La corrupción y la lucha de clases

La corrupción, subproducto del sistema capitalista, como objeto e instrumento de la lucha de clases. Su utilización por los sectores concentrados del poder económico y mediático para su beneficio y como arma para combatir las políticas de los gobiernos populares. Necesidad para los sectores populares de combatir la corrupción en la función pública mediante el desarrollo de la democracia participativa.
Por estos tiempos asistimos a una serie de hechos que ocupan predominantemente la atención pública y que se relacionan con esa lacra social que es la corrupción.
Ante todo hay que ubicar este tema en el seno de una sociedad capitalista que, como todo sistema basado en la explotación del hombre por el hombre, en la división de la sociedad en clases sociales y en el individualismo, es por ello corrupta en su misma esencia. Basta observar la obscena realidad de una minoría cada vez más reducida acumulando el grueso de la riqueza mundial contrastando con vastas masas populares empobrecidas y crecientemente excluidas, para darse cuenta de ello.
Nos es de extrañar entonces que la corrupción recorra todo el cuerpo social y que, particularmente, se la encuentre como parte de cuanto gobierno existe y haya existido en este y en todos los países; claro que con intensidad y frecuencia distintas, según las características socioeconómicas, institucionales y culturales de cada país.

La corrupción como objeto e instrumento de la lucha de clases

Inserta como subproducto de una sociedad de clases sociales, la corrupción es también, inevitablemente, objeto e instrumento de la lucha de clases.
Claro que en la sociedad capitalista es la clase que oligopoliza la riqueza quién se encuentra en condiciones ampliamente ventajosas para utilizar la corrupción en su favor. Por un lado porque pueden utilizar el Estado en beneficio de sus intereses, particularmente cuando logran instalar gobiernos de derecha, lo cual constituye, de lejos, lo más grave y socialmente dañino del problema de la corrupción. Pero, por otro lado, porque al pertenecer los principales medios de difusión al bloque socioeconómico dominante y tener además la hegemonía en el sistema judicial, cuentan con esas poderosas herramientas para, por un lado, blindarse ante sus propios actos de corrupción y, por otro lado, atacar a los gobiernos populares que osan aplicar políticas alternativas a las que sirven directamente a los sectores concentrados.
La derecha sabe que es casi imposible no encontrar actos de corrupción en cualquier gobierno (nacional, provincial y municipal); y entre lo que encuentran y lo que inventan mediante difamaciones, intentan descalificar y deslegitimar lo que en realidad les interesa combatir, que son las políticas que fortalecen el rol del estado para un desarrollo nacional más independiente, redistribución de la riqueza para una mayor inclusión social, derechos humanos, integración regional independiente y apoyo a las organizaciones del campo popular. Todo esto contradice sus intereses, particularmente en esta época en que el bloque de poder en todos los países pertenece y responde a un poder económico cada vez más globalizado, oligopolizado y dominado por el capital financiero especulativo, en el seno de una sociedad capitalista sumida en una profunda crisis mundial de carácter sistémico, estructural y de tendencia permanente.

La utilización del estado por el bloque de poder económico dominante

En cuanto a la utilización del estado por los sectores empresariales que integran el bloque de poder, hay tantos ejemplos en la historia de nuestro país y del mundo que podríamos escribir casi indefinidamente sobre ellos.
Sin ir más lejos, en el gobierno actual en nuestro país, en manos de dueños y CEOs de grandes empresas, la eliminación de las retenciones agropecuarias y mineralógicas, por ejemplo, provocaron una gran transferencia de recursos desde el estado hacia los terratenientes, empresas multinacionales agroexportadoras y mineras, compensado esto con la eliminación de subsidios a los servicios y al transporte, con lo cual es el pueblo el que termina pagando la factura.
Otro ejemplo es haber creado la normativa económica y financiera que permite un nuevo apogeo de la especulación financiera, ya que los bancos pagan por los plazos fijos 24-25 % y con el dinero que reciben compran Letras del Banco Central que han estado dando 35-38 % de interés, con lo cual sacan una ganancia, medida en dólares, con tasas que no existen en el resto del mundo; bicicleta financiera a la que se suman activamente capitales financieros especulativos internacionales.
Otro caso paradigmático es el de Aranguren, que fue CEO de Shell hasta ser nombrado ministro de energía del actual gobierno, que decidió comprar en forma directa gas natural a Chile a 6,9 dólares por millón de BTU, reemplazando el gas que nos vende Bolivia a 3,02 dólares, permitiendo así que la empresa boliviana, en la que Shell es importante accionista, se beneficie vendiendo ese gas a otros compradores a 8 dólares, lo cual asimismo contribuyó al alza internacional de las acciones de Shell, de la cual Aranguren es además accionista!!! Y aquí, como con todos los funcionarios y personas públicas, no interesa cual haya sido la intención (eso hay que dejarlo para el diván del psicoanálisis) sino cual es el efecto concreto en la sociedad.

