalando que estaba recibiendo “adecuada atención desde el punto de vista médico”. Lo mismo evaluaron los fiscales Molina, Schapiro y Nogueira: “puede ser debidamente asistido y tratado” en el penal de Ezeiza.
Guadalupe Godoy, también abogada de Julio López, dijo a este diario que “están por un lado (el ministro de Justicia) Germán Garavano y (el secretario de Derechos Humanos) Claudio Avruj reuniéndose con organizaciones reivindicadoras del terrorismo de Estado y por otro un rumor muy generalizado de que saldría algún tipo de informe sobre la concesión automática de la prisión domiciliaria a partir de los 70 años o que la Corte iba a salir con un fallo en ese sentido. Han optado por operar dentro del poder judicial y encontraron jueces permeables para esto, que siempre los hay”.
La referencia a Julio López es inevitable. A casi diez años de su desaparición esto “es una provocación, en La Plata uno de los determinantes para que la Cámara cambiara su criterio en cuanto a las domiciliarias había sido la desaparición de Julio. Al tiempo, los jueces plantean que la desaparición de López mostraba la certeza de los peligros que se corrían en estos juicios. Que ahora lo reviertan por razones humanitarias cuando Etchecolatz en los últimos años no paró de reivindicar lo que hizo durante la dictadura, las amenazas, las presentaciones que intentó hacer en la causa de López y ninguno de los jueces tuvo en cuenta eso, deja claro que hay ahí una provocación muy fuerte”.
Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, víctima de Etchecolatz y testigo en su contra, dijo también a La Izquierda Diario que “es muy duro sentir que nuevamente Etchecolatz está a un paso de estar libre, es doloroso”.
“Si los genocidas tienen más de 70 años o están enfermos que el Estado provea cárceles que tengan un sistema hospitalario correcto. Y en el caso de Etchecolatz, es increíble que se diga que no tiene peligro de fuga, que no va a entorpecer la causa. Diez años se van a cumplir de la desaparición de Julio López, se olvidan de que en esa segunda desaparición la relación con Etchecolatz es evidente, aunque no haya sido investigado, porque en esa causa nada se investigó en serio y mucho menos su responsabilidad”, sentenció Eloy.
No sólo Etchecolatz
Ayer se conoció la noticia de que, a pesar de la feria judicial, la Cámara de Casación otorgó la prisión domiciliaria a Eduardo Cabanillas, condenado a perpetua en 2011 por crímenes durante el genocidio en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Cabanillas había iniciado una huelga de hambre declarándose “preso político” y realizó junto a represores y genocidas una campaña por su liberación. La Justicia escuchó su pedido, mientras en las cárceles de todo el país miles de personas están privadas de su libertad en condiciones denigrantes y por las que a la justicia no se le mueve un pelo.
Guadalupe Godoy señaló que “ya había antecedentes que podían hacer prever lo que pasaría con Etchecolatz, con otorgamiento de domiciliarias como hace poco a Jaime Smart (exministro del Gobierno bonaerense durante la dictadura), en este caso con acuerdo de los fiscales”.
Nilda Eloy sostuvo que “en lo que va de este año he recibido correos y los datos de que ha habido alrededor de cincuenta domiciliarias, que por otro lado nos consta que no son controladas, los van a buscar y no están, o se fugan”.
Tan es así que el diario Clarín da cuenta de que en lo que va del año, precisamente, “altas fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación indicaron que unos 50 militares y expolicías recibieron en estos meses la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado”.
Evidentenmente el “criterio de los magistrados” parece estar a tono con el intento del gobierno de Cambiemos por imponer un nuevo relato en el que priman los intentos de reconciliación y reinserción de las Fuerzas Armadas, que van de la mano de señales concretas a favor de la impunidad.
Según las estadística del Ministerio Público Fiscal, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 se dio un aumento de 30 casos de prisiones domiciliarias.
Como señaló Nilda Eloy, “la justicia habla de los ’pobres viejos’ que se mueren o están enfermos, ellos se mueren impunes, nosotros nos morimos sin justicia”.
"Este nuevo paso en dirección a una pretendida "reconciliación" auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales y el propio Vaticano, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias" señalaron desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecido en un comunicado.
La lucha contra la impunidad y la reconciliación debe salir de nuevo a las calles, exigiendo cárcel común y efectiva a los responsables del genocidio. Este 18 de septiembre, otra vez exigiremos juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Julio López, empezando por Etchecolatz.
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH
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