Las similitudes entre el caso de Franco Casco y el de Gerardo Escobar son escalofriantes. Nuevamente, desaparecen a un joven, a un trabajador, durante varios días. De nuevo, corrieron versiones para embarrar la cancha y para culpabilizar a la víctima.
Otra vez, un joven laburante aparece muerto en el río, rodeado de sospechas, de bronca, de incertidumbre. La vida de los jóvenes, sobre todo si son trabajadores, no vale nada en una provincia donde los empresarios inescrupulosos y negreros, en este caso los dueños de boliches, son amparados desde el Estado y defendidos por los perros guardianes de una Policía asesina.
Antes de que Franco Casco apareciera muerto, todos sabíamos que se trataba de la Policía asesina de la Séptima, como ahora se sospecha de patovicas con lazos directos con las fuerzas de seguridad.
Todos saben que La Tienda, el boliche al que fue Gerardo antes de desaparecer, fue clausurado numerosas veces y solamente estaba abierto por los generosos ojos cerrados de un Estado Municipal cómplice y de una Policía que controla celosamente todo lo que pasa en “la noche”: drogas, prostitución, golpizas asesinas.
Ser joven es doloroso en Santa Fe y a veces cuesta hasta la vida: Franco, Gerardo, Jonatan Herrera baleado por policías, los pibes del Triple Crimen Mono, Patom y Jere, el rapero Ariel Avila, son algunos de los nombres propios de una matanza silenciosa.
Los empresarios, vampiros que buscan ganancias a cualquier costo, juegan su rol también en esta faena terrible, con los obreros que mueren en accidentes laborales evitables: Alfredo Dianda y Niolás Correa de Acindar, Daniel Aguilar de Electrolux, Leonardo Barbosa de General Motors, son solo algunos cruentos ejemplos letales de miles de accidentes que ocurren mientras los empresarios aceleran los ritmos de producción, y los políticos de los partidos tradicionales aplauden a estos “inversores” que, pequeño detalle, matan y mutilan. Se limpian los rastros del accidente y, con la garganta atragantada, hay que volver a producir. El show debe continuar. Y las ganancias capitalistas también.
Justicia y gobierno: ciegos y sordos ante el Ni Una Menos en Santa Fe
Dos días antes de que la familia recibiera la terrible noticia de que Gerardo estaba muerto, los padres de Paula Perassi escuchaban atónitos la sentencia que dejó libres a los 8 imputados por la desaparición de su hija. Alberto Perassi, que enfrentó la complicidad policial con los secuestradores de Paula, escuchó la nefasta Justicia con un chaleco antibalas, por las amenazas recibidas, mientras los imputados se retiraban aliviados, sin que aparezcan, siquera, los restos de Paula.
Es que en Santa Fe “no vale” el Ni una menos, al menos para los jueces y el gobierno. Paula, la ex detenida desaparecida Silvia Suppo, la dirigente de AMMAR Sandra Cabrera, la denunciante de narcos Norma Bustos, la militante barrial Mecha Delgado, son algunos de los nombres de mujeres asesinadas, y vueltas a matar con el encubrimiento, con la mentira, con la impunidad.
La provincia en la que mataron a Chiara, hecho que originó la más grande movilización contra la violencia de género en la historia del país, ve como siguen matando mujeres por la impunidad que garantiza el Estado y los gobiernos que miran para el costado.
Vergüenza estatal
El rol que jugó el gobierno de Bonfatti y el de Mónica Fein ante la desaparición de Gerardo fue lamentable, nefasto. Fein mantuvo un cuidadoso silencio ante la desaparición de un empleado municipal. Ni un comunicado, ni una mención, ni un twit. Todas las declaraciones que hizo la intendenta para apretar a los concejales para que aumenten el precio del boleto al pueblo trabajador, son las palabras que ahorró para exigir que aparezca Gerardo con vida.
Como con Franco Casco, nuevamente fue Lamberto el que salió a defender, encubrir y bancar a una Policía sospechada, asesina, brutal, enemiga de la juventud.
Contra todo el limitado progresismo que dicen defender desde el gobierno provincial y municipal, día a día se perfeccionan los mecanismos entre gobiernos, Justicia y Policía para encubrirse mutuamente, relamerse las heridas, generar impunidad. Nuevamente las fiscalías generan confusión y distraen. Algunos medios dejan correr versiones que culpabilizan a las víctimas y que sirven, claro, para perder tiempo. La Policía, por su lado hace el trabajo sucio.
Los narcos de la banda de Los Monos son premiados con sentencias irrisorias en un juicio abreviado bochornoso festejado desde el gobierno. Mientras tanto, se garantiza la impunidad en todos y cada uno de los casos mencionados en esta nota escrita con bronca.
Cortar con esta huella de impunidad: movilizarse por ni una menos, por ni un pibe menos
Con total desparpajo, el Estado declara una guerra silenciosa contra el pueblo trabajador, y actúa con saña redoblada hacia los jóvenes y las mujeres. Por eso desde el minuto cero de la desaparición de Gerardo, instintivamente sus compañeros de trabajo, que se movilizaron ejemplar y emotivamente, sabían a quien señalar, a donde apuntar. Los jóvenes trabajadores de Parques y Paseos, entre los que hay chicos de 15 años que trabajan bajo la modalidad de pasantías, marcaron el rumbo a seguir: ganar las calles, señalar responsables, que sean los propios trabajadores los que exijan terminar con la impunidad. Los sindicatos, empezando por el de Municipales, deberían recoger esta posta y redoblar la lucha por el esclarecimiento de este crimen.
Ya sabemos lo que viene ahora: el mismo Estado encubridor, sera el que pida prudencia, el que plantee que “no hay que politizar” el tema, que hay que "dejar actuar a la Justicia", mientras el gobierno asume la “política” de la impunidad.
Gerardo, Pichón, no puede ser un nombre más en una foto silenciosa y triste: debe marcar un antes y un después, donde todos los responsables paguen los costos que corresponde: dueños de boliches, patovicas, policías, funcionarios. Cada trabajador es, potencialmente, Gerardo. Y cada mujer puede ser Paula Perassi. Por eso Paula y Gerardo somos todos. Hay que terminar con esta huella de la impunidad. Ni una mujer menos. Ni un joven menos.
Octavio Crivaro
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