En un país donde los trabajadores percibieron aumentos de salarios del 30% en el mejor de los casos, el gobierno quiso presentar como una concesión graciosa la decisión de que los tarifazos del gas “solamente” lleguen al 400 por ciento. Pero las triplicaciones o cuadruplicaciones de boletas alcanzan también a la luz y al agua. Para muchas familias, la suma de todos estos servicios se acerca a sus ingresos mensuales. Por ese motivo, la llegada de boletas de gas con aumentos del 700 ó 1.000 por ciento generó una verdadera conmoción. Las oficinas de Metrogas y otras distribuidoras fueron el escenario de mitines espontáneos. A la amenaza de un defol popular en el pago de las boletas, se sumó la posibilidad de una rebelión todavía mayor cuando los privatizadores se dispusieran a cortar los servicios impagos. De cara a ese horizonte turbulento, la improvisada echada de lastre del gobierno es una tentativa de poner a salvo al conjunto de los tarifazos.
Como nunca antes, emergió el verdadero alcance del ajuste que ejecutan el macrismo y los gobernadores, y que empuja a un retroceso histórico en las condiciones de vida de los trabajadores. “O pagamos el gas o comemos”, la pancarta que apareció en varios de los últimos frazadazos, resume el meollo de la cuestión. Pero las idas y vueltas oficiales en torno de esta crisis sacaron a luz otra cuestión de fondo: los límites políticos de los ajustadores para alcanzar sus objetivos. Al gobierno no le alcanzaron los decretazos de Aranguren. Tuvo que apelar a maniobras políticas, por temor a una rebelión popular.
Justicia
Este cuadro político explica la intensa intervención de la Justicia, desde los juzgados de provincia hasta la propia Corte. No son los fallos los que desataron la crisis, sino al revés. Fue la Justicia la que tuvo que arbitrar, ante una crisis que ponía en cuestión la autoridad del Estado para llevar adelante el ajuste. Ahora, la Corte ha dispuesto un “pedido de datos” al gobierno, postergando cualquier resolución para agosto. En el ínterin, el gobierno tratará que se revierta el fallo de la Cámara platense que suspendió los aumentos, en nombre de que las medidas oficiales de “atenuar” el tarifazo dejarían sin sustento la determinación de los jueces. El gobierno también aceptó realizar una audiencia pública hacia octubre, algo que también reclamó la Justicia y cuya concreción el gobierno pretendía evitar, para no someter el tarifazo a una deliberación política. De todos modos, las audiencias no son vinculantes, por lo que no podrán torcer el rumbo de los aumentos confiscatorios. Su concreción servirá para superar las objeciones de la Justicia y legitimar los tarifazos. Según La Nación del 9 de julio, esta salida fue pactada entre Macri y Lorenzetti, mientras engullían empanadas tucumanas en los festejos bicentenarios. La Corte, por lo tanto, sale a garantir la “gobernabilidad” del ajuste. Es lo mismo que hicieron Massa y otros opositores, que amenazaron con iniciativas legislativas para suspender los aumentos y terminaron aplaudiendo de pie al tarifazo de “sólo” el 400 por ciento. Mientras tanto, el kirchnerismo y el pejota patalean por el gas, cuya tarifa es nacional. Pero no dicen una palabra de los tarifazos eléctricos o del agua, que sus diferentes gobiernos concedieron a las distribuidoras provinciales.
Rescatar a quién
Los apologistas del tarifazo aducen que ya no existen condiciones para “seguir subsidiando el consumo de energía”. Con ello, mienten por partida doble. Primero, porque los subsidios y tarifas bajas del kirchnerismo sólo viabilizaron salarios bajos, ello, en beneficio de los patrones que los pagaban. Segundo, porque los actuales tarifazos están dirigidos a subsidiar a los monopolios petroleros y gasíferos, que obtienen por los recursos extraídos precios muy superiores a los internacionales. CFK-Kicillof primero y Macri-Aranguren después, reconocieron a los productores de gas un precio que duplica -y en algunos casos triplica- a los valores de referencia en la región. Este esquema de rescate a los capitalistas se ha acentuado con el desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos. Un capítulo particular de este salvataje es la propia YPF, responsable del 30 por ciento de la producción local de gas, y que acumuló una deuda de más de 7.000 millones de dólares para financiar sus fracasadas aventuras con Chevron. El tarifazo apunta también a afrontar esa enorme hipoteca.
El kirchnerismo antes y el macrismo ahora han impuesto una estatización “sui generis” y parasitaria de la actividad petrolera, donde los recursos públicos y los consumidores sostienen a quienes vaciaron las reservas de petróleo y gas a lo largo de décadas. A ese rescate estatal de los pulpos, nosotros le oponemos el rescate del patrimonio energético del país a costa de los vaciadores: que se abran los libros de las empresas, que se investiguen todas las operaciones de desvíos de subsidios en estos años.
Para justificar los tarifazos, el gobierno ha levantado el espantajo de la escasez de gas, acusando a los trabajadores de “derrochar energía”. Pero el despilfarro de recursos es inseparable de la gestión capitalista, que, por ejemplo, subsidia la depredación minera -hiperconsumidora de energía-, mientras victimiza a la población. La crisis actual exige una planificación de la energía en función de los intereses de la mayoría, lo que plantea la renacionalización integral de los recursos bajo control obrero.
En su defensa de los aumentos, el gobierno tampoco se privó de un argumento “kirchnerista”: los que recibieron boletas de 3.000 ó 4.000 pesos, dice, serían privilegiados… frente al 40 por ciento de la población que no tiene gas de red. Pero, ¿qué hizo el gobierno por la masa popular que consume gas de garrafa? Solamente llevarla a precios prohibitivos, mientras ofrece una garrafa “social” a cuentagotas y de dudosa calidad. Es necesario exigir a los Estados, en todos sus niveles, la provisión de garrafas a 50 pesos para las barriadas. Este reclamo, junto a la anulación definitiva del tarifazo y la auditoría integral a los pulpos petroleros, está presente en el proyecto que los diputados del PO-FIT presentaron en el Congreso.
Iniciativa de lucha
A la luz de todo este cuadro, es claro que la derrota del tarifazo exige una enérgica iniciativa de lucha. Los Moyano, Caló y compañía han desertado de ella de antemano: cuando las patronales de los servicios públicos condicionaron la marcha de las paritarias a la convalidación de los tarifazos, las burocracias sindicales consintieron y fueron cómplices. De todos modos, los trabajadores petroleros o del transporte recibieron sólo las migajas de los aumentos tarifarios.
Una vez más, tenemos planteada la necesidad de una acción independiente de los burócratas y de los partidos del ajuste. Con este planteo, nos movilizamos el pasado martes a los Tribunales y también lo hicimos en varias otras capitales del país. Esa lucha debe unirse al conjunto de reivindicaciones en juego, como la reapertura de las paritarias, el fin de los despidos y del impuesto al salario. Con ese objetivo, proponemos al conjunto del sindicalismo clasista, a las organizaciones de desocupados independientes del Estado y a los centros y federaciones estudiantiles de lucha, concretar una gran movilización contra el tarifazo y por todas las reivindicaciones en juego, que resulte precedida por asambleas, actos y agitaciones en todos lados. También en esta lucha es necesario que los trabajadores y la izquierda se conviertan en alternativa.
Marcelo Ramal
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