A más de 41 años de aquella jornada de terror aún no hay juicio a los responsables. Ante nuevas manifestaciones de la “Teoría de los dos demonios” surge la preocupación en la búsqueda de justicia.
La causa judicial que tiene por objeto investigar sobre los delitos cometidos por militares y civiles en 1975 en Villa Constitución, aún no ha sido elevada a juicio. Además, por haber sido cometidos año antes del golpe de Estado, algunos sectores de la derecha han puesto en duda su carácter de delito de lesa humanidad. Sin embargo, esta causa sigue teniendo la particularidad de la responsabilidad directa de los empresarios que llegaron a establecer un Centro Clandestino dentro de la planta.
El 20 de marzo de 1975 Villa Constitución, ciudad ubicada al sur de Santa Fe fue invadida por un operativo conjunto de más de 4 mil agentes de diferentes fuerzas de seguridad para detener a los trabajadores de Acindar, que durante ese momento estaban llevando adelante un proceso de organización independiente de la burocracia sindical de Lorenzo Miguel en la Unión de Obreros Metalúrgicos. Además de ello, tenía como objeto generar terror en el conjunto de la ciudad, ya que contaban con una “vía libre” gracias al estado de sitio reinante. Contrariamente a esto, el pueblo enfrentó este ataque y los trabajadores tomaron la fábrica y pararon por 59 días, aunque no bastó para impedir que un centenar de ellos fueran encarcelados el 27 de marzo.
Fue parte del genocidio, es de lesa humanidad
La contracara de este enorme hito en la organización obrera y de un pueblo entero que acompañó este proceso, fue el agudo nivel de represión llevado adelante por el gobierno de Isabel Perón. Este gobierno de carácter constitucional, puso en marcha un plan como respuesta a un “complot subversivo”, con epicentro en Villa Constitución, que había que detener. Así se desplegó el operativo “serpiente roja del Paraná”, del cual formaban parte integrantes del ejército, de la policía bonaerense y paramilitares. Se puso en marcha una muestra de lo que vendría posteriormente en el golpe de Estado.
Estos elementos ponen sobre la mesa que el plan de exterminio comenzó antes de 1976 y tenía como objetivo detener este proceso de organización independiente de la derecha peronista y bajo orden directa de los empresarios de la metalúrgica, con preeminencia del presidente, el mismísimo Martinez de Hoz, futuro actor principal en la dictadura.
Uno de los aspectos que marcan que fue parte del mismo plan represivo, fue el establecimiento de un Centro Clandestino de Detención, en la fábrica, que no solo involucraba a las fuerzas represivas, a la burocracia de la UOM sino que responsabiliza directamente a los directivos de Acindar de esos terribles hechos violatorios de los Derechos Humanos.
Por otro lado, las características de las detenciones, secuestrándolos de sus casas y posteriormente asesinando a algunos de ellos, hacen a un “modus operandi” utilizado durante todo el período 76-83, nota que marca que no sería un hecho aislado sino nada más ni nada menos que un “ensayo” de lo que vendría un año después. De hecho, con posterioridad al 24 de marzo de 1976 fueron detenidos más de 400 obreros y entre 1975 y 1979, 51 fueron asesinados. El rol de la escuela francesa, con López Aufran a la cabeza, fue marcado en esta zona, con características específicas en relación a la represión.
Estado de la causa
La causa judicial que se tramita en los Tribunales Federales de Rosario, no ha sido aún elevada a juicio, más allá de las declaraciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas, representadas por la querella de APDH, que dieron cuenta de que en aquellas jornadas de Villa Constitución, se desplegó una avanzada represiva como parte del Plan sistemático de exterminio. La Fiscalía ya pidió que sean indagados 3 directivos que aún quedan con vida, pero se desconocen los motivos de la extensa demora para que de una vez por todas los responsables paguen por sus crímenes hacia los obreros secuestrados, torturados y demás atrocidades cometidas por organizarse. Escena que se repitió durante los años siguientes con los más de 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.
Quieren reflotar la teoría de los dos demonios
Recientemente vimos como el Tribunal de casación ha vuelto a plantear el segundo relato en relación al genocidio, partiendo de desconocer las declaraciones de testigos en la causa de“Masacre del Rosario”, en Catamarca. Además de ello esboza que los hechos se realizaron en 1974, por lo cual no serían parte del plan sistemático. Este planteo de la justicia, se suma a la avanzada del gobierno de Cambiemos de revivir a las Fuerza Armadas como en el reciente acto del 9 de julio, que mucho no extraña teniendo en cuenta que su misma familia fue beneficiada por los militares.
En este marco, hechos represivos como el de Villa Constitución son aún bandera de organizaciones de Derechos Humanos, como una cuenta pendiente que el gobierno kirchnerista no pudo resolver a mas de 41 años. Ahora más que nunca sus protagonistas y familiares denuncian su falta de justicia.
Celina Tidoni Abogada | CeProDH Rosario
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