Golpe al tarifazo

Mientras crecen las protestas en todo el país, dos fallos judiciales impugnaron las subas de tarifas. El Gobierno presiona a la Corte Suprema. Nueva crisis para Cambiemos.

Las imágenes de protestas contra los tarifazos en diversas partes del país recorrieron ayer los medios de comunicación. No eran las primeras ni las únicas. Por el contrario, eran la continuidad de muchas otras que se vienen sucediendo hace ya semanas.
Las movilizaciones y reclamos no están solo protagonizadas por los ciudadanos sueltos, sino que también algunas organizaciones sindicales se sumaron a las protestas. Así lo evidenció, por ejemplo, la movilización en Córdoba hace poco más de una semana, donde los principales sindicatos marcharon bajo la consigna "contra los tarifazos". En ese marco, los múltiples fallos judiciales en todo el país contra los aumentos venían significando golpes al gobierno.
Pero esto ayer tuvo un salto cuando se conocieron dos fallos de la Cámara Federal de La Plata, donde se anulaban las resoluciones que habían originado las subas de gas en todo el país, al tiempo que se establecía la suspensión de los aumentos en el precio del suministro eléctrico en la provincia de Buenos Aires por tres meses.

Fallos y argumentos

El primer fallo es el que más fuerte golpeó sobre le gobierno. Definido con los votos de los tres jueces de la Cámara, la resolución tiene alcance nacional. El mismo es resultado de una presentación hecha por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) bajo la figura de un amparo colectivo, que le permite incluir fallos anteriores emitidos en las provincias.
El fallo establece la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016, emitidas por el Ministerio de Minería en el presente año para impulsar las subas en los servicios.
En su fundamentación recurre en varias ocasiones a la Corte Suprema de Justicia y señala, entre otras cosas, que “la obligación fundamental del Estado, respecto de los habitantes, es proveer una regulación adecuada para protegerlos de cualquier lesión. Pero su deber no es sólo el de la defensa de daños sino también y primordialmente la prevención”.
Este fundamento está atado a la denuncia de que no existieron audiencias públicas antes del cambio de tarifas, medida contemplada en el artículo 42 de la Constitución Nacional como parte de la participación de la población.
En nombre del gobierno, su representante ante la cámara sostuvo que “la adecuación tarifaria dispuesta por la Resolución MINEM N° 31/2016 no es la Revisión Tarifaria Integral, sino una adecuación transitoria que continúa con las establecidas en el marco de la renegociación contractual, aún no concluida”. Bajo este fundamento, rechaza el pedido de audiencia pública.
Pero el argumento resulta absurdo. La adecuación significó, en algunos casos, aumentos de hasta el 1200 % de las tarifas. Precisamente como consecuencia de esas subas siderales emergieron las protestas y reclamos judiciales. El mismo gobierno se vio obligado a presentar como una “concesión” que los aumentos para usuarios residenciales “solo” llegaran al 400 %.
Los aumentos fueron tan brutales que resulta insólito afirmar que se trata de una simple “readecuación”. Precisamente esto balancea el fallo cuando afirma que “la modificación de los precios que deben abonar los usuarios no pueden ser soslayados en el análisis a realizar”.
Bajo esa definición, la resolución común de los jueces Cesar Álvarez, Leopoldo Schiffrin y Olga Calitri resolvió “declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas”.
La misma Cámara definió además la suspensión de los aumentos de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires. El fallo en cuestión, con la firma de los mismos jueces, afirma en su parte final que “en relación al alcance espacial de los efectos que corresponde otorgarle a la presente medida cautelar (…) alcanza a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del territorio de la Provincia de Buenos Aires (…) en consecuencia, corresponde por el término de 3 (tres) meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires”.
En este caso, se trata de una medida cautelar, donde la cuestión de fondo se encuentra sin resolver. Pero la resolución no deja de significar un duro golpe al gobierno nacional.

Aranguren presiona sobre la Corte

Por la noche se conocieron declaraciones del ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, quien afirmó que el gobierno va a seguir “los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado”.
Un corto comunicado difundido desde la Presidencia de la Nación señalaba “estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados”.
La definición genérica encubre el crecimiento de la presión sobre la Corte Suprema de Justicia a la cual el gobierno nacional, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, ya venía presionando para que se pronunciara en este sentido.
Según había señalado también la Agencia DyN, fuentes judiciales habían afirmado la posibilidad de que el máximo tribunal emitiera un fallo a inicios de la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial, en el sentido de lo pedido por el gobierno.
Sin embargo, este escenario no aparece exento de contradicciones. La primera de ellas es que el fallo de la Cámara Federal se apoya en definiciones hechas por la misma Corte. La segunda sería el carácter antipopular de la medida que implicaría no solo cuestionar múltiples fallos de cámaras menores sino también enfrentar el sentimiento de descontento de la población trabajadora con las subas.
Hay que sumar dos elementos más a esta situación. La primera es el enorme cuestionamiento que existe a la figura del ministro Aranguren. Cuestionamiento que no surge solo de los tarifazos sino también del hecho de que defiende la posesión de acciones en la petrolera Shell, lo que implica un claro beneficio personal ante cada aumento.
Pero además, cualquier retroceso del gobierno en los tarifazos podría complicar aún más el panorama del déficit fiscal que, a pesar del ajuste, no ha logrado reducir. Precisamente los cuestionamientos de sectores del gran capital y economistas abiertamente neoliberales pero que apoyaron a Macri critican este punto.
La semana que seguirá al fin de semana largo estará llena de nuevas tensiones como resultado de esta situación. Por lo pronto, es probable que una nueva crisis sacuda políticamente a Cambiemos en pocos días.

Redacción LID