Durante la mañana de ayer, distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se manifestaron en los Tribunales de Comodoro Py. La lucha es porque se enjuicie a los responsables políticos de la denominada “Masacre de Avellaneda” en 2002.
Desde las 9 de la mañana las banderas de distintas organizaciones ondeaban en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py. Esta vez, estaba programada la declaración de un testigo en la causa por la Masacre de Avellaneda. Eduardo Villalba era Secretario de Seguridad del Municipio de Avellaneda cuando la represión se cobró la vida de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Desde la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi se convocó a acompañar esta nueva jornada de declaración del testigo. Luego de muchos años, se logró el desarchivo de la causa que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de los asesinatos, donde además de los dos jóvenes asesinados fueron heridas con balas de plomo más de 30 personas.
En ese contexto en el que se están llevando adelante declaraciones de diferentes testigos, en las próximas elecciones se presentan como candidatos algunos de los que deberían estar sentados en el banquillo. Tales son los casos de Aníbal Fernández –candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, quien fuera en aquel entonces Secretario General de la Presidencia y justificó los asesinatos aludiendo a un supuesto “cronograma de hostilidades” – y de Felipe Solá, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2002 y hoy candidato por el Frente Renovador al mismo cargo. En ese entonces, felicitó y avaló públicamente el accionar del comisario Alfredo Fanchiotti, hoy con prisión perpetua como responsable material de los asesinatos. Por último, Jorge Vanossi, también candidato del Frente Renovador para el Parlasur, era el ministro de Justicia del entonces Presidente, Eduardo Duhalde, y estuvo a cargo de la operación de acusar de sediciosos a los piqueteros.
Por eso la presencia y el repudio colectivo. La Comisión está compuesta por familiares, distintas organizaciones de derechos humanos (la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Alfredo Grande, Vicente Zito Lema y organizaciones sociales y políticas.
Luego de la intensa lluvia, el sol empezaba a salir y adentro de Tribunales, apenas pasadas las 10 de la mañana, comenzó la declaración del testigo. El Frente Popular Darío Santillán corta tradicionalmente cada 26, desde aquel junio de 2002, la avenida Pavón a la altura de la estación Darío y Maxi (ex Avellaneda). En esta ocasión, la militancia se acercó a Comodoro Py al 200. Mara Kelhoffer, parte de la Juventud, explicó: “Esta vez decidimos manifestarnos frente a los tribunales porque venimos reclamando desde hace años que se hagan cargo los responsables políticos de la masacre”.
“Que sepan que va a haber un pueblo que no va a olvidar jamás”
En las puertas se montó una radio abierta, donde se recibieron a otros familiares de víctimas de violencia institucional que dieron sus testimonios, además del apoyo al desarrollo de la causa Kosteki-Santillán. También se realizaron distintas intervenciones artísticas.
El micrófono abierto empezó a recibir voces y uno de los primeros fue Leo Santillán, hermano de Darío, quien comentó que este no debe ser un caso sólo de los familiares sino de todo el campo popular. También se refirió a los responsables políticos que hoy son candidatos: “Vamos a estar donde tengamos que estar, señalándolos y diciendo lo que son”, opinó sobre los ya mencionados Fernández y Solá. A él se sumó Alberto Santillán, padre de Darío, quien agradeció el acompañamiento y dio lugar a la participación de los representantes de la Comisión.
Así, Pablo Pimentel, de la APDH Matanza, focalizó su intervención en la necesidad de que, para avanzar en resultados positivos en la causa haya “una conjunción de abogados honestos, pero con un grupo de compañeras y compañeros que haya gente en la calle, movilización popular”. Y agregó: “Esto es lo que va a garantizar la justicia: que tanto el Ministerio Público como los jueces sepan que va a haber un pueblo que no va a olvidar jamás el desastre que se cometió ese 26 de junio. Que no fue un hecho más: fue pensado, había que disciplinar a los jóvenes, de que no tuvieran el toupé de reclamar sus derechos”.
El resto de las organizaciones también acompañó y saludo el espíritu de la actividad realizada en sus alocuciones. Era cerca del mediodía cuando la declaración había terminado y comenzaron a desconcentrarse, mientras un Darío Santillán ¡presente! y Maximiliano Kosteki ¡presente! Quedaban resonando en el aire.
Una vez finalizada la jornada, Gloria Cosentino, militante del Frente Popular Darío Santillán y vocera de la Comisión Independiente, dialogó con Marcha y opinó: “Esta jornada con la radio abierta, compañeros del Congreso de los Pueblos (Colombia) y la movilización más masiva nos permite ejercer una presión que de otra manera no podríamos frente a la fiscalía”
Respecto de la declaración de Eduardo Villalba, comentó que “el testimonio suma claridad en torno a que se trató de una movilización distinta de las que se venían dando en el contexto de represión del 2001 y 2002. Que para ellos, como Municipio de Avellaneda, tenía una contundencia relevante y eso necesariamente tiene que ser pergeñado por un Gobierno Nacional, no puede ser planificado solamente por la provincia y por la Policía bonaerense. Y por otro lado, aclaró que él vio a la Prefectura desde la oficina en la que estaba y eso nos suma en términos más jurídicos, que había fuerzas combinadas actuando de conjunto”.
En relación con lo que se viene en un futuro cercano, aclaró: “Poder hacer un festival más grande en Comodoro Py en un mes, y ese día vamos a presentar un Amicus curiae, que es un recurso de amparo, para solicitarle al juez que avance pasos en esta investigación de parte de las organizaciones del campo popular y los organismos de ddhh. El juez Ariel Lijo lo que está haciendo es relegar su responsabilidad de la Fiscalía y no está haciendo absolutamente nada: él fue quien se encargó de archivar la causa y luego desarchivarla cuando se la solicitamos. No es que está avanzando concretamente y es la cabeza política del poder judicial”.
Marcha
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