Represión y detenciones para habilitar endeudamiento

Por iniciativa del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la Legislatura rionegrina aprobó el denominado Plan Castello. Una movilización de ATE que se concentró en las puertas de la Legislatura en rechazo al plan, fue duramente reprimida por la policía del gobierno provincial.
Horas más tarde, era detenido por policías de civil el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, y más tarde quedó detenido también el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
El Plan Castello habilita al Ejecutivo provincial a endeudar a la provincia por 580 millones de dólares, para el financiamiento de un plan de obras públicas en todo Río Negro. Las obras proyectadas no responden a las necesidades más apremiantes de los trabajadores y el pueblo de la provincia. Ni un sólo dólar será destinado a un plan de viviendas populares, en una provincia donde el déficit habitacional supera las 50.000 viviendas. En el Plan Castello tampoco figuran obras destinadas a revertir el colapso de la infraestructura educativa y sanitaria.
En cambio, sí prevé destinar 100 millones de dólares a la infraestructura del Poder Judicial y otros 233 millones para la repavimentación de rutas. La mayoría de las rutas planificadas para repavimentar apuntan a optimizar el comercio de los monopolios frutícolas, que trasladan su producción desde el Valle alto y medio de Río Negro hacia el puerto de San Antonio Este, privatizado, en manos de la empresa Expofrut.
La sideral suma destinada a la repavimentación de rutas rionegrinas inevitablemente genera cierto estupor, pues desde hace ¡dos décadas! se encuentran en refacciones la ruta 23 y la intensamente transitada ruta 22. La corruptela de los sobreprecios para la ‘patria contratista’ amiga del poder político tiene un costado trágico. A la ruta 22 se la podría bautizar como la ‘ruta de la muerte’ por los numerosísimos accidentes que en ella se producen fruto del estado calamitoso en el que se encuentra el camino.
Por otro lado, no hay que descartar que parte del endeudamiento del Plan Castello se destine al gasto corriente y no sólo a la obra pública. En los últimos dos años, Weretilneck ha emitido sistemáticamente letras del Tesoro para garantizar el pago de salarios y aguinaldos. Los sobreprecios a las empresas contratistas, así como los subsidios y las exenciones impositivas a las patronales frutícolas, mineras y petroleras, han resentido notablemente la capacidad financiera del Estado rionegrino.
Finalmente, con el Plan Castello, la provincia quedará sometida a los intereses del capital financiero internacional. Al gobierno de Weretilneck le exigirán que vaya aún más a fondo con en el ajuste fiscal, para poder cumplir con los vencimientos de una deuda en dólares y cara, ya que Rio Negro sólo tendrá acceso a tasas de interés usurarias.
El partido del gobernador, Juntos Somos Río Negro, ha contado, para la aprobación del Plan en la Legislatura, con los votos de todo el arco político. Algunos fondos para los municipios rionegrinos dirigidos por la oposición, para la realización de unas cuantas obras cosméticas, bastaron para alinear a los ‘opositores’ del Frente para la Victoria y del Frente Progresista al “plan buitre” de Weretilneck.
El carácter trucho de la oposición “nacional y popular” y “progresista” reafirma la necesidad que tenemos los trabajadores de desarrollar una alternativa política propia, obrera y socialista, en oposición a la coalición ajustadora.

Pablo Giachello