El 18 de abril ingresó nuevamente en la Cámara Alta el proyecto del senador Eduardo Aguilar (FpV del Chaco) sobre formación docente. Entra ahora en las comisiones de Presupuesto y de Educación y Cultura luego de haber sido presentado (y luego retirado) en diciembre de 2016 para su tratamiento en extraordinarias.
Los leves cambios de la actual presentación no modifican su criterio central, que es avanzar en el desguace y ajuste sobre el área. El proyecto es un intento más de avanzar sobre la flexibilización, recorte y privatización de la formación docente; permite limitar el acceso de los futuros docentes a la carrera y a los cargos y pone en riesgo la continuidad de los actuales Institutos por las posibles acreditaciones.
Se trata en verdad de un eslabón más de las políticas antieducativas que se vienen implementando desde los organismos internacionales en toda Latinoamérica, que en Argentina se han reflejado en la Ley Federal de Menem, en la LEN del kirchnerismo y el actual Plan Maestro del gobierno de Macri.
Avanzadas contra la docencia y negociados
A los estudiantes en el 4° año de la carrera, cercanos al egreso, se les instituye una evaluación que podría limitar su acceso a la docencia, en la línea del Operativo Aprender, que buscaba achacar a los docentes el bajo rendimiento de los alumnos, negando la responsabilidad de los sucesivos gobiernos en el vaciamiento educativo. Un vaciamiento que en el caso de la formación docente ha incluido la falta de inversión en los IFD y el recorte de contenidos específicos de cada especialidad.
El Proyecto establece la evaluación de “condiciones institucionales” para la continuidad de los IFD, lo que amenaza con el cierre de muchísimos de ellos, habida cuenta de que en la actualidad la mayoría de los institutos comparte edificio con instituciones de otros niveles educativos y sufre todo tipo de carencias.
La nueva formulación avanza aún más en los requisitos impuestos a directivos y docentes de los institutos. Mientras antes ponía como condición contar con “postítulos o especializaciones”, ahora directamente se exige tener una maestría (Artículo 6). Estas maestrías son pagas, lo que asegura un enorme negocio en la preparación de los docentes y un avance en la mercantilización y privatización educativa.
En oportunidades anteriores señalamos que el proyecto de ley habilita la creación de cargos docentes (que denomina “Cargos con especialización”) que no están en los estatutos y que significarían aumento de la precarización laboral y pedagógica, así como el avance de un negocio en la formación específica para tales cargos. En esta nueva versión incorporan, en el artículo 28, que tales cambios se implementarían en “el marco de los acuerdos paritarios” –es decir que buscan someter las avanzadas a las componendas con las direcciones burocráticas de los gremios.
Esta ley, junto con el Plan Maestro, prepara la estructura normativa para una profunda reestructuración regresiva del sector. Es fundamental la organización de los docentes y estudiantes para enfrentarlo, con independencia de los partidos patronales y de la burocracia sindical.
Mirta Sabattier
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