El tema de la corrupción como arma política

Sobre la utilización de la corrupción como herramienta política para erosionar a gobiernos populares y las corrientes políticas que los sostienen, basta ver el tratamiento que la “corporación mediática” y el sistema judicial le dan a los diversos escándalos aparecidos en los últimos tiempos en Argentina.
Por un lado se arma un gran show mediático en continuado con casos como los de Jaime, Báez y Lopez, mientras por otro lado, los mismos medios, le ponen sordina al escándalo de los “Panama Papers”, donde están profusamente implicados el propio Macri y varios miembros de su gabinete y a casos como el de Aranguren.
Creo que nadie sería capaz de imaginar el apocalíptico escándalo que habrían armado los medios hegemónicos y aquellos políticos en connivencia con ellos, si se hubiera descubierto que Cristina tenía cuentas en algún paraíso fiscal y que, como hizo Macri, siendo presidenta hubiera dicho: primero que no tenía ninguna cuenta en el exterior, luego que sí tenía pero que estaban inactivas, luego que sí estaban activas pero que no tenían fondos, y finalmente que sí tenían fondos ($18.000.000) pero que los iba a declarar y a repatriar!!!
O también, imaginemos que los integrantes del gobierno anterior hubieran hecho operaciones de dólar a futuro, en el período entre el triunfo electoral de Macri y su asunción como presidente, como sí hicieron varios de los integrantes del gabinete macrista, para beneficiarse así con una posterior devaluación que para colmo ellos mismos decidieron (no sin que antes Macri tratara de mentiroso a Scioli porque este advertía que si ganaba Cambiemos iban a devaluar un 50%, lo cual constituyó otra forma de corrupción y no de las menores, porque se engañó gravemente al electorado). El escándalo mediático y judicial contra el gobierno anterior habría sido apoteósico.
O bien, supongamos que hubiera sido el ex ministro De Vido quién hubiera hecho la operación que hizo Aranguren con la importación de gas natural. El escándalo que hubieran armado la corporación mediática, los jueces que responden al poder económico dominante y los políticos oportunistas habría sido indescriptible.

El uso del tema corrupción para instalar “sentido común”

La derecha utiliza los medios de comunicación para instalar ciertos lugares comunes en la conciencia de la gente, es decir, construir el “sentido común” que le conviene.
Uno de esos lugares comunes es que los gobiernos populares “se la roban toda” percibiendo “retornos” en la obra pública y que por eso hay luego que aplicar políticas de ajuste.
Analicemos esto objetivamente: Si consideramos que la obra pública representa más o menos un 4% del PBI y suponemos exageradamente que un gobierno logre un sistemático “retorno” del 15 %, esto daría un 0,6% del PBI. La corrupción, en el gobierno que sea, es un grave flagelo que hay que combatir incesantemente por la descomposición ética que implica, pero no es por eso solo que los países se salvan o se hunden económicamente, sino principalmente por la orientación ideológica de las políticas de gobierno.
Otra cuestión es la terminología que emplean los medios dominantes para referirse a los gobiernos propios y a los adversarios. Un ejemplo de esto es que al calificar diferentes políticas gubernamentales, a las de redistribución del ingreso a favor de los sectores populares las denominan “populismo”, dándole a esto un contenido negativo, mientras que a las políticas que redistribuyen el ingreso a favor de los sectores dominantes de la economía las denominan “sinceramiento”. Otro ejemplo es que cuando se acusa de algún delito a alguien vinculado con gobiernos o movimientos del campo popular, se considera inmediatamente que ha cometido actos de “corrupción”, aunque no se haya expedido aun la justicia; mientras que cuando se demuestra un acto delictivo de algún integrante del gobierno o de las fuerzas propias de derecha, se califica su acción como “desprolijidad”.
Uno de los asuntos más graves instalados por los medios dominantes como “sentido común” es el de considerar inmediatamente culpable a cualquier integrante o ex integrante de gobiernos populares acusado de algún delito, aun cuando la ley establece presunción de inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario.
Son todas artimañas utilizadas por los medios de difusión pertenecientes al bloque de poder, para manipular la conciencia de los sectores populares, buscando que se vuelvan en contra de los gobiernos que defienden sus intereses y apoyen a gobiernos que responden a los intereses dominantes. Necesitan alienar a la gente.

