Mediante un decreto autorizaron el uso de los datos de los ciudadanos recabados por la Anses.
El Boletín Oficial publicó un decreto presidencial que establece el flujo de información desde la Anses hasta la Jefatura de Gabinete, dirigida por Marcos Peña, con el objeto de personalizar la comunicación con el fin de “mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona”. La información que estará a disposición del poder ejecutivo corresponde a los datos de 16 millones de ciudadanos registrados en la Anses e incluye nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, y estudios.
La medida –que implica una invasión a la privacidad de los ciudadanos por parte del Estado y se enmarca en lo que podría convertirse en un plan de vigilancia– fue defendida por funcionarios del gobierno basados en que el anterior gobierno kirchnerista también había usado los datos de los ciudadanos, aunque señalaron que esta vez los iban a usar para “hacer el bien”. Hernán Iglesias Illa, autor de la frase en cuestión y funcionario del área de comunicaciones de la Jefatura de Gabinete, recordó que el ex ministro Randazzo también usufructuó los datos de los ciudadanos que se recolectaron al elaborarse los nuevos DNI y que los usó en la campaña electoral. El uso que la administración anterior dio a esos datos no podría justificar una actuación similar por parte de este gobierno: en ambos casos se trata de un avasallamiento de los derechos civiles.
El mecanismo de uso de los datos se realizaría mediante la segmentación de grupos sociales afines divididos de acuerdo a la información obtenida, que permitiría una personalización de la comunicación a través de redes sociales como Facebook. De este modo, el Estado podría establecer una forma personalizada de la propaganda. De hecho, los mayores gastos comunicacionales del gobierno de Mauricio Macri, según se cuece en los pasillos de la Casa Rosada, se realizan a través de la comunicación vía Facebook. Macri, al quejarse de las imitaciones que el conductor Marcelo Tinelli hace de él en su programa Showmatch, caracterizó que su gobierno “es producto en gran medida de las redes sociales”.
La medida de entregar al ejecutivo los datos recabados por la Anses es ilegal desde el momento en que la Ley de Datos Personales establece que el uso de tal información para fines publicitarios debe tener el consentimiento previo de cada ciudadano. Más peligroso es el uso que podría hacer el Estado de esa información, que bien podría convertirse en un Proyecto X –el plan de inteligencia sobre las personas realizado por Nilda Garré durante el gobierno de Cristina Fernández– a gran escala.
En una línea similar, el diario Clarín informó que la AFI (ex SIDE, la agencia local de inteligencia) estaría reorganizando su área de vigilancia de redes sociales, que tenía un “muy buen seguimiento” según los agentes consultados por el diario pero que habría sido disuelta por la ex presidenta Cristina Fernández tras su ruptura con Jaime Stiuso, regresado a las cuevas del espionaje de la mano de Mauricio Macri. La pretensión de que el Estado se convierta en un Gran Hermano que vigile a los ciudadanos, fisgoneando desde sus preferencias más pueriles hasta sus simpatías políticas o actividades gremiales, debe ser rechazada en nombre de la defensa de las libertades civiles y democráticas.
Antonia Torrebruna
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