La valoración de los gobiernos por los sectores populares

Independientemente de la utilización del tema corrupción para deslegitimar, por caso, las políticas del gobierno anterior, a la corta o a la larga, los sectores populares, incluyendo a sectores de capas medias y pequeños y medianos empresarios, terminan valorando las medidas de los gobiernos por el efecto concreto que tienen en la población.
En cuanto al gobierno kirchnerista, sus medidas concretas, tales como las paritarias, el Consejo del Salario Mínimo, la asignación universal por hijo, la jubilación universal, la ley de financiamiento educativo, las escuelas y hospitales construidos, el no al ALCA combinado con las medidas de reindustrialización, la creación de cerca de 6 millones de puestos de trabajo, el desendeudamiento en divisas, la política de derechos humanos, la integración latinoamericana, la recuperación de YPF y tantas otras, se juzgarán por el efecto concreto en los sectores populares. Los casos de corrupción se pondrán en la balanza pero no deslegitimarán las medidas de gobierno favorables a la mayoría del pueblo.
Asimismo, las políticas actuales de orientación neoliberal, que están provocando una enorme transferencia de recursos desde los de abajo hacia los de arriba, desocupación, caída de los ingresos fijos en términos reales, nueva carrera al endeudamiento en divisas, aceleración de la especulación financiera, desindustrialización, cierre de PYMES y otras calamidades, se juzgarán por el daño que le hacen a los sectores populares, independientemente de las cuentas off-shore de Macri y sus funcionarios, o de lindezas tales como las vergonzosas operaciones con dólares a futuro que hicieron para su enriquecimiento personal, o las maniobras de Aranguren con el gas.
Los gobiernos de Yrigoyen y Perón siguen siendo reivindicados por los sectores populares, a pesar de las enormes campañas de descalificación que se hizo de sus gestiones mediante el tema corrupción. En cambio, los gobiernos reaccionarios que aplicaron una línea de gestión del tipo de la actual de Cambiemos son denostados por los sectores populares y están en ese sentido en el basurero de la historia.

El desarrollo de la democracia participativa como arma del pueblo contra la corrupción

Los hechos de corrupción en un gobierno popular que lleva adelante medidas progresistas son doblemente gravosos para el campo popular. Por un lado porque cuando se asume una función de gobierno, ya no se actúa en nombre de grupos particulares sino del conjunto de la sociedad, por lo que cometer actos de corrupción es un delito y una inmoralidad de nivel cualitativamente superior a los actos de corrupción en el campo privado. Por otro lado, porque se expone a que las medidas positivas del gobierno sean bastardeadas y porque se daña gravemente al espacio político progresista que apoya al gobierno, con tantos militantes idealistas, honestos y abnegados en su actividad política. Y esto es así independientemente de que los actos de corrupción sirvan para enriquecimiento personal de algunos o para financiar la política.
La mejor vía que tienen los sectores populares para luchar contra el flagelo de la corrupción en el estado, es el desarrollo de la democracia participativa en el control y aun mejor en la propia gestión gubernamental y estatal, bregando por la implementación de la institucionalidad correspondiente.
A su vez, los sectores populares tienen interés objetivo en luchar por la instauración de una sociedad de nuevo tipo, de un carácter social cualitativamente más elevado que el de la sociedad capitalista actual en crisis, donde ya no exista la explotación del hombre por el hombre ni la salida individual, sino la cooperación, la emulación y la solidaridad. Entonces se podría ver la desaparición gradual de la corrupción; como en las comunidades indígenas denominadas de comunismo primitivo, donde no existía la corrupción y ni siquiera la mentira, lo que prueba que el homo sapiens no es corrupto por naturaleza, sino por la naturaleza del sistema en el que vive.

Carlos Mendoza, ingeniero y escritor especializado en temas políticos y de economía política, